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Opinión

  • | 2003/07/07 00:00

    ¡Por fin estoy de acuerdo con Londoño!

    La tutela no debe reemplazar a la justicia ordinaria. Ni prestarse a que los jueces comprometan al Estado en cosas que no puede cumplir

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Pues si. Si la propuesta de reforma a la justicia es siquiera parecida a un proyecto de borrador de reforma que el ministro Fernando Londoño ha empezado a rodar por ahí, por fin estoy de acuerdo con él en algo. Y ya iba siendo hora, porque de sus problemas personales ha venido emanando una espesa neblina que nos ha impedido medirle sus capacidades como reformador.

No bien se conocieron los primeros detalles de la propuesta, se armó la debacle. D'Artagnan salió corriendo a gritar a los cuatro vientos que se acababa la tutela, las Cortes a llorar sobre su proceso de desintegración, los jueces a reclamar que ya no podrán hacer paros. Hasta El Tiempo tituló: "¡Lista la embestida contra las Cortes"!

Pero repito: si el borrador contiene la esencia del que será el original de la reforma, con algunas reservas muy técnicas en temas que en su momento serán motivo de debate en ambientes académicos, se sugieren reformas a la justicia que no son solamente buenas sino necesarias.

Por ejemplo, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, un animalejo que se creó con la intención de independizar a la administración de justicia del gobierno pero que al final no sólo ha terminado sirviendo para nada, sino que ha llenado el país de réplicas de su propia ineficacia burocrática. Tiene dos salas llenas de magistrados con carro blindado. Por ejemplo, los seis magistrados que componen la sala administrativa, podrían ser reemplazados por un gerente: la razón es que aprobar el presupuesto de la rama judicial lo que necesita precisamente es un gerente y no un magistrado. Igualmente, las funciones disciplinarias de la otra sala serían asumidas por otros organismos del Estado, por ejemplo la Procuraduría.

También me gusta que se precise un poco la omnipotencia de la Corte Constitucional. Que no pueda conocer la inconstitucionalidad de los decretos que dicte el gobierno con motivo de los Estados de excepción sino por vicios de forma y no de fondo es definitivamente bueno. Las motivaciones que pueda tener el Presidente para utilizar este instrumento constitucional exige una evaluación política que no les corresponde hacerla a los jueces sino al Congreso, porque finalmente es el Presidente y no la Corte el llamado a tomar las decisiones de gobierno.

También me gusta que volvamos a la cooptación, aunque con algunas restricciones. Esta palabra tiene fucú en Colombia, porque en el fondo significa que los que ya están escogen a los que llegan. Nada, pero nada, es peor que lo que sucede ahora: un mercado persa en los pasillos del Congreso donde la majestad de la justicia es arrastrada por el piso por cuenta de quienes aspiran a integrar las Cortes.

Y finalmente está el espinoso tema de la tutela. Los colombianos la adoramos, y eso está muy bien. Pero eso no quiere decir que no haya que reformarla para que retome el curso de las motivaciones que llevaron a crearla. La tutela se diseñó como un mecanismo excepcional para la defensa de los derechos fundamentales por una vía rápida y expedita.

Se ha abusado terriblemente de ella, hasta el punto de que jueces y magistrados se excusan en el gran volumen de tutelas que les llegan para justificar la terrible morosidad de la justicia colombiana.

La tutela no debe reemplazar los canales ordinarios de la justicia, pero lo está haciendo. Y sobre todo, tampoco puede prestarse para que los jueces comprometan al Estado en cosas que no puede cumplir, porque implican, por ejemplo, una variación sustancial en la proyección del gasto público o afectan el cumplimiento de las metas del Banco de la República en materia monetaria, crediticia o cambiaria.

Dicho en otras palabras, la tutela le debe servir a un colombiano para que su vida sea protegida, para que no lo torturen, para que le respeten su libertad, para que no lo discriminen por raza, sexo, lengua, religión, opinión política, para que le protejan su intimidad, para que le garanticen la libertad de conciencia y de expresión, para que no lo detengan arbitrariamente, para que se le aplique el debido proceso, para que le concedan el hábeas corpus, para que no lo obliguen a declarar contra sí mismo o su cónyuge, para construir un sindicato, para elegir y ser elegido, etc. Pero definitivamente no puede servir para que cada uno de los habitantes de Colombia tenga casa (artículo 51 CN) por una razón muy clara: porque no es posible que el Estado se comprometa a otorgárselas.

Lo único que no he podido entender es la oportunidad que escogió el ministro Londoño para poner a circular el polémico borrador de su reforma. ¡Precisamente la semana en que los magistrados de la Corte Constitucional estaban acuartelados en el parto del examen de constitucionalidad del referendo, que obviamente volvió a frenarse ante semejante tierrero!
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