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Opinión

  • | 1996/04/15 00:00

    PRESIONAR AL CONGRESO

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A partir de esta semana, cuando el Congreso apruebe la ley que levanta la reserva del sumario para el juicio al presidente Samper, el país se va a meter de cabeza en ese tema y no se va a hablar de otra cosa durante los siguientes dos o tres meses, hasta que los parlamentarios decidan si lo absuelven o lo condenan.La consigna lógica es, pues, presionar al Congreso para que tome la decisión que cada cual considere justa.Frente a este tema ha habido dos posturas preponderantes, a mi juicio ambas equivocadas. La una, que defienden los parlamentarios, consiste en señalar que frente al juicio del Presidente el Congreso se convierte en juez y que, por lo tanto, a los parlamentarios hay que darles tratamiento de magistrados. Esto es, darles un espacio de silencio y reflexión, sin presiones ni debates, para que ellos, en la intimidad de sus conciencias, puedan valorar con serenidad los elementos probatorios y emitir un fallo.Esto no tiene sentido. El Congreso es el foro político por excelencia, y en esa condición es el depositario natural de todas las opiniones, discusiones y presiones por parte de todos los sectores de la ciudadanía que estimen conveniente hacerlo. El Congreso es por naturaleza presionable, y cuanto más importante sea para el país el tema que esté manejando, tanto más valor tiene la decisión de la gente de ejercer presión para que el Parlamento agarre por un camino o por el otro.Nada de respetar el letrero de 'Silencio, magistrados meditando' en las puertas cerradas de los salones del Congreso. Hay que abrirlas a patadas de par en par y entrar a intervenir en todos y cada uno de los aspectos de ese debate. Es justo para eso es que se levante la reserva sumarial del proceso contra Samper.La actitud contraria puede ser, incluso, peor. Consiste en descalificar al Congreso de antemano por considerarse que las mayorías liberales, por un lado, y la solidaridad con el Presidente de muchos parlamentarios vinculados en forma directa o indirecta con el proceso 8.000, conducen a una absolución inevitable que convierte al Congreso en una instancia inaceptable como juez del jefe del Estado.Esta postura tiene tanto de infantil como de peligrosa. Infantil porque zapatear con rabia no sólo no neutraliza el inevitable juicio en el Congreso sino que, al revés, induce a los parlamentarios ofendidos a tomar la decisión contraria a la que buscan sus atacantes. Y si lo que se quiere es que caiga el Presidente, ésta es la peor estrategia de todas las imaginables.Y peligrosa porque borrar de un plumazo al Congreso, a pesar de ser el escenario obvio de un juicio político, es una medida de hecho que alienta otras similares, pero que pueden tener consecuencias mucho más graves. Un militar acucioso, por ejemplo, traduciría en su lenguaje castrense la consigna de desconocer al Congreso, como la obligación patriótica de echarle candado al edificio donde se reúnen los congresistas. Y por ahí derecho a cualquier otra institución que pueda estar teniendo un comportamiento que se pueda considerar inmoral.No veo tan claro que sea del todo previsible el resultado del juicio a Samper en el Congreso. Es evidente que se tiene que dar la tendencia a que las mayorías del partido de gobierno tiendan a socorrer a su Presidente. Entre otras cosas, la figura del juicio público tiene como premisa que las mayorías funcionan como seguro para la estabilidad presidencial. Lo absurdo sería que en un proceso político decidieran las minorías.Lo que debe suceder es que todos los estamentos de la sociedad presionen a los parlamentarios para que las decisiones finales correspondan a los elementos que el país va a tener oportunidad de ver, gracias a que el secreto del sumario ha desaparecido.Y como se ha dicho mil veces, todo aquel que considere que el resultado ha sido contraevidente, o que piense, incluso, que han sido justos el juicio y el veredicto pero que la situación del país es ingobernable, tiene derecho, ahí sí, a pedir la cabeza del Presidente. Lo demás es una locura.
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