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Opinión

  • | 2005/02/06 00:00

    Presidente & ONG: una pelea mal casada

    Tanto el presidente como las ONG salen mal parados de sus enfrentamientos, sostiene Adriana Ruiz-Restrepo

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De lado y lado, la pelea está mal casada. No porque el Presidente se ponga bravo con algunas organizaciones que parecen apoyar a grupos al margen de la ley. Ni tampoco porque las ONG de derechos humanos se sientan afectadas por las duras palabras del Presidente. No, está mal porque ambas partes vienen casando una pelea basada en conjeturas y extrapolaciones que no tienen sentido. Es particularmente mala porque en el marco de la democracia contemporánea no puede haber un ganador sino, a lo sumo, dos perdedores.

Triste porque ni los ciudadanos organizados participando en lo público, cuando critican, así sea furiosamente, pueden tenerse por auxiliares de grupos al margen de la ley -como podrían querer hacerlo parecer de un lado-. Ni tampoco -como podrían querer hacerlo parecer del otro- estamos en un régimen dictatorial; para la muestra, el reciente fallo T-1191 de 2004, en el que, en términos muy coloquiales, ambas partes salieron peluqueadas por la Corte Constitucional. Las ONG, porque pudiéndose haber dado por no aludidas, fueron y se chantaron el guante. En el decir de la Corte, clasificarlas en el ya famoso tercer grupo de 'voceros del terrorismo' sería fundarse en simples conjeturas. Y el Presidente, porque la Corte, "dada la trascendencia" del tema, tuvo que recordarle que por ser el Primer Mandatario una opinión suya genera en la sociedad un impacto tal, que siempre debe fundarse en "un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad". Sus comunicaciones además deben contribuir en la defensa de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Más aún si se trata de organizaciones defensoras de derechos humanos que, por el riesgo en el que incurren al denunciar las violaciones de estos, son constitucionalmente consideradas sujetos de especial protección por las autoridades nacionales. Su rol, en palabras de la Corte, es fundamental para la democracia.

La importancia que otorga la Corte a las ONG no es un embeleco suyo. Basta con haberse echado una pasadita por Cartagena la semana pasada para ver a los representantes de la comunidad internacional reuniéndose con las ONG colombianas de derechos humanos. Esto no es propiamente porque los extranjeros sean unas pelotas que se dejen embolatar, y los colombianos en cambio sí seamos más pillines. No. La razón es que las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, y particularmente las ONG, son los nuevos actores sobre el escenario democrático. De ahí que esta pelea no pueda continuar.

De lado y lado se han generado animadversiones y estereotipos que es lo que menos necesitamos en este país hipernervioso que se la pasa buscándole culpable a su situación de 'conflicterrorismo' (no hay sic). No se puede olvidar que ambos son actores fuertes, pues así como el Ejecutivo puede impactar alta y negativamente a través de medios masivos de comunicación en la opinión nacional, también es cierto que en nuestro mundo contemporáneo las redes de Internet utilizadas ampliamente por los nuevos actores de la sociedad civil global pueden lograr el mismo efecto. Y así terminamos sumándole al reojo nacional sobre las ONG, el reojo internacional sobre el Estado colombiano y su gobierno.

Mi hipótesis es que el nuevo rol democrático que desempeñan este tipo de organizaciones de ciudadanos incidiendo en lo público es lo que constituye la fuente de desencuentros entre ambas partes. En Colombia aún no hemos empezado a ajustarnos a la mayor mutación democrática de los últimos tiempos: el monopolio estatal de lo público -ese que conocemos desde que la democracia es democracia- ya no va más. Desde hace unas cuantas décadas, los ciudadanos se han empezado a empoderar y a desplegar su solidaridad hacia el entorno mediante estas organizaciones concretadas sobre personas jurídicas sin ánimo de lucro con las que pueden intervenir en lo público más allá del espacio tradicional -de los comicios electorales, cada cuatro o cinco años.

Al gobierno colombiano lo que le preocupa es no saber qué pasa en ese medio, que allí puedan asentarse quienes operan al margen de la ley. A las ONG, que su nuevo rol sea descalificado o imposibilitado, y se mine su legitimidad ciudadana e impacto. Preocupaciones estas que se disparan cuando su punto de contacto es la debilidad central de un país. En EUA, por ejemplo, las ONG que más tallan son las ambientales; en los países musulmanes, las de mujeres y en los europeos, las ONG que abogan por los derechos de inmigrantes de ex colonias o países como el nuestro. En Colombia el problema de seguridad, y por ende del derecho a la vida, explica por qué las ONG de DH generan más polémica que las otras fundaciones y corporaciones/asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con discapacitados, empresarismo, cultura o microcrédito. De hecho respecto de estas últimas, el Presidente ha inclusive reclamado la creación de un mayor número.

El Estado contemporáneo ya no tiene el monopolio de lo público -tiene que aprender a compartirlo con las organizaciones ciudadanas-. Pero, como en todo caso el Estado sí sigue siendo el único responsable del interés general, las ONG tienen que aprender a aceptar este hecho. Occidente, incluida la Europa ensanchada, lo ha venido entendiendo así; basta revisar la biblioteca virtual del Centro Internacional de Derecho sin Ánimo de Lucro -Icnl, por su sigla en inglés-, que registra normas y políticas públicas de ONG y tercer sector en buena parte del planeta, para comprobarlo.

En Colombia, códigos de autorregulación, proyectos de ley y estudios del Congreso han muerto sin siquiera ver la luz. El Estado y las ONG se mantienen en la penumbra, adivinándose sólo al chocar. Si bien es comprensible que la reacomodación de todos los actores en el espacio público tome tiempo, también es cierto que ya ha pasado bastante agua bajo el puente. Fallos nacionales y observaciones de medios y gobiernos internacionales demuestran que es hora de que las partes se reconozcan y creen un espacio de interlocución permanente y reglas de juego con responsabilidades claras para ambas partes. No hay ninguna razón para que este país que se ha ufanado siempre de su democracia histórica se atranque y no logre evolucionar a la par de ella. Esa es una pelea mal casada, porque desde ya está perdida con la historia.

*Adriana Ruiz-Restrepo es investigadora de un doctorado en el tema en París II y miembro del Consejo Asesor del Icnl en Washington (derechosol@hotmail.com)
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