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Opinión

  • | 2019/10/02 11:45

    Plebiscito por el NO

    El plebiscito ganó por el No con el 50,21%. Se desconocieron las reglas de juego. Se forzaron las instituciones. Se rompió el orden constitucional. El conflicto se mantiene. El acuerdo con las Farc fracasó parcialmente. Los gobiernos no pueden transitar en contra de los pueblos. Las Farc incumplieron. Cuando se quebranta el respeto por las mayorías, las cosas no salen bien.

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El 2 de octubre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos, sin que existiera obligación constitucional, sometió a plebiscito refrendatorio el acuerdo con las Farc; el resultado: Por el NO, 6’431.376 (50,21%), por el SI, 6’377.482 (49,78%), diferencia 53.894. 

Los efectos de estos resultados aún persisten: Desconocimiento de las reglas del juego; falta de legitimidad del acuerdo; ruptura del orden constitucional y fracaso parcial de la negociación. 

El jefe negociador, Humberto De la Calle, poco antes de la votación, dijo: “Si en el plebiscito gana el NO, se acaba el proceso de paz”. Se trataba de someter a la consideración ciudadana la negociación, en el entendido que su rechazo implicaba su desaprobación. Pues bien, ganó el NO, pero el gobierno de la época insistió en sacar adelante la negociación, desconociendo las reglas del juego. 

En ese orden de ideas, el acuerdo había sido desaprobado por la ciudadanía, no contaba con el respaldo popular mayoritario: Carecía de legitimidad. Sin embargo, el interés gubernamental insistía y forzó las instituciones a su favor. 

La Corte Constitucional en una de sus sentencias más criticables, consideró que la refrendación popular podía efectuarse a través del Congreso, y este órgano colegido sin competencia ni atribución alguna, contradijo el resultado electoral y mediante una simple proposición refrendo el acuerdo. No se olvide, que los contratos o convenios se aprueban mediante ley, según el artículo 150-14 de la Constitución Política. Así las cosas, se rompió el orden constitucional. 

El precario acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc, improbado por la ciudadanía, carente de legitimidad, refrendando por el Congreso sin competencia, con fundamento en una discutible consideración de la Corte Constitucional, se fue aplicando parcialmente, más como estrategia política y otra forma de lucha. 

Lo cierto es que las Farc no entregaron la totalidad de los bienes, se limitaron a relacionar “corotos” y sartenes; no entregaron las rutas del narcotráfico; dos de sus dirigentes, Jesús Santrich e Iván  Márquez, están prófugos de la justicia, uno  abandonó su curul concedida graciosamente en el Congreso y el otro no la ocupó. El acuerdo fracaso parcialmente, se entregaron los combatientes rasos, mientras que algunos de los dirigentes continuaron con el narcotráfico y algunos de los combatientes se mantuvieron en disidencia.

 El 2 de octubre de 2016, hace tres años, se desconoció el pronunciamiento ciudadano, se forzaron innecesariamente las instituciones, en aras de una supuesta paz, que a la postre no se alcanzó. Los gobiernos no pueden transitar en contravía de los pueblos. 

Ahora bien, con el acuerdo con las Farc, se abandonarían las armas, lo cual se hizo parcialmente, pero se dejó claramente establecido que la lucha continuaría en relación con el conflicto social irresoluto. Entonces, estamos avocados a resolver la supuesta diferencia, sin armas, en el escenario político y de la protesta social. 

Haber desconocido el plebiscito por el NO, nos llevó a implementar un acuerdo espurio y a mantener un supuesto conflicto social, sin que se cumplieran plenamente las obligaciones de la insurgencia de entregar las armas, de entregar los bienes ilícitamente adquiridos y de colaborar a acabar con el narcotráfico. 

La democracia tiene una regla fundamental, el respeto por las mayorías, cuando se quebranta se afectan las instituciones, se viola el orden constitucional y las cosas no salen bien.

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