Perfeccionismo moral al estilo DMG

Desde hace un par de semanas el escándalo de DMG redefinió la agenda social, política y económica de fin de año para los colombianos. Se vaticina una navidad negra para muchos de los ahorradores que vieron cercenadas sus esperanzas de engrosar sus arcas tras el colapso de las pirámides y la decisión del gobierno de intervenir DMG. Además, los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca se encuentran prácticamente en la quiebra y las revueltas entre sus habitantes no han podido ser apaciguadas por las visitas de emergencia del presidente Uribe.

Actualmente, y a medida que siguen apareciendo nombres vinculados a David Murcia Guzmán, empiezan a formularse hipótesis acerca de cuáles podrían ser los nexos de su emporio con la clase política nacional, importantes figuras de los medios de comunicación y las autoridades judiciales y de investigación del país. Sin embargo, más allá de las reflexiones en torno al impacto social, económico y político de la caída de DMG y el colapso de las pirámides, resulta particularmente interesante observar como los juicios de carácter moral han ocupado un lugar protagónico en el debate público. Como consecuencia de un deseo afanoso por parte de los medios y de la sociedad por explicar lo sucedido, el peso de la justicia moral ha recaído particularmente sobre los ciudadanos y ciudadanas que invirtieron su dinero en el negocio de las pirámides.

En los medios de comunicación, la justicia moral al estilo DMG tiene su propio lenguaje. Así por ejemplo, el Espectador, en un artículo titulado “El beso de Judas”, calificó la decisión del gobierno de intervenir DMG y la consecuente pérdida de dinero para quienes habían invertido, como “una lección para los ciudadanos que han vuelto a caer en las redes del dinero fácil”. Mientras que por otro lado, Julio Sánchez Cristo en el programa matutino de “La W”, pasó de calificar a los inversores de DMG como víctimas de la decisión del Gobierno, a condenarlos debido a su ingenuidad.

Sin embargo, cuando la búsqueda de explicaciones no apunta al escarnio moral, entonces, la solución es convertir a los ciudadanos afectados en víctimas indefensas del narcotráfico y el terrorismo. Así por ejemplo, el presidente Uribe, quien el lunes estuvo en Nariño reunido con la comunidad afectada por el fenómeno de las pirámides, aseguró que cuando se ha referido a ‘cultura mafiosa’ lo ha hecho para señalar exclusivamente a los encargados de organizar las ‘pirámides’, y no a la comunidad. Según dijo, existe una diferencia entre los criminales, que serían los captadores de recursos, y la comunidad, que vendría a ser la víctima de un negocio fraudulento.

Como se puede apreciar en la declaración del Presidente, la referencia a argumentos de tipo cultural también abundan entre las explicaciones que ha dado el gobierno. La “cultura mafiosa”, junto con la “cultura del dinero fácil” vendrían a ser la razón del descalabro que tiene en baja la popularidad de Uribe. No obstante, como bien señala Alfredo Rangel en su más reciente columna, apelar al argumento de la cultura mafiosa es un camino inútil para entender lo que está pasando en Colombia. Sobre todo, cuando el deseo de ganar dinero fácil y rápido constituye una aspiración que es legítima y tiene formalización legal en cualquier economía moderna de mercado.

Ese es precisamente el problema. Lo que realmente está sucediendo es que seguimos sin poder explicar de manera convincente cómo fue posible que un negocio de captación ilegal de dinero alcanzara tales proporciones sin que nada pasara. Asimismo, resulta difícil de entender como es que millones de colombianas y colombianos le apostaron los ahorros de toda una vida o hasta se endeudaron para entrar al negocio. E igualmente, resulta inexplicable que un imperio de tales proporciones operara, y proliferara sin tropiezos durante varios años, sin que el Estado colombiano tomara medidas al respecto.

Nos encontramos ante una situación que exige ir más allá de una óptica binaria de buenos y malos. Buenos, aquellos “colombianos de bien” que decidieron no invertir, y malos, aquellos que invirtieron en un negocio de riesgo que para muchos resultaba altamente sospechoso. Tampoco es un escenario en el que las víctimas sean los ahorradores y los dueños del negocio los victimarios. Como acertadamente señaló un funcionario de la Gobernación del Putumayo, "la gente había escuchado que las pirámides eran un riesgo y aún así lo hicieron”. En otras palabras, las personas que llevaron su dinero a las pirámides y a DMG sabían en lo que se metían, sin embargo, probablemente creyeron que podrían recuperar lo invertido antes de que el gobierno hiciera algo al respecto.

Y así fue, la red empresarial de Murcia tuvo tiempo suficiente para acercarse a miembros del Congreso e infiltrarse en varias administraciones locales, tal y como lo reportó detalladamente la Revista Cambio. Esta situación, sin importar si es o no reprochable desde un punto de vista moral, deberá tener consecuencias jurídicas para los involucrados. El escándalo de DMG hasta ahora comienza, sin embargo, la sanción moral contra los ciudadanos no aporta nada a una discusión en la que también existen argumentos que no solamente explican, sino que justifican la resistencia de los colombianos a poner su dinero a disposición de las entidades financieras. Los juicios en contra de los gestores y colaboradores de DMG deberán llevarse a cabo a la luz de normas jurídicas. Lo demás, es puro e innecesario perfeccionismo moral.