El tamaño del Estado

La Constitución permite la aprobación de un presupuesto de gastos inferior a los ingresos, siempre que el gobierno proponga la creación de nuevas rentas para financiar los gastos contemplados.

De otro lado, la misma Constitución establece un marco de sostenibilidad fiscal, que debe orientar a los órganos del poder público, para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. Así, se establece un incidente de impacto fiscal para evaluar las consecuencias de las sentencias en las finanzas públicas y establecer un plan concreto para su cumplimiento. La Ley 1473 de 2011, establece la regla fiscal, esto es, el déficit estructural del Gobierno Nacional no será mayor a 1 por ciento del PIB a partir del año 2022 y en la senda decreciente al 1,9 por ciento del PIB o menos para 2018.

Como consecuencia del acuerdo con las Farc, se expidió el Acto Legislativo 4 de 2017 que compromete recursos del Sistema General de Regalías, por los próximos 20 años para su implementación.

El proyecto de ley de presupuesto para 2019, asciende a 259 billones de pesos. De estos, 31,2 billones (12 por ciento) corresponden a gastos de personal, 8,9 billones (3,4 por ciento) a adquisición de bienes y servicios, 113,8 billones (43,9 por ciento) a transferencias de ley, 2,2 billones (0,9 por ciento) a comercialización y producción, 66,4 billones (25,7 por ciento) al pago del servicio de la deuda, 35,4 billones (13,7 por ciento) a inversión, y 1,1 billones (0,4 por ciento) a otras cuentas. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, los gastos de las entidades territoriales para 2018, serían de 81,9 billones de pesos, que para 2019 estaría cerca de 86 billones. Si consideramos el PIB en más de 1.060 billones, el costo del Estado colombiano, con regalías, equivaldría al 33,5 por ciento del PIB.

Es cierto, con el proyecto de ley de financiamiento se discuten las cargas tributarias para las personas con distintos ingresos, así como para las diferentes empresas. También es cierto, que con la regla fiscal se limita el endeudamiento del Gobierno Nacional. Pero lo que no se discute es el tamaño del Estado, pues a menor endeudamiento mayor tributación, con tan solo 2,6 millones de declarantes de renta.

Así las cosas, se debería abrir la discusión para establecer el tamaño del Estado y sus responsabilidades sociales en materias tales como salud, educación, saneamiento ambiental e infraestructura. ¿Debe el Estado costar una tercera parte de lo que producimos en Colombia durante un año? ¿Se deben establecer incentivos por cumplimiento de metas y reducción de la corrupción? La lógica ha funcionado a la inversa, si se requieren más gastos en salud, en razón a la jurisprudencia constitucional, el Gobierno debe procurar los recursos, sin consideración a límite alguno. Si el acuerdo con las Farc requiere de más jueces y funcionarios, el Gobierno debe obtener los recursos. Al final, es la sociedad y básicamente los contribuyentes quienes deben poner los recursos.

De otro lado, también conviene discutir la posibilidad de establecer topes o límites al recaudo de impuestos; por ejemplo, el proyecto de ley de financiamiento pretende recaudar 14 billones de pesos estableciendo diferentes tributos, pues bien, una vez recaudados deberían cesar tales impuestos. En otras palabras, todo impuesto transitorio debería desaparecer una vez cumpla su finalidad.

En síntesis, no se trata de conseguir los recursos para los gastos que consideramos, pues el Estado Burocrático siempre tenderá a crecer, sino de establecer qué porcentaje de los ingresos que producimos se destinarán a los asuntos públicos, esto es, el tamaño del Estado, y la posibilidad de aumentar o reducir la proporción de acuerdo a la eficiencia y ausencia de corrupción.