Petro lo logró

Todos los colombianos, con una mezcla rara entre escepticismo y esperanza, recibimos el anuncio de la firma de los acuerdos de La Habana, pese a que se sabía que no todos los de las Farc se desmovilizarían y que tampoco entregarían todas las armas, pues se entendía que los miembros de la organización declarados en disidencia —como plan B— no podrían quedar desarmados. No obstante, celebramos con bombos y platillos la firma del “mejor acuerdo posible”: la frase de Juan Manuel Santos en el escenario de la plenaria de la ONU… “Hoy regreso a las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Paz, para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado”, llenó de optimismo a un pueblo sufrido. Tiempo después, ese mensaje, algo más romantizado, lo pronunció durante la ceremonia en la que recibió el premio Nobel de la Paz, por haber “terminado con la guerra civil en Colombia”.

La firma de los acuerdos de La Habana representó, de manera cierta, un cambio en dos aspectos fundamentales, que marcarían a la política nacional a partir de ese momento; el primero de ellos fue el desmontar el carácter ideológico y político de las llamadas disidencias y el segundo, acabar con el tema de la seguridad como eje principal de los discursos políticos, adoptando el problema de la corrupción como fuente primaria de todas las tragedias sociales de nuestra patria. Lo anterior se hizo palpable durante la campaña del año 2018, pues en ella se notó la existencia de dos grandes bloques discursivos: el de los candidatos de la derecha, haciendo énfasis en asuntos económicos, mientras que los de izquierda y centro le daban mayor relevancia a lo social, a la educación, la violencia social y la lucha contra la corrupción.

El proceso electoral del 2022, precedido por eventos de alto impacto, como fueron los dos años de pandemia y los dos años de un movimiento de protesta sostenido, sistemático y desbordado, con serios cuestionamientos sobre el manejo criminal y la injerencia de grupos armados ilegales, sin lugar a dudas propició un escenario que favorecería al candidato cuyo discurso tuviera el mayor impacto social. Los paros armados y la violencia desatada en los meses previos a las elecciones terminaron de ambientar el panorama electoral de ese año. Pese a eso, el tema de la “guerra” no fue relevante en los discursos. Todos los candidatos, en una proporción diferente, centraron sus propuestas en el desarrollo económico, la generación de empleo, la tan necesaria reforma agraria, la seguridad ciudadana, la educación, la salud y la corrupción.

Las firmas encuestadoras, tomando como referencia el año 2018, han venido señalando que la mayor preocupación de los colombianos es el fenómeno de la corrupción, con una tendencia creciente hasta el 2023. Muchos de los detractores de las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores manifestaron que este fenómeno se venía disfrazando con la “guerra” y se matriculó, convenientemente, la cifra de 50 billones que se pierden anualmente por cuenta de esta cultura social.

Petro lo logró. Logró que en el año 2024 esa tendencia cambiara. En la encuesta Invamer realizada en noviembre de este año, se preguntó sobre la percepción que tienen los colombianos sobre la situación de orden público y se confirmó que el tema vuelve a ser una preocupación prioritaria para la ciudadanía. Las razones: una política de paz total improvisada y que ha ido de tumbo en tumbo al capricho de los criminales. Quienes al parecer son los que imponen las condiciones en la mesa, logran sacar de las cárceles a sus cabecillas, amparados en la figura distorsionada y perversa de gestores de paz, mientras en los territorios se disputan el control, se fortalecen, reclutan, alimentan sus finanzas gracias a la bonanza cocalera que inunda el territorio nacional y a la minería criminal. Todo, pese al esfuerzo enorme de una fuerza pública, con mucha voluntad y deseo de acertar, pero cada día más disminuida tanto en recursos como en efectivos.

Los colombianos coinciden, en su mayoría, en que la paz va por el camino equivocado. Gracias a los desaciertos, se han revivido situaciones que muchos de los colombianos jóvenes no vivieron y que muchos de los viejos ya habían olvidado. Los grupos armados se disputan entre ellos las zonas para asegurar las economías ilícitas, entablando combates por días, sin que la fuerza pública tenga alguna capacidad de impedirlo. Los combates sangrientos de Puerto Guzmán, en el Putumayo, entre disidentes de las Farc, evidencian la crueldad en la que se está dando la transformación del conflicto en Colombia. Ninguna región está libre de las acciones criminales de los grupos armados. Indepaz registra 151 masacres entre agosto de 2022 y junio de 2024; los retenes ilegales son continuos, los asaltos a sedes bancarias se volvieron a presentar, el secuestro y la extorsión están desbordados, la quema de vehículos en las vías, así como los atentados terroristas y los asaltos a poblados, volvieron a ser parte de la cotidianidad de los colombianos, tal como lo era hace más de 20 años.

Petro lo logró. Todos los indicadores muestran que, mientras el gobierno insiste en avanzar hacia la paz total, la percepción sobre la inseguridad se va deteriorando más y más. El Gobierno de Gustavo Petro ha logrado, en tan solo la mitad de su periodo de gobierno, que la mayor preocupación de los colombianos, afectos o no a él, haya cambiado, relegando el tema de la corrupción para retomar el problema de la seguridad. La firma Invamer Poll, en el mes de junio de 2024, nos mostraba que el orden público es el principal problema del país para el 26 % de los encuestados y, al finalizar el mes de noviembre, la misma encuestadora refleja que ese porcentaje se elevó al 33.7 %. Por su parte, el tema de la corrupción pasó al tercer lugar con tan solo el 12 %. Que eso sea así, frente a los numerosos y graves casos de corrupción que se han presentado en este gobierno, muestra que todo lo que está sucediendo en materia de inseguridad está sumiendo a los colombianos en estado de zozobra, con un mayor impacto entre quienes no les había tocado vivir la crudeza del accionar de los grupos terroristas del ayer.

Petro lo logró. Logró que la necesidad de recuperar la seguridad sea el eje principal del discurso de quienes se proyectan para participar en la carrera presidencial para el 2026, pues entienden que es imperativo hacerlo para que sus posturas den algo de esperanza sobre el manejo que se le va a dar a esta genuina preocupación del pueblo, especialmente cuando el ambiente nacional está tan contaminado por una gran variedad de factores derivados de las economías legales que lo alimentan. Hoy sí, como una vez comparó Petro, Colombia está alcanzando los niveles de violencia, como los que se han visto en países de África Central, como Sudán, el Congo, Ruanda, entre otros países, golpeados por los mismos intereses que percibimos en nuestra nación.

Mientras el tiempo pasa en medio de buenas intenciones y muchos errores, los colombianos seguimos esperando que algún día, como lo dijo Juan Manuel Santos, “el sol de la paz brille por fin en el cielo de Colombia”. Petro logró demostrar que la izquierda tampoco tiene la fórmula para lograr la paz. Los colombianos, los que creímos que este gobierno, por su afinidad con los grupos armados, podría lograr un avance significativo en la búsqueda de la paz, nos equivocamos. Hoy vemos disidencias de las disidencias, fracturas en otras organizaciones que se mostraban monolíticas, y delincuentes comunes organizándose como clanes, todos acumulando fuerzas, esperando tener acercamientos con el gobierno para aliviar presiones, sacar a sus miembros de las cárceles y frenar el accionar de la fuerza pública con ceses al fuego pactados bajo la mesa, mientras crecen. Petro lo logró; hoy vemos la paz más distante. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿qué esperan los grupos que están en la mesa que se les dé adicional a lo que se le ha dado a las Farc?, ¿querrán más?, ¿lo mismo? No creo que esperen menos.