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Opinión

  • | 1995/05/08 00:00

    POR FIN OTRA IDEA

    Un juez distinto a EE.UU. para las condenas en materia de narcotráfico puede ser una salida a ese atolladero

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LOS COLOMBIANOS PARECEMOS CONdenados de manera irremediable a vivir a prisioneros del tema del narcotráfico. Sin embargo, a pesar de estar en el epicentro del asunto, los ángulos desde los cuales se analiza el tema son siempre los mismos.
Están quienes afirman que es una injusticia el que Estados Unidos ponga a Colombia en la picota pública mundial por producir drogas, y exigen que ellos controlen su consumo si quieren tener autoridad moral para criticarnos. Por otro lado, hay quienes consideran que es ridículo pensar en una solución distinta a la de la legalización del consumo de las drogas, y que todo lo que se haga en una dirección distinta es perder tiempo a un costo social muy alto para el país.
Y Fo faltan, por supuesto, aquellos que piensan que Estados.Unidos tiene razón en todo lo que dice de Colombia, y que la única manera de tener una convivencia pacífica con el coloso del Norte es aceptando sin chistar sus sugerencias y presiones.
Estas perspectivas de apreciación del problema tienen el inconveniente de que no han conducido, en la práctica, a ninguna parte. Colombia se ha cansado de repetir en todos los foros mundiales y en todas las conversaciones bilaterales con Estados Unidos el estribillo de que la comunidad internacional es injusta con nosotros, que nadie ha puesto una cuota similar de sacrificio y que nos sentimos maltratados con mecanismos como el de la certificación. Pero la cantaleta no ha servido para nada. A pesar de la justicia del planteamiento, el paso del tiempo ha servido para endurecer la postura gringa y no para ablandarla.
Con la legalización es peor. Es posible que esa sea, en realidad, la salida más coherente al problema. Pero entre todas las naciones del planeta, Colombia es la última a la que se le va a permitir llevarla a cabo. Hay que esperar que se tome la decisión de coger esa salida en todos los países consumidores y en buena parte de los productores, para que la idea no sea entendida como una fórmula nuestra para institucionalizar el narcotráfico en Colombia.
Pero en medio de este círculo vicioso de diagnósticos más o menos acertados sobre la situación, sin ninguna solución distinta de la de hacer una guerra interna contra los narcos o la de seguir como vamos y resignarnos al palo permanente de Estados Unidos, aparece, por fin, una idea que apunta en una direccción distinta. La lanzó Alvaro Gómez.
La tesis de Gómez es que Colombia debe aceptar la acusación que le hace Estados Unidos de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico, pero no debe aceptar la condena que ese mismo país le decreta. Según el dirigente (¿conservador?, ¿de Salvación Nacional?, ¿de lucha contra el régimen...?), sí debe haber un juicio pero de carácter mundial y con veredicto imparcial.
El planteamiento tiene lógica. Si el narcotráfico es un delito de características multinacionales, el análisis la evaluación y el juicio de responsabilidades debe estar en manos de un organismo multilateral. No tiene sentido que este procedimiento haga parte de lo asuntos bilaterales de Estados Unidos y Colombia, pues al hacerlo se comete la injusticia de que el dictamen lo dicte el más fuerte sin involucrarse y, de paso, conduce a que se deterioren las relaciones entre los dos países.
Esta desnarcotización de la relación con EE.UU. -como Gómez la llama- haría que la Organización de las Naciones Unidas émprendiera la tarea oficial de evaluar el comportamiento de cada país involucrado en todas las fases del narcotráfico y a que de acuerdo con los resultados, impusiera las sanciones del caso, bajo la mirada de todos los países del mundo.
No es que esto signifique la impunidad para Colombia. Es muy probable que la apretada de clavijas sea tanto o más fuerte que la que ejerce hoy Estados Unidos. Pero el mecanismo puede repartir con más justicia la carga de responsabilidades, a la vez que libera del síndrome de la droga nuestro diálogo diario con los gringos. También elimina la posibilidad, tan frecuente hoy, de acusar sin tener pruebas o de tenerlas y no mostrarlas, como mecanismo de presión.
No estaría nada mal que el gobierno de Ernesto Samper explorara ese camino para buscar otra salida a este atolladero.
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