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Opinión

  • | 2007/09/15 00:00

    Pecados y delitos

    Magdalena Holguín dice que el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado nunca se ha logrado realizar plenamente y que pareciera ser un ideal cada vez más lejano

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La propuesta presentada recientemente por el senador Edgar Espíndola, según la cual aquellas personas que incurran en una infidelidad, al igual que la pareja con quien la cometan, deberán ser condenadas a pagar 20 salarios mínimos y a trabajos comunitarios, fue calificada inicialmente de insólita, y luego caricaturizada en varios medios.

En sus declaraciones a La W, el senador describe incluso el procedimiento que ha previsto con este fin: quien acusa a otro de infidelidad deberá allegar las pruebas correspondientes a una Comisaría de Familia, donde se determinará la idoneidad de las mismas. De ser avaladas por la autoridad competente, se procederá entonces a imponer la sanción mencionada a la pareja que sea hallada culpable.

Aun cuando, en efecto, parecería que dicha propuesta debería movernos más a risa que a preocupación, si se la considera dentro del contexto de otras recientes decisiones –del legislador, de la Corte Constitucional, de los Tribunales eclesiásticos–, la propuesta puede ser más bien indicio de una creciente tendencia que no deberíamos desestimar y que sí nos debería causar profunda inquietud.

La tendencia a la que me refiero es, en general, la de identificar aquellas cosas que, desde el punto de vista de ciertas creencias religiosas, se pueden considerar moralmente reprochables –pecados– con acciones que deben ser objeto de sanciones de tipo penal –delitos–. El caso paradigmático de esta identificación es, desde luego, el del régimen talibán, donde las disposiciones religiosas son, simultáneamente, el código penal.

Para ejemplificar lo anterior, podemos citar el caso del aborto. La Corte Constitucional, presuntamente progresista en muchos aspectos, no estableció que las mujeres pudiesen libremente adoptar esta difícil decisión, y lo despenalizó únicamente en unas circunstancias especialmente controladas y de difícil comprobación. Desde luego, muchas personas con arraigadas convicciones religiosas considerarán que abortar es un pecado, y nadie les exige que actúen en contra de sus creencias. Esto, sin embargo, no nos puede llevar a desconocer que miles de mujeres mueren en Colombia por la práctica de abortos clandestinos, y varias son enjuiciadas y encarceladas por un acto que hoy, en la mayoría de los países, no conlleva ningún tipo de penalización.

Otro ejemplo reciente fue la forma vergonzosa como se hundió, durante el trámite de conciliación, la ley que contemplaba la igualdad en seguridad social para las parejas del mismo sexo. En ambos casos, miembros de comunidades religiosas, tanto católicas como protestantes, se manifestaron públicamente para oponerse de manera decidida a la despenalización del aborto y a la aprobación de la ley, aduciendo motivos fundados en sus creencias. Y, en días pasados, el senador Armando Benedetti se quejaba de las dificultades que se interponían para la realización del debate sobre la eutanasia, otro tema cuya discusión despierta fuertes reacciones de parte de los creyentes.

El problema no reside en decidir si las convicciones que se derivan de estas creencias religiosas son correctas o no, pues es indudable que todos los asuntos a los que hemos aludido son susceptibles de controversia. El problema es que tanto la legislación como las sentencias de las Altas Cortes configuran un marco de obligaciones y prohibiciones que nos rige a todos, creyentes y no creyentes, por igual.

Esto nos remite al contexto más general de esta confusión entre delito y pecado, el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, principio que, en el caso de Colombia, nunca se ha logrado realizar plenamente, y que pareciera, a juzgar por los casos mencionados y muchos otros, ser un ideal cada vez más lejano, al menos para quienes consideramos que el hecho de no deslindar con claridad estos ámbitos genera un sinnúmero de problemas.

Basta pensar en los muchísimos años que los colombianos debimos aguardar para que el divorcio fuese un acto jurídico ordinario y para que quienes se separaban (la única opción disponible) pudieran contraer matrimonio sin incurrir en el delito de bigamia. Lo anterior debido a que el Concordato entonces vigente sostenía la naturaleza indisoluble del matrimonio católico y hacía prevalecer los efectos jurídicos del mismo dispuestos en dicho tratado.

Por otra parte, el tratamiento especial debido a la Iglesia Católica le ha permitido sustraer a muchos de sus prelados de la jurisdicción ordinaria, prelados que presuntamente cometieron, no sé si pecados, pero sí ciertamente delitos. Este problema surge de la doble jurisdicción a la que están sometidos los integrantes de la Iglesia quienes, por una parte, deben ser juzgados por los Tribunales Eclesiásticos y, así mismo, por la justicia ordinaria.

Las justificaciones que se presentan en muchos de estos casos, incluso en la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de varios de los artículos del Concordato, es que Colombia es un país católico y se deben respetar las creencias religiosas de esta mayoría. Tal afirmación, además de ser probablemente falsa –si consideramos la increíble proliferación reciente de distintos credos y sectas– es falaz, en el sentido de que ninguna mayoría religiosa, en un país cuya Constitución proclama la libertad de cultos, tendría derecho a imponer sus convicciones a otros y, menos aun, a consagrarlas como reglas del ordenamiento legal y jurídico, o a presionar para que prevalezcan por sobre otras convicciones. Antes que católicos, protestantes, budistas, ateos o agnósticos, desde el punto de vista jurídico los colombianos somos colombianos y vivimos en un Estado de Derecho que debe garantizar que no prevalezcan consideraciones religiosas en las decisiones que nos afectan a todos.

Aparte de las jurisdicciones especiales explícitamente reconocidas en la Constitución, tales como las indígenas, debemos pensar que el resto de los colombianos a quienes nos rigen las leyes y la Constitución no somos todos iguales, católicos, monogámicos, heterosexuales, y muchos queremos una muerte digna. Quienes tenemos convicciones diferentes ¿además de pecadores, seremos también delincuentes?
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