Piedad Córdoba y Álvaro Leyva

Fue Piedad Córdoba quien habló primero de aplazar las elecciones para darle mayor tiempo a la firma del acuerdo de paz y se le atribuye a Álvaro Leyva la insistencia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente para refrendar lo que salga de La Habana.

Como estas dos propuestas se han movido bastante en estos días en las discusiones públicas con las Farc y seguramente se mueven también en las conversaciones a puerta cerrada en la mesa de negociaciones, es bueno examinar el papel de estos líderes políticos en la paz del país.

Es evidente que las Farc cuentan con sus ideas a la hora de la negociación y contarán con ellos en su acción política futura. El mismo Iván Márquez acaba de hacer un gran elogio de Leyva y ha pedido que lo dejen jugar en el proceso. Piedad por su parte lidera la Marcha Patriótica, una organización que tiene sus principales bases en las zonas de conflicto armado y está promoviendo la movilización social a lo largo y ancho del territorio nacional en favor de las negociaciones de paz, pero también en procura de reivindicaciones sentidas de las comunidades campesinas.

A Piedad y a Leyva se les acusa con frecuencia de pertenecer a la guerrilla y de ser solidarios con su estrategia armada y sus actos de terror. Es una manera muy eficaz de aislarlos y de golpear su liderazgo político. Pero es una gran injusticia.  Su compromiso indiscutible con la insurgencia ha estado siempre por el lado de la paz. Se han jugado su carrera política en un esfuerzo a veces temerario para poner punto final al conflicto armado. Hasta el momento no les ha ido bien. Han logrado notoriedad pública en estas labores, pero los reiterados fracasos de las negociaciones y el desprestigio de las acciones de la guerrilla han repercutido muy negativamente en su imagen.

Ahora tienen una oportunidad y quieren aprovecharla. Lo hacen en  campos distintos. Leyva agitando ideas entre los negociadores de la guerrilla y Piedad promoviendo la movilización social y la organización política en los territorios donde tendrán vida el postconflicto y la reconciliación. El gobierno nacional debería contar con ellos.

La idea de Leyva sobre la Constituyente es muy discutible, pero no es descabellada. En realidad es una asamblea constitucional al tenor del artículo 376 de la Constitución Nacional. El Congreso define la competencia, el tiempo y la composición de la Asamblea. 

Podría ser entonces un mecanismo para refrendar lo acordado en La Habana y para darles rango constitucional a puntos claves de ese acuerdo. Con límites precisos cumpliría el mismo papel de un plebiscito, solo que con mayor deliberación en un espacio político pluralista. De un diálogo más abierto y menos suspicaz sobre la refrendación de los acuerdos pueden salir fórmulas intermedias que satisfagan a las partes. 

En la marcha del 9 de abril el presidente Santos tuvo la tentación de ir hasta la plaza de Bolívar a compartir la tribuna con Piedad Córdoba. Allí estaban los manifestantes que venían de las zonas de conflicto. Estaba ese otro país que quiere ser reconocido. Hubiese sido un poderoso acto de reconciliación. Hubiese sido una señal política impresionante. Santos se inhibió porque pensó que aún no era el momento. 

Pero ahora, en medio de la discusión sobre la participación política, de la muy pronta apertura de la campaña electoral y de una intensa agitación social en algunas zonas del país, se necesitan hechos de esta naturaleza. Es imprescindible que el presidente encuentre un camino para facilitar y promover la participación de la Marcha Patriótica en las elecciones de 2014. Es necesario encontrar espacios nacionales para el diálogo social. 

En esto Piedad Córdoba puede jugar un papel fundamental.

En el gobierno nacional hay fundadas prevenciones frente a Piedad y Leyva, pero en las experiencias de España y de Irlanda han sido decisivas las actitudes y las acciones de líderes políticos cercanos a ETA y al IRA para desatar nudos en las negociaciones y para acelerar el ritmo de las conversaciones y del proceso de desmovilización. El caso del País Vasco es emblemático. La presión social y política del entorno de ETA llevó a esta fuerza a decretar el cese definitivo de la violencia.