Consulta Anticorrupción: Mejor NO

La consulta anticorrupción propone 7 preguntas: reducir sueldos de congresistas y altos funcionarios; cárcel a corruptos; contratación transparente; presupuestos participativos; rendición de cuentas de congresistas; extinción de dominio de propiedades injustificadas de políticos elegidos; máximo tres periodos para corporaciones públicas.

Es un lugar común el desprestigio de los congresistas, el constituyente de 1991 estableció un estricto régimen de inhabilidades e incompatibilidades junto con la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y el fuero penal en la Corte Suprema de Justicia, sin reducir efectivamente las malas prácticas políticas. También hay casos como el de los magistrados de las altas corporaciones judiciales, que prácticamente no tienen controles, y hay escándalos de corrupción. Lamentablemente, la corrupción se presenta en todas las ramas del poder y en los distintos niveles territoriales. En 2004 y 2009, se establecieron constitucionalmente otras inhabilidades para los servidores públicos, y la corrupción continúa. El problema no es solo de normas.

Las penas de cárcel para corruptos y otros infractores contrastan con los altísimos índices de impunidad (de 100 homicidios se condenan 8) y con el elevado hacinamiento carcelario de 48% (117 mil internos en espacios con capacidad para 79 mil). En otros términos, es muy difícil condenar a los delincuentes y cuando se logra no hay espacio en los lugares de reclusión. El problema no es solo de subir las penas.

Las rendiciones de cuentas y los presupuestos participativos pueden ser nuevas versiones de los consejos comunitarios de Álvaro Uribe, que requieren de la ciudadanía una mayor cultura política y conocimiento de los asuntos públicos, para su entendimiento y crítica. Hoy, mediante el derecho de petición y el acceso a los sitios web de las entidades públicas se obtiene la casi totalidad de la información sobre sus actividades y resultados. La contratación transparente no es suficiente para evitar la alteración de los pliegos o favorecer recomendados. El problema no es solo de acceso a la información.

Después de los gobiernos de Uribe y Santos, se abolió la reelección presidencial. En cuanto a los cuerpos colegiados, donde se permiten reelecciones indefinidas, nada se había dicho hasta esta propuesta que las limita a tres periodos, 12 años. Sin embargo, la principal razón para establecer esta prohibición es impedir que se utilicen los cargos y sus funciones para fines electorales, lo cual no se lograría con la propuesta. El problema es la reelección, habría que prohibirla.

Se estima que la consulta costaría más de $310 mil millones, más que una elección presidencial, más que las consultas interpartidistas, más que el plebiscito, más que el referendo constitucional de 2003 y mucho más de lo podrían reducirse en un año los salarios de altos funcionarios del Estado. El problema es que no hay dinero para malgastarlo en propuestas insuficientes e ineficientes.

Los procedimientos de participación popular son canales de decisión directa de la ciudadanía, no deben ser fórmulas alternativas de partidos ni gobernantes para mejorar su popularidad o cubrir un déficit de legitimidad, como ocurriría con esta consulta o con el plebiscito por la paz.

Por último, la campaña de la consulta como la del plebiscito, acuden a esquemas excluyentes y maniqueos, amigo o enemigo. Resulta inconsecuente que se predique la inclusión, la tolerancia, la diversidad y a contrapelo se proponga la polarización sin matices.

Por todo lo anterior, como en su momento dijeron los opositores al plebiscito refrendatorio del acuerdo con las Farc, ahora en la consulta anticorrupción se debe decir: Mejor NO.