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Columna de Juan Manuel Charry
Columna de Juan Manuel Charry - Foto: Juan Carlos Sierra

Pérdida de investidura presidencial

Lo que correspondía era adelantar el proceso de responsabilidad política en el Congreso, establecer la posible indignidad y, si la decisión fuere sancionatoria con pérdida de derechos políticos, reemplazar al presidente por falta absoluta.

Por: Juan Manuel Charry Urueña

Los medios de comunicación dan cuenta de una decisión del Consejo de Estado, en la cual declara no tener competencia para estudiar la pérdida de investidura de quien fuera senador, hoy presidente Gustavo Petro, y agrega que no hay autoridad que pueda hacerlo.

Las razones que sustentan la decisión consisten en que se generaría una inhabilidad sobreviniente para el presidente de la República, que implicaría cesación de funciones, lo cual sería una consecuencia contraria a la Constitución. En otros términos, sostiene que el Consejo de Estado no tiene competencia para juzgar al presidente, por ninguna conducta sancionable, cometida antes o después de su elección.

La corporación advierte que cuando se trate de hechos cometidos en calidad de presidente, es claro que lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo juzga el Senado, y en caso de delitos comunes lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no hay disposición que regule el caso de un senador que se convierta en presidente.

Por último, señala que la Constitución no previó forma alguna de responsabilidad sancionatoria, diferente a la penal, del presidente de la República, ni administrativa ni jurisdiccional, como lo es la pérdida de investidura por hechos anteriores a su posesión.

No puedo estar de acuerdo con la decisión. Primero, porque en el Estado de derecho no hay servidores públicos ausentes de control ni de responsabilidad.

Segundo, porque la Constitución sí prevé las faltas absolutas y temporales del presidente de la República, quien será reemplazado por la vicepresidente.

Tercero, porque la Constitución no tiene que entrar en la casuística de prever los cargos anteriores del presidente de turno, ni sus responsabilidades de entonces.

Cuarto, porque el fuero presidencial conduce a que sea la Comisión de Acusaciones quien investigue y tramite la acusación correspondiente, para su eventual juzgamiento ante el Senado. Por lo tanto, sí hay autoridad competente para conocer de las conductas anteriores del presidente de la República.

Por último, el presidente responde políticamente por infracciones cometidas en ejercicio del cargo, por indignidad por mala conducta, en cuyo caso se aplica la destitución y pérdida de absoluta de derechos políticos, y si las infracciones fuesen de orden criminal, la Corte Suprema de Justicia lo podrá sancionar penalmente. Sí hay responsabilidad sancionatoria, diferente a la penal. El juicio político y la pérdida de investidura producen la pérdida absoluta de derechos políticos.

Así las cosas, lo que correspondía era adelantar el proceso de responsabilidad política en el Congreso, establecer la posible indignidad y adoptar la decisión que en derecho corresponda. Si la decisión fuere sancionatoria con pérdida de derechos políticos, se reemplazaría al presidente por falta absoluta.

En fin, el fuero de los altos funcionarios del Estado tiene como finalidad proteger el cargo o investidura y no a la persona que lo esté ejerciendo circunstancialmente.