Perdón pero no olvido

El proyecto de alternatividad penal ignora en gran medida las valiosas experiencias logradas por otros países que han silenciado los fusiles después de haber vivido las consecuencias humanas, sociales y legales de un conflicto interno. Estas experiencias, si fueren tomadas en cuenta, tendrían el potencial de contribuir a que el proyecto de ley de alternatividad penal no atente, como ocurre ahora, contra su fin último que es contribuir la pacificación real, total y durable del país.

Debido a la evolución del conflicto, Colombia comienza a acercarse a los temas relacionados con la transición entre conflicto y paz. Por esto, el país debe estar preparado para entender las decisiones que deberán ser tomadas con el objetivo de lograr, si es que así se quiere, la reconciliación nacional. Estas decisiones, que mucho países ya han tomado, son: enjuiciar a los principales responsables de las violaciones de las leyes humanitarias o, contrariamente, otorgar amnistías; decidir buscar y dar a conocer las verdades sobre lo sucedido durante el conflicto o pasar la página como si nada hubiera ocurrido. Por último, aceptar y llevar a cabo la reparación a víctimas, o abandonarlas a su buena suerte. Estas decisiones fueron tomadas ya en varios países, como Suráfrica, Timor Oriental o, más recientemente, Camboya.

El gobierno puede aprender de estos países que en el ámbito internacional existen ciertos crímenes que no pueden ser amnistiados y cuyos autores deben ser sancionados de forma neutra y transparente. Por esto, las leyes o acuerdos que incluyen suspensión de penas, reducción de sentencias o amnistías -para dar un nombre muy genérico-, negociadas durante un conflicto tienden a ser posteriormente anuladas por pronunciamientos nacionales o acuerdos internacionales. Dichas anulaciones a escala nacional han sido realizadas por instituciones como los congresos, los parlamentos o las cortes constitucionales, como está ocurriendo en Argentina, donde varios ex militares amnistiados han sido llamados ante los tribunales.

A escala internacional, las Naciones Unidas y los países más desarrollados en materia humanitaria presionan a los países a que por medio de un tratado internacional declaren dichos acuerdos nulos, o dejen el camino abierto para que alguien más lo haga. Este es el caso de Camboya, donde el rey Norodom Sihanouk otorgó amnistía en septiembre de 1996 al guerrillero (Khmer Rouge) Ieng Sary por los crímenes que cometió en relación con el genocidio que acabó con la vida de más de dos millones de camboyanos entre 1975 y 1979. Sin embargo en el 2003, es decir casi 30 años después de la comisión de los crímenes y siete después de la amnistía real, las Naciones Unidas lograron establecer en los acuerdos bilaterales que buscan instaurar una corte penal "internacional/mixta" en Camboya, que dicha amnistía sea revisada por el (la) "tribunal/corte" para establecer su legalidad, y en caso dado de encontrarla violatoria de los principios humanitarios, anular dicha decisión.

El ejemplo que debe tomar Colombia es que igual suerte pueden vivir los reintegrados bajo el proyecto de ley de alternatividad penal, debido a que las suspensiones de penas para los crímenes graves contra el derecho internacional humanitario pueden en un futuro ser declaradas nulas por una institución local con igual o superior poder y jerarquía que quien la expidió (Congreso o Presidencia) o por acuerdos realizados con las Naciones Unidas.

En Colombia, como en cualquier otro país, los miembros de los grupos armados que obtengan hoy un beneficio deben saber que podrán verlo reducido a polvo en un futuro, siendo este engaño o desconocimiento, si se presume la buena fe de los actores, una gran zancadilla al proceso de paz. Es lógico que bajo el período del presidente Uribe, los beneficiados de dicho proyecto de ley estén de alguna forma protegidos, pero nadie puede garantizarles igual suerte con los futuros presidentes, los próximos congresos o con los acuerdos y tratados que se realicen con la comunidad internacional.

Hoy, una amnistía tendría no solo que ser aprobada por un referéndum, por el Congreso o por la Corte Constitucional, sino que necesita de un aval de la comunidad internacional, el cual es altamente improbable de obtener. ¿Así para qué ofrecer ahora promesa de beneficio si en el mediano y el largo plazos es imposible de sostener cuando lo que está en juego es la reconciliación del país?

*Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Master como Juriste Internationaliste de Terrain de la Universidad de Aix Marseille III. Director del Programa de Observación Internacional Posconflicto de la Fundación Dignidad y Desarrollo, en Phnom Penh Camboya.