OPINIÓN

Pólvora, lesionados y soluciones

¿Cómo terminaron las cifras de lesionados por pirotecnia esta temporada decembrina? No muy distintas de las que se lograron en la anterior. A fecha de 9 de enero de 2020, la cifra era 6% mayor que la de 2019 en adultos, pasando de 519 a 549 personas en 2019 y reduciéndose 10% en niños, pasando de 305 a 273 menores. A la fecha, la cifra total es casi idéntica a la del año pasado.

Semana.Com
9 de enero de 2020

En medios de comunicación, y desde las autoridades nacionales hasta municipales, se invierten considerables esfuerzos en tiempo y dinero para sensibilizar a la población sobre los peligros y las prohibiciones que existen sobre la pólvora. Día tras día de cada diciembre, se envían mensajes por radio, prensa y televisión, alertando sobre sus peligros. La mayoría se lamentan sobre la poca colaboración ciudadana y hacen eco de nuestra identidad colombiana, la cual no permite que aprendamos lecciones tan simples como evitar el uso de estos productos.

Otros afirman que las campañas sí están funcionando, pero que hay que intensificarlas, para que, con el paso de los años, se vean los resultados. Esto lo han demostrado más de dos décadas de campañas contra la pólvora en el país: mientras antes se registraban más de 5.000 lesionados al año, ahora ese número se ha reducido a un nivel cercano a 800. Este año sin embargo, las campañas dejan un avance inexistente, al alcanzar 822 lesionados frente a 824 registrados el año pasado. 

En la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi) creemos que precisamente hay algo que, tanto medios de comunicación como autoridades nacionales, están ignorando y ello impide lograr avances significativos en esta materia. Desde la Federación, opinamos que las campañas estigmatizan la actividad, pero esta estigmatización no necesariamente se traduce en una reducción de afectaciones por pólvora. La estrategia de estigmatización no ha dado los resultados esperados, pues la gente sigue utilizando estos productos a pesar de un castigo social promovido por autoridades y medios de comunicación. 

En segundo lugar, necesitamos más y mejor información. El número de lesionados, una cifra construída cada día de diciembre por el Instituto Nacional de Salud (INS), sólo prende las alarmas y genera un estado de alerta en el país, pero no permite construir un conocimiento más profundo sobre el problema para desarrollar tácticas concretas que permitan resolverlo. 

Según el INS, más del 44% de los lesionados adultos en 2019 estaban bajo efectos del alcohol cuando acudieron a un centro médico para recibir atención por su afectación. En este sentido, si gran parte de los accidentes se producen en personas alicoradas, que es un comportamiento castigable por la Ley 670 de 2001, ¿por qué no se castiga? ¿Cuántos de los lesionados recibieron una sanción como lo establece la ley? ¿Y por qué hablamos de víctimas de la pólvora si casi 400 personas al año se lesionan por usar irresponsablemente estos productos en estado de alicoramiento? 

 Así mismo, ¿cuántas campañas de las que se diseñaron este año estaban enfocadas fuertemente en no mezclar alcohol y pólvora? ¿Por qué el enfoque obsesivo solamente en pólvora cuando el alcohol es, literalmente, la mitad del problema? Estas son cifras que también deberíamos construir para saber cómo se está atacando el mal hábito cultural de mezclar alcohol y celebración. 

Por otra parte, según el INS el 38% de las lesiones son producidas en su mayoría por una categoría de productos llamada “Otros”. ¿Cuál es el detalle de estos otros productos que están lesionando a los colombianos? ¿Qué tanta información tienen la policía y las alcaldías locales sobre estos “otros” productos, para enfocar mejor sus operativos y sacarlos del mercado? ¿Cuántas de las más de 1.000 toneladas de pólvora que se incautaron en el país están compuestas por estos productos más peligrosos? ¿Cuántas acciones educativas giraron alrededor de identificar y prevenir la compra y uso de totes, los cuales según el INS generan un 27% de las afectaciones? ¿Por qué el INS mide afectaciones con “cohetes” y “voladores” bajo una misma categoría cuando el criterio técnico indicaría que son un mismo tipo de productos? 

De nuevo, sin este tipo de información, que permite saber cómo estamos atacando diferentes partes del problema, las autoridades seguirán combatiendo un enemigo abstracto y hetéreo llamado pólvora, al cuál sólo conocemos mediante una cifra general de lesionados que fluctúa cada diciembre y que medimos en incautaciones y destrucciones de productos que pueden ser (o no) los que están generando las lesiones.

En segundo lugar, necesitamos invitar a la mesa al gremio de los pirotécnicos formales, los cuales han sido estigmatizados a lo largo de los años, pero conocen mejor que nadie los productos más riesgosos, desean acabar con los productos caseros y quieren que su actividad deje de ser un desvare en diciembre para muchos, lo cual le agrega dinámicas de informalidad y genera costos en seguridad para toda la cadena de valor. ¿Cuántos de los comités intersectoriales de pólvora que se conforman en el país invitan a los pirotécnicos a sus sesiones para comprender mejor el problema de la informalidad en la actividad? ¿Por qué el tabú para trabajar de la mano de los pirotécnicos en vez de gastar tanto dinero en campañas publicitarias?

Desde Fenalpi, hacemos un llamado a medios y autoridades nacionales para que dejemos de buscar resolver el problema de los lesionados desde las estrategias de siempre. Prohibir y estigmatizar siempre será lo más sencillo de hacer, pero -tal como lo muestran las cifras- puede que no sea lo más efectivo. Si trabajamos juntos, partiendo de reconocer el gusto de muchos colombianos por la pirotecnia, podremos atacar diferentes partes del mismo para lograr avances significativos. En tanto la pirotecnia siga siendo un tabú, los avances serán pocos. La situación necesita de enfoques nuevos e innovadores que permitan comprender mejor el problema.

*Presidente de Fenalpi

Fenalpi: La Federación Nacional de Pirotécnicos fue fundada en 1979 con el ánimo de representar a las empresas legalmente establecidas y enviar un mensaje de formalización a quienes en el desarrollo de la actividad no cumplen los requisitos para la misma, en pro de ofrecer productos pirotécnicos en función de la vida y la seguridad de las personas a lo largo y ancho del territorio colombiano.