opinión

Columna de Juan Manuel Charry
Columna de Juan Manuel Charry - Foto: Juan Carlos Sierra

Presidente Petro

Que se logre la paz con los alzados en armas, que se supere la visión de conflicto social donde se ve a otros compatriotas como oponentes a quienes se debe derrotar.


Por: Juan Manuel Charry Urueña
Foto: columna Juan Manuel Charry
Presidente Petro. - Foto: Foto: columna Juan Manuel Charry

El pasado 19 de junio resultó elegido Presidente de la República Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, con 11′281.013 votos a su favor, equivalente al 50,44 %, superando a su competidor Rodolfo Hernández por 700.601, diferencia equivalente al 3,13 %.

Acudieron a las urnas 22′658.694 ciudadanos, equivalente al 58,09 % del censo electoral, una de las participaciones más altas de la historia reciente, superada únicamente por la participación en las elecciones de 1998 que fue del 58,85 %. Desde este punto de vista se trata de una elección con amplia legitimidad democrática.

Se debe destacar la fortaleza institucional que ha permitido que alguien que se alzó en armas contra el Estado, llegue ahora a la Presidencia en virtud de unas elecciones cuyos resultados han sido generalmente aceptados. En contraste, no se puede dejar de lamentar la deplorable calidad de las campañas que acudieron a propuestas populistas y demagógicas, a las descalificaciones personales, el agravio y el vilipendio.

En el discurso del triunfo, Petro tuvo un tono conciliador, respetuoso de las diferencias y de la oposición, abierto al diálogo con intención de alcanzar acuerdos nacionales en beneficio de todos, deseoso de lograr la paz verdadera, corregir la inequidad social, liderar la protección del ambiente, y sorpresa … desarrollar el capitalismo! Sin embargo, insistió en limitar la explotación de petróleo, carbón y gas, principales fuentes de ingresos públicos, de riqueza nacional y abastecimiento energético.

Petro entra al club de los llamados gobiernos de izquierda en Latinoamérica, donde las políticas económicas han causado pobreza, inflación y pérdida de valor de las monedas en países como Venezuela, Chile y Argentina, sin habar de Cuba, o menos dramáticos como Brasil, México y Perú. La prueba de fuego para el nuevo gobierno es mantener una tasa de cambio por debajo de $4 mil, más si se tiene en cuenta que el precio del barril de petróleo lleva semanas por encima de USD 100 y el carbón ha subido de precio significativamente. De ahí que limitar la explotación de combustibles fósiles afecta en forma grave la económica nacional. Estas realidades nos dirán si tiene los pies en la tierra o la cabeza en las nubes.

Así mismo, hablar de reforma tributaria para conseguir ingresos adicionales para el Estado en sumas de $50 o 60 billones, sin garantizar un crecimiento económico sostenido, es condenar a los colombianos a la pobreza. Así las cosas, el manejo económico será la clave del éxito o fracaso, como lo ha sido para los demás gobiernos.

En cuanto a la política, la forma como se construyan las mayorías en el Congreso y se establezcan las relaciones con los partidos políticos nos dirán mucho acerca del estilo de gobierno. De igual forma, la manera en que se reparta la pauta en medios de comunicación de las entidades estatales indicará su relacionamiento con la opinión pública. De otra parte, las negociaciones de paz con los insurgentes del Eln y las disidencias de las Farc deberían tener costos democráticos bajos, si se tiene en cuenta que el nuevo gobierno tiene afinidades con su lucha ideológica. De otro lado, no debería haber revanchismo contra las Fuerzas Militares y la Policía.

Bienvenidas las intenciones de establecer diálogos con los diferentes sectores políticos y sociales, así como la de alcanzar acuerdos nacionales. Mejor así, que se logre la paz, no solo con los alzados en armas, sino que se supere la visión de conflicto social donde se ve a otros compatriotas como oponentes a quienes se debe derrotar.

Finalmente, que se respeten la Constitución, las leyes, la separación de poderes y las libertades, especialmente las económicas, que las diferencias se tramiten por los conductos jurídicos y no incitando en las plazas públicas a manifestantes contra las autoridades.