opinión

Columna de Juan Manuel Charry
Columna de Juan Manuel Charry - Foto: Juan Carlos Sierra

Policía Nacional

La historia de la Policía ha sido un ir y venir entre los ministerios de Gobierno y de Guerra, en constantes intentos de mantenerla alejada de las diferencias políticas partidistas.


Por: Juan Manuel Charry Urueña

La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Sus miembros no son deliberantes y no ejercen el derecho al voto mientras estén en servicio activo, de los delitos que cometan en servicio conocerán los tribunales militares.

Corresponde a la ley organizar el cuerpo de policía como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuya finalidad es mantener las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del país.

El Constituyente de 1991 entendió que el Gobierno, a través de la Fuerza Pública, conserva el orden público, lo restablece cuando sea el caso y garantiza la seguridad nacional. También quiso evitar la proliferación de organismos armados que se quisieron asimilar a ella, que no tienen las mismas exigencias de imparcialidad.

La Ley 62 de 1993 establece que el presidente, como suprema autoridad administrativa, es el jefe superior de la Policía, atribución que ejerce por conducto del Ministro de Defensa y del director General de la Policía. Ahora bien, dispone que para efectos de dirección y mando depende del mencionado Ministerio.

Tristemente, la historia de la Policía ha sido un ir y venir entre los ministerios de Gobierno y de Guerra, en constantes intentos de mantenerla alejada de las diferencias políticas partidistas.

En 1891, la Policía dependió del Ministerio de Gobierno; en 1893, pasó a depender del Ejercito, poco después retornó al anterior Ministerio; en 1895, se adscribió al Ministerio de Guerra; un año más tarde se volvió a incorporar en el Ministerio de Gobierno; en 1899, se reubicó en el Ministerio de Guerra, para evitar que fuera dividida y utilizada por las partes en conflicto; en 1901, regresó al Ministerio de Gobierno; en 1902, estuvo a orden de la Jefatura Civil y Militar de Cundinamarca; en 1903, pasó nuevamente al Ministerio de Gobierno; un año después se adscribió al Ministerio de Guerra, para sustraerla de la influencia partidista; en 1910, regresa el Ministerio de Gobierno; en 1936, López Pumarejo la somete a disciplina militar, no obstante su naturaleza civil; en 1944, volvió a depender del Ministerio de Gobierno; en 1948, con ocasión del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y sus consecuencias, se autorizó dar de baja a todo el personal, con el propósito de sustraerla de cualquier actividad partidista; en los años siguientes, lamentablemente, se parcializó políticamente; finalmente, en 1953, pasó otra vez al Ministerio de Guerra.

Se podría decir que con la decisión del General Gustavo Rojas Pinilla, la Constituyente de 1991 y la Ley 62 de 1993, se logró la imparcialidad política de la Policía, sin perjuicio de su actividad contra los grupos subversivos, que por definición están al margen de la ley y alteran el orden público.

La Corte Constitucional, en sentencia C-453/94, consideró que la dependencia de la Policía de uno u otro ministerio era una decisión del Legislador, sin embargo, la situación de violencia y permanente perturbación del orden público, constituye un elemento de juicio para que el Legislador incorpore la Policía al Ministerio de Defensa.

El nuevo Gobierno pretende retornar la Policía al Ministerio del Interior (antiguo Gobierno), probablemente, para resaltar su condición civil y alejarla de la concepción militar.

Sin embargo, ante la persistencia de la polarización política, se mantiene el fundado temor de que la Policía se parcialice a favor del gobierno y persiga a sus opositores. Ahora bien, la violencia también persiste y las circunstancias de orden público aconsejan mantener las actuales condiciones de la Policía.

Por último, no conviene que las nuevas decisiones tengan sabor de revancha de quien se enfrentó a la Fuerza Pública.

En fin, mientras haya grupos subversivos, disidencias de las Farc, narcotráfico, delincuencia organizada y polarización política, no conviene que la Policía dependa del Ministerio del Interior.