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Opinión

  • | 2018/07/10 06:10

    Santos el mudo, Petro el incendiario

    Nada justifica la escalada de asesinatos, ni los demás atropellos que cometen los violentos contra los colombianos y frente a lo cual sorprenden, el silencio del presidente y el osado intento de Petro de obtener réditos políticos.

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Quedó en sus memorias que el sanguinario jefe paramilitar Carlos Castaño tenía un cuaderno en el que apuntaba los nombres de integrantes o colaboradores de la guerrilla. Colocaba una cruz cada vez que recibía denuncias contra ellos y a todo el que completara tres  cruces, lo mandaba a matar. En épocas del Caguán, tras sobrevivir a un intento de asesinato por parte de las Farc, en represalia dio orden de asesinar a todos los que estaban relacionados en el cuaderno, con cualquier número de cruces. El hecho ocasionó una interrupción temporal de los diálogos de paz.

Despiadada, salvaje, oprobiosa, así ha sido y así es la violencia que ha esparcido el narcotráfico en Colombia y que hizo del nuestro, un país inagotable para la irracionalidad y la locura, y en el cual, Juan Manuel Santos, premio nobel de paz, entregará el próximo 7 de agosto el mando a su sucesor Iván Duque, al término de 8 años de mandato en los cuales han sido asesinados 570 líderes sociales, entre miles más de colombianos, víctimas de las mafias de todos los pelambres que imponen su ley y su autoridad a sangre y fuego en diferentes regiones del país.

Santos ha permanecido distante y silencioso frente a esa nueva escalada de crímenes contra líderes sociales y frente a la ola de indignación que ha suscitado en el país y en el mundo  –91 víctimas en lo que va corrido de este año-. Tal vez no tenga otra opción porque curtido en la política y protagonista en todos los gobiernos desde los años noventa, conoce la magnitud de sus culpas en lo que está sucediendo, al haber cedido, con cargo al proceso de paz con las Farc, al desmonte de la lucha contra el narcotráfico.  

Los análisis serios y neutrales coinciden en señalar que los asesinatos se concentran en los antiguos dominios de los desmovilizados y se deben, en su gran mayoría, a las disputas territoriales  entre mafias. La nueva tormenta de terrorismo que padecemos es consecuencia directa del crecimiento inusitado del narcotráfico que surgió de los acuerdos de La Habana. De las 209.000 hectáreas sembradas de coca que hay ahora en el país.

Calla Santos pero en contraste hablan con agresividad, a veces con insolencia y desfachatez, personas y organizaciones que tratan de presentar como nueva esta guerra triangulada –Farc, ELN, paramilitares- que victimiza a millones de colombianos  desde hace décadas. Mimetizados en medio de la loable, meritoria y abnegada labor de los verdaderos defensores de los derechos humanos, se agitan las burocracias de la paz, rentistas, agitadores, aparatos de propaganda, francotiradores de las redes sociales, organizaciones de abogados que han amasado inmensas fortunas moviendo  -a veces en forma ilegal y abusiva- la causa de las víctimas que debería ser sagrada y nunca objeto de mercantilismo.

Esta guerra política y de propaganda acompaña a las otras desde épocas remotas con características idénticas de intensidad y agresividad. Lo novedoso en la actual coyuntura  es que la amenaza tenebrosa e inquietante de las mafias, afila sus dientes en la confrontación y en la polarización que desató en el país –otra enorme paradoja- el tema de la paz. El ejemplo más notorio es el de Gustavo Petro quien sin consideración ni respeto por las víctimas, en la “tusa” dolorosa de su derrota electoral, se anima a manifestar que la persecución se dirige a líderes de su “Colombia Humana” y anuncia protestas y movilizaciones, una burda, repudiable e inapropiada estrategia para obtener réditos políticos de una crisis de tan impresionante dimensión y del drama que enluta a tantas familias.

La inseguridad y la violencia que se intensifican en el país en los últimos meses desnudan las flaquezas del actual proyecto de paz, su esencia retórica, su limitada capacidad para contener la barbarie y confirman que la paz  de verdad en Colombia todavía anda lejos porque exige, como mínimo, renunciar al narcotráfico, a la minería y a las demás actividades criminales que involucra.

Nada justifica el narcotráfico, ni la minería criminal, ni los asesinatos, ni los demás atropellos que cometen los violentos contra los colombianos. Desde el punto de vista de los actos terroristas no hay ninguna diferencia  entre lo que fueron en sus tiempos don Berna o Mancuso y los nuevos líderes del triángulo de la muerte de grupos armados ilegales de izquierda y de derecha. Son el enemigo común, no en el marco de una confrontación política o electoral sino en el de una guerra cruel y prolongada que arrasa sin consideración a todo aquel que represente resistencia o peligro para los turbios intereses de sus mafias.

Dijo hace pocos días Iván Duque en un reportaje con Yamid Amat en El Tiempo, que se propone activar en Colombia un proceso similar al de los Pactos de la Moncloa que en 1977 apaciguaron en España los odios políticos de varias décadas de dictadura, con base en la construcción de una agenda común para sanear la economía y sentar las bases para la convivencia democrática de todos los partidos y en todos los territorios. Con valor y generosidad pasaron de la confrontación al diálogo y al entendimiento, a los consensos, a la inclusión y en menos de una década convirtieron el país decadente que dejó Franco en una España próspera que pronto se niveló con la Europa desarrollada. El momento actual de Colombia se parece mucho en la enfermedad –crisis económica, confrontación política, caos en la justicia, precaria situación de derechos humanos-, pero no deja ver luces ni esperanzas para asimilar la solución y sobre todo para liberarnos de quienes siguen la incalificable metodología del cuaderno de Carlos Castaño. No estamos maduros para la paz.       

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