Corrupción y paz

Más corrupción es menos paz. Sencillo y directo, como lo anota el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en su informe 2015, que estudia variables y casos específicos entre los años 2008 y 2014. Pero además el Instituto da la formulita: “Los resultados del estudio muestran que, en últimas, a largo plazo las mejoras en la paz dependen de la disminución de la corrupción. Los esfuerzos dirigidos a enfrentar la corrupción son, por tanto, de una importancia crítica para construir una paz sostenible y resiliente”.

Aunque no hizo titulares, a nadie le sacó lágrimas de emoción o provocó mensajes en Twitter, aplausos o entrevistas, la lucha contra la corrupción también hace parte del histórico Comunicado conjunto #76, el mismo que esta semana anunció el cese al fuego definitivo entre el gobierno y las Farc.

El comunicado habla de  “medidas complementarias” en la “prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional”. Bastante general, como saludo a la bandera o por no dejar, cuando la corrupción es un factor determinante para el éxito de todo este proceso.  

Al leer los acuerdos completos, el asunto cobra más peso no solo en los mecanismos para  garantizar la seguridad a los guerrilleros durante el proceso de dejación de armas, sino en aquellos que garanticen a las Farc su participación política. El punto 3.4.11 (también publicado el 23-J)  aporta mayor detalle y señala algunos instrumentos clave en desarrollo del punto 3 del Acuerdo General.  

Aunque pareciera de Perogrullo, el texto señala el “Fortalecimiento de la administración de justicia”, pues entiende que una “paz estable y duradera”  implica “garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente”. Además dice que “todas las medidas que se adopten deberán contar con un sistema de rendición de cuentas permanente por parte de las Instituciones que ilustre los logros y avances de las acciones tomadas”.

La transparencia y lucha contra la corrupción no solo debe verse desde la perspectiva de la seguridad de los excombatientes, sino también se tiene que enfocar en el seguimiento de los recursos que se están invirtiendo y se llevarán a los territorios. Ni detalles ni hoja de ruta  han sido realmente presentados, a pesar de que es fundamental conocer el blindaje concreto que tendrán los dineros, en especial con elecciones a la vuelta de dos años. Esos recursos están destinados a toda la población (al menos eso se ha dicho) y no serán de uso exclusivo de las Farc una vez vestidas de civil y empuñando su eslogan de campaña.

Los mecanismos hay que aterrizarlos ahora sí. Esta semana hubo conversaciones con el Consejo Gremial, ha habido encuentros con la Andi, con aportantes de la UE, conversaciones en Washington y con entidades multilaterales. El gobierno dice que el 85% de la inversión destinada a los programas del posconflicto tiene financiación estatal y que los costos son menores a lo especulado; el fondo Paz Colombia cuenta hoy con 470 millones de dólares.

Por todo lo anterior, a estas alturas ya no basta que algún funcionario repita lo dicho por el presidente Santos ante el BID, en el sentido de que esos recursos  “van a tener una especie de gobernanza, de gobernabilidad, ágil pero totalmente transparente”. La presentación formal de los mecanismos de vigilancia y el sistema de veedores es urgente para generar confianza en las fases que prosiguen, pero ante todo para no repetir la triste historia y así frenar cualquier intento de manipulación de esos recursos a favor de intereses particulares. 

“En los diversos modelos de análisis estudiados,  la corrupción es la única variable que de manera consistente y significativa evidencia  una correlación con diversos y críticos indicadores  de paz y violencia”, señala el  IEP. La sociedad civil tendrá que estar encima, así les resulte incómodo a muchos. No solo se trata de que las Farc dejen las armas, sino de que los colombianos dejemos la corrupción, fuente inagotable de violencia, inequidad, injusticia y limitación de los derechos.

Todos - gobierno, negociadores y analistas- se han empeñado en repetir que el acuerdo firmado el jueves en La Habana es un paso trascendental, pero no es la paz. Se deberían jugar a fondo y señalar también que una sociedad en paz exige una guerra frontal contra la corrupción.

@Polymarti