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Enrique Gómez, columnista invitado.
Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Enrique Gómez, columnista invitado. Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Populismo energético

El deseo de reducir a la brava las tarifas a los hogares se va a imponer desconociendo la complejidad de un sistema de generación, distribución, transformación y comercialización que inició en 1992 en medio de la hecatombe del apagón de Gaviria.

Por: Enrique Gómez

Enfrentamos otra reforma radical de la nueva administración. Después de los irresponsables cambios en la cúpula militar, las ilusas propuestas en justicia, el embeleco de la paz total o la loca reforma de tres minutos de la ministra de Salud, se viene la ruptura del sistema eléctrico nacional.

Sabemos lo fácil que es destruir y lo complejo que, en Colombia, es construir soluciones y sistemas. Para Petro y su equipo, nada en el Estado colombiano, ni la misma democracia que lo puso en el poder, merece ser preservada. Destruir para Petro tiene siempre rédito cortoplacista, complace a su galería radical y lo gratifica al imponer su simplismo, que sustenta su sistema de valores y su diagnóstico de la sociedad colombiana. Destruir para Petro no tiene costos ni riesgos porque está siempre preparado para desconocer su responsabilidad. Sabe vivir al margen de la realidad y encuentra aliados mediáticos que le ayudan a sostener la ficción y evadir el costo político.

Así abordó su labor destructora en la alcaldía de Bogotá. Desconoció los contratos de concesión vigentes en la recolección de basura colocando a la ciudad en emergencia sanitaria y perdiendo cientos de miles de millones del erario. Redujo de manera arbitraria el pasaje de TransMilenio, sembrando la semilla que hoy tiene al sistema al borde del derrumbe. Tomó el control de Capital Salud, llevándola a la intervención y perdiendo más de seiscientos mil millones de su patrimonio.

Ahora en medio de los desatinos, reversazos y las utopías de la ministra de Minas, con una crisis global de energéticos y con desbordada inflación, Petro toma la iniciativa para, no solo sacar del barro a su ministra, sino iniciar la construcción de su legado populista amenazando con asumir las funciones regulatorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) e imponer un nuevo régimen tarifario para el servicio de energía.

El deseo de reducir a la brava las tarifas a los hogares, a pesar de los cuatro billones de pesos anuales en subsidios de tarifa vigentes, se va a imponer desconociendo la complejidad de un sistema de generación, distribución, transformación y comercialización que inició en 1992 en medio de la hecatombe del apagón de Gaviria.

Este sistema se construyó sobre las cenizas de las empresas públicas de generación y comercialización a las cuales la mala administración, la corrupción y los sindicatos habían destruido.

La nación llegó a un consenso racional, después del apagón, que reconocía la confiabilidad en el suministro como el valor supremo del sistema, apoyada en la interconexión plena. Para lograr la confiabilidad se aceptó la necesidad de liquidar gran parte de las empresas públicas que habían fracasado y estructurar condiciones favorables y estables para atraer la inversión privada para repotenciar plantas y crear nuevas. Mucho capital público se acogió a estas reglas y nuestro sistema mantiene operadores públicos y privados bajo reglas uniformes. Se incluyeron mecanismos de libre mercado para estimular la remuneración adecuada de todos los factores de producción. La nación, siempre en contra de los políticos, creó un nuevo marco legal para la prestación de servicios públicos domiciliarios sometido al derecho privado y con un ente regulador de tarifas y prácticas autónomo de los políticos. Allí, en la forzada remodelación de sistema, nace autónoma la Creg.

¿Autónoma de qué? De la intervención facilista y populista, precisamente. Esa que de irresponsables como Petro que desconocen la complejidad de la cadena de valor del sector para hacer politiquería.

La crisis tarifaria no es responsabilidad de Petro. Llegamos aquí por una acumulación de malas políticas de Santos y Duque, que ampliaron la composición de la Creg y deterioraron los perfiles por su falta de diligencia en abrir más subastas con todo tipo de energías, por obsesionarse con la expansión intrascendente de lo solar, por no reglamentar las consultas previas o denunciar la convención de la OIT y no poner en cintura a la Anla, llevando los costos sociales y ambientales de los proyectos del sector al 25 % del total de la inversión generando increíbles demoras. No frenaron el populismo de parlamentarios costeños en la tolerancia con la conexión ilegal y la escandalosa cultura de no pago de los municipios de la región. Ni Santos, ni Duque, ni la Creg pusieron en cintura concesionarios poderosos que descremaron mercados sin invertir en el mantenimiento de una red que pierde el 14 % de la energía que transmite.

La mediocridad con la que se ha manejado el sistema eléctrico, que sin duda debe optimizarse y mejorar sus eficiencias, no avala acabar la autonomía del regulador ni la imposición de una tarifa arbitraria que afectará la confiabilidad y la inversión requerida para evitar el apagón en ciernes.