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Opinión

  • | 1999/12/06 00:00

    Pena de muerte

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EL PAIS MAS VIOLENTO DEL MUNDO TIENE ahora al asesino más sádico de la historia: Luis Alfredo Garavito, la 'Bestia'. Difícil asimilar, aun para los colombianos, que un ser humano sea capaz de convertirse en semejante -- y atroz-- máquina de la muerte. Que durante los últimos cinco años su mente enferma y pedófila se haya dedicado a recorrer el país en busca de niños y adolescentes para violarlos, torturarlos y luego asesinarlos a mansalva. Y cuya macabra estela de terror haya dejado las osamentas descuartizadas de 140 menores enterradas en distintos rincones del país.



Ante hechos como este, y como sucede cada cierto tiempo en Colombia, la gente clama porque se instaure la pena de muerte para crímenes atroces. Hace escasos dos años la pedían con igual ímpetu para los secuestradores, pero ya nos estamos acostumbrando al secuestro (a tal punto que ya se habla de 'secuestro no extorsivo', es decir el que debe ser tácitamente aceptable por sus fines políticos y no económicos). Y antes la pedían para los guerrilleros. Pero la implantación de la pena de muerte, antes como ahora, sigue siendo una salida simplista e ingenua para resolver la criminalidad, y distrae la atención sobre los verdaderos problemas que aquejan a nuestro frágil sistema de justicia.



En primer lugar porque la pena de muerte ya existe en Colombia, y desde hace mucho tiempo. No la aplica el Estado en representación del pueblo, pero la aplican sin que les tiemble el pulso los paraestados y microestados en representación de las minorías violentas: los paramilitares, la guerrilla, los carteles de la droga, los escuadrones de la muerte del régimen, las pandillas juveniles, los 'caciques' de las cárceles, etc. Las razones varían pero los métodos son los mismos: sentencias de muerte selectivas, organizadas y quirúrgicas, y donde detrás de cada cañón humeante existió la firme convicción de apretar el gatillo. Puede ser por motivaciones políticas como ocurrió con los casi 3.500 militantes de la UP asesinados por la extrema derecha; por razones geoestratégicas como las masacres perpetradas por los paramilitares en la región del Catatumbo; por billete como en las sangrientas vendettas entre carteles; por conspiraciones fallidas como en el magnicidio de Alvaro Gómez; por simple sevicia como ocurrió con los cuatro policías acribillados por la guerrilla en las selvas del Vichada. O por puro asco como ocurre con los grupos de limpieza social que masacran a indigentes y prostitutas porque consideran que 'contaminan' el paisaje urbano.



Y en segundo lugar, porque el Estado no puede combatir la pena de muerte ilegítima con la pena de muerte legítima. No puede combatir la muerte con la muerte, ni convertir la justicia en un instrumento de venganza contra los delincuentes que reconozca la ley del 'ojo por ojo'. Por una razón filosófica y es que el Estado debe ser el garante de la vida y de la dignidad humana y por tanto no puede decirle a la sociedad que matar es un método válido contra el crimen. Y por una razón práctica: la falta de la justicia no está en la rigurosidad de la pena sino en la incapacidad del Estado para investigar, juzgar y condenar a los criminales.



El problema en Colombia no está en aplicar la pena de muerte sino en reducir la impunidad. El primero es un debate del corazón, el segundo de la razón. Según lo ha mostrado el economista Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía, los delincuentes le temen más a la posibilidad de recibir un castigo que a la severidad de la pena. Por otro lado, la gran mayoría de los estudios demuestran dos cosas: que los asesinos matan sin pensar en el castigo que puedan recibir y que la aplicación de la pena de muerte reduce de manera ínfima los índices de criminalidad. Lo que debe preocupar a los colombianos, a pesar de su justificada indignación, no es matar a la 'Bestia' --este debe purgar sus 60 años en la cárcel-- sino capturar y castigar a los miles de criminales que siguen delinquiendo campantes, burlándose de la justicia y mimetizándose en un índice de impunidad del 40 por ciento (¿50? ¿60? ¿70?).



El objetivo real de la pena de muerte es más sicológico que anticriminal: no es para que se cometan menos delitos atroces --lo cual no ocurre-- sino para que la sociedad se sienta bien consigo misma. Sirve en algunos casos para consolar a los parientes de las víctimas porque la muerte del victimario les ayuda a cicatrizar las heridas. Y, sin duda, crea un ambiente social y político que le permite a la gente sentir que se hizo justicia.



¿Pero cómo estar tranquilos en Colombia, aun con pena de muerte, a sabiendas de que en cada esquina hay un Pedro Navajas?
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