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Opinión

  • | 2006/03/14 00:00

    ¿Presidencialismo imperial?

    Jorge Iván Cuervo analiza las posibles consecuencias de que la bancada del Presidente Uribe haya arrasado en el Congreso.

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Ante el triunfo arrollador de los partidos y movimientos uribistas en las elecciones para el Congreso de la República, se despeja aún más la posible reelección del Presidente Uribe. Lo que para muchos constituye un triunfo que garantiza la gobernabilidad de cara a un segundo mandato, tesis que defiende Juan Manuel Santos, también puede leerse como una preocupante transformación del régimen político hacia una suerte de presidencialismo imperial sin contrapesos que puede derivar hacia alguna forma de tiranía de las mayorías, como lo llamaron los liberales federalistas del siglo XVII.

Y es que a la mayoría abrumadora en el Congreso, lo que permitiría aprobar todas las iniciativas legislativas y constitucionales que el gobierno considere –aprobación del TLC, reforma al régimen de transferencias, reforma a la justicia y a la tutela, nuevas reformas tributarias, entre otras- debe sumarse una posible mayoría conservadora en la Corte Constitucional ante la salida de dos de los magistrados de línea progresista –Beltrán y Córdoba-, cambios en la composición de la Junta Directiva del Banco de la República y la elección de un Contralor General afecto a los partidos que apoyan a Uribe.
Es decir, un Presidente con alta popularidad y amplio margen de maniobra para su gestión, un poder legislativo mayoritariamente uribista, una Corte Constitucional que puede perder su condición de tribunal contra mayoritario de defender los intereses de las mayorías, una Contraloría presumiblemente gobiernista, una opinión pública sensible a las estrategias de comunicación orientadas a reforzar el poder presidencial y unos gobiernos regionales con muy poca incidencia en equilibrar el escenario político nacional, es una transformación radical e inédita del régimen político colombiano que constituye un desafío enorme para la democracia.

En estas elecciones no sólo se cambió el sistema de partidos por uno más concentrado y aparentemente más disciplinado. También cambió el régimen político. Ahora estamos en presencia de una democracia delegativa y mayoritaria sin contrapesos en los otros poderes públicos, que puede conducirnos a una suerte de autoritarismo institucional, paradójicamente con el sello democrático, lo que, en principio, lo hace impugnable.
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