Debilidad del Estado

En el acuerdo final suscrito entre el gobierno y las Farc se señalaron como causas del conflicto armado la pobreza, la concentración de la riqueza en unos pocos y la debilidad del Estado para garantizar la seguridad de las personas, sus derechos y el acceso a los servicios públicos.

En cuanto a los primeros, se ha dicho con acierto, que comparados con otros, nuestro país no es de los más pobres y ha reducido significativamente la pobreza multidimensional, y aunque tiene un coeficiente GINI alto, hay otras naciones con mayores concentraciones de riqueza. En otras palabras, la pobreza y el inequitativo reparto de recursos y oportunidades, no son motivos suficientes que justifiquen una lucha armada.

En relación con el segundo, poco se ha dicho. Es cierto, el Estado es débil, lento, ineficiente y en cierto sentido pequeño. Sin embargo, no tiene lógica alzarse en armas contra el Estado, justamente porque es débil e ineficiente.

De tiempo atrás, con razón, se ha sostenido que tenemos más territorio que Estado, en consecuencia, a lo largo de la historia no se ha ganado un metro de suelo, en cambio se han perdido miles de kilómetros en las distintas fronteras, recientemente, más de 70 mil km2 de mar territorial en disputa con Nicaragua. No ha habido una política consistente de colonización del territorio.

Nuevos paradigmas implicaron que el Estado dirigiera e interviniera la economía, entonces, la incapacidad pública dio paso a la informalidad y no pudo neutralizar las economías subterráneas del contrabando y de narcotráfico. Al final, algo más de 4 mil grandes contribuyentes y de dos millones de personas pagan sus impuestos de renta, mientras los demás eluden buena parte de sus obligaciones fiscales. Situaciones similares se presentan en distintos sectores, donde las regulaciones y controles solo alcanzan a los principales actores, mientras los demás se mantienen en la informalidad o la ilegalidad.

A lo anterior, se suma la burocratización del Estado, los trámites, los controles y la descoordinación de las agencias oficiales. Así las cosas, la acción estatal resulta ineficiente, tardía y en ocasiones contraproducente. El Estado se convierte en un obstáculo para el ciudadano, un requirente de requisitos, certificados y papeles.

Y qué decir de la politización, que pretende colocar la máquina estatal al servicio de las coyunturas partidista y electorales, cuando no se convierte en el acusador y perseguidor de sus opositores.

Por último, el Estado es víctima de la corrupción, el desfalco y de las organizaciones criminales del narcotráfico, que minan sus decisiones e inhiben sus acciones, cuando no es presa de saqueos.

Sí, el Estado es débil y por ende presa de los más disimiles intereses. En esta coyuntura de las negociaciones de paz, podría decirse que las Farc se aprovecharon de su debilidad, no solo para pactar amnistías, indultos y justicia de transición, sino para establecer el mal llamado fast track en el Congreso, la Csivi como cogobierno y una nueva jurisdicción para la paz, a manera de Estado paralelo.

No se trata de obtener más recursos para el Estado, pues ya cuesta alrededor del 38 por ciento del PIB, sino de promover la obediencia de la ley, la cultura ciudadana, el respeto por la cosa pública, y construir un Estado al tamaño de nuestro territorio y de nuestro lugar en la nueva globalización.