¿Nos quedaremos sin paz y sin verdad?

El Proceso de Paz le quedó grande al país, y es lástima decirlo, también al presidente de la república. Al acierto de haberlo emprendido y culminado exitosamente al lograr que las Farc dejaran o entregaran las armas, como se quiera, a cambio de hacer política legalmente, siguió una cadena de errores inverosímiles.

El primero de ellos, el plebiscito, que desgraciadamente contó con el apoyo de innumerables juristas de primer orden según los cuales los acuerdos de paz eran distintos de la paz misma, que la paz firmada con las Farc no tenía nada que ver con el derecho a la paz, y que en consecuencia lo que se sometía a consideración del pueblo no era la paz sino los acuerdos. Lo artificial de la distinción salta a la vista.

Esta tesis fue, sin embargo,  la misma de la Corte Constitucional en una sentencia para el olvido. Al mismo tiempo que señalaba que la paz como derecho constitucional fundamental no podía ser objeto de votación en las urnas, declaraba constitucional la ley que autorizaba el plebiscito cuyo objeto era precisamente decidir sobre la paz, hasta el punto que el presidente afirmaba que si no era aprobado, la guerra llegaría a las ciudades. Ese dilema, así planteado con todas sus letras, no le dijo nada a la Corte Constitucional.

Después tuvo que hacer maromas jurídicas cuando el plebiscito fue derrotado por el doctor Álvaro Uribe, para señalar que Congreso y Pueblo era lo mismo. El Acto Legislativo No.1 de 2.016 conocido como fast track decía en su a.5°: “Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Interpretó la Corte que donde dice “refrendación popular” podía entenderse refrendación por el Congreso.  Fue una estratagema jurídica al mejor estilo de Maduro quien convocó una Constituyente cuando de acuerdo con la Constitución venezolana sólo lo podía hacer el pueblo en las urnas. De la misma manera que Maduro dijo “el pueblo soy yo”, el Congreso de Colombia dijo “yo soy el pueblo”.  

Pero los errores no terminan allí. En este mismo A.L. establecieron un régimen especial para tramitar las leyes, régimen que ya existía en el a.163 de la Constitución. Pero se quería mandar el mensaje, quizá con intenciones inconfesables públicamente, de que la Constitución del 91 no contemplaba mecanismos para tramitar rápidamente las leyes de implementación del Acuerdo, después de que perdieron alrededor de 9 meses en el error del Plebiscito.

¿Había una secreta conspiración contra la Constitución del 91?  Lo digo por dos razones adicionales: 1) Haber dispuesto en el A.L.No.1 /16 (a.4°) que el Acuerdo Final de Paz hacía parte del bloque de constitucionalidad, lo que convertía a los equipos negociadores en La Habana en términos reales en una Asamblea Constituyente; 2) Llamaron plebiscito lo que de verdad era un referéndum sobre los diversos temas de los acuerdos, lo que constituía un fraude a la Constitución que prohíbe los “Referéndums Bloqueados”, que no otra cosa era el desdichado plebiscito. Por sus pasos contados fueron deslegitimando el proceso.

Luego de que con todos estos inconvenientes se aprueba por el Congreso el Acuerdo del Teatro Colón, el Gobierno no está a la altura de las circunstancias para su implementación, que ha resultado otro fracaso. Mucha retórica y poca ejecución. Palabras que sobran y obras que faltan, comenzando por la reincorporación, el otorgamiento de tierras a los guerrilleros, los proyectos productivos y la Reforma Rural Integral.

El presidente mantuvo como ministro de Defensa al doctor Juan Carlos Pinzón hasta la firma del acuerdo en Cartagena cuyo lenguaje descalificador del proceso era el mismo que utilizaba el Centro Democrático para desprestigiarlo. Y postula a otro enemigo del Proceso de Paz para la Fiscalía, que termina seleccionado por la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hizo fue atacar al líder del proceso, al presidente de la república, diciendo que habría recibido la campaña “Santos Presidente” un millón de dólares proveniente de Odebrecht y entregado a Roberto Prieto por intermedio del exsenador Otto Bula, quien desmintió la farsa. Lo dijo, claro, como es su costumbre, sin ninguna prueba, porque como se trata de declaraciones políticas y no jurídicas, casi nadie observa que las dice sin pruebas. También sin pruebas se ha burlado de la entrega de armas y de bienes de las Farc al afirmar que se quedaron con dineros y con armas. Parece que estas no hacen falta ni en la Fiscalía ni en la opinión pública en estos tiempos de confusión.

¿Qué lleva al presidente a realizar un día un plebiscito innecesario que resultó suicida; otro día a incorporar al bloque de constitucionalidad los acuerdos? ¿Otro a ignorar el a.163 de la Constitución? ¿Qué a una actuación tan ineficiente, tan ineficaz en la implementación de los acuerdos? ¿Qué a designar en puestos claves a enemigos del proceso?  

En contraste, el expresidente Uribe trabajaba con ideas como la de “la impunidad” según él consagrada en los acuerdos, “la no elegibilidad” para los cabecillas de las Farc y el insulto personal para estos, que hacían amplia carrera en la opinión ciudadana. Y con una incansable, eficiente y eficaz actividad política de campo, se apoderó de la mente de innumerables colombianos hasta crearles un reflejo condicionado en contra de todo lo que tenía que ver con el proceso. Probablemente impondrá el próximo presidente de la república. De lograrlo, implicará su ascenso al poder por tercera vez.

El país retrocederá, así,  en materia de defensa de la Carta de Derechos porque ya su candidato, el doctor Iván Duque, ha dicho: “Quiero una justicia eficiente… que evite los choques de trenes”. Es una alusión a eliminar la acción de tutela respecto de las decisiones judiciales. Pero con la “habilidad” que le ha aprendido a su jefe, se cubre diciendo que quiere una justicia “que fortalezca la tutela” (El Espectador, 22 de abril de 2018) Es que los regímenes autoritarios acaban con los derechos, de la misma manera que los regímenes socialistas acaban con la economía. No les gusta las Cartas de Derechos y la experiencia colombiana es que el último régimen autoritario que tuvimos no tenía empacho en violarlos a plena luz del día a través del DAS.

Lo anterior dibuja un panorama depresivo sobre el futuro de Colombia al saber el Proceso de Paz a punto de ser destruido; al saber que habrá más violencia próximamente, la acción de tutela castrada y con ella la Carta de Derechos; persecución a los adictos que necesitan su dosis personal confundiéndolos con jíbaros; eliminación de las altas cortes con sofismas como el de que en los Estados Unidos hay una sola, cuando es sabido que la Suprema Corte Americana es una Corte Constitucional en un país federalista, más aún, “una convención constitucional continua” según la célebre frase de C.E.Hughes, posteriormente presidente de ese Tribunal Supremo.

Como si todo lo anterior fuera poco, las esperanzas de éxito para lograr la paz con el ELN comenzando por un cese de fuegos y hostilidades; y el sometimiento a la justicia por parte de las bacrim, no parecen andar por buen camino o mejor, no parecen hacer camino. Nada extraño en medio de los retrocesos en el Proceso de Paz con las Farc y el caso Santrich que nadie sabe si es culpable, pero nadie quiere presumirlo inocente quizá porque ya el fiscal lo condenó al decir que tiene “pruebas contundentes” aunque no han sido controvertidas en juicio.

Y con el doctor Uribe en el poder y con su tesis de la “amenaza terrorista”, es improbable que se avance hacia la paz con el ELN y en el sometimiento a la justicia por las bacrims.

Como es propio de la guerra, tendremos triunfos militares, bombardeos, orgullo patrio, desfiles, condecoraciones, actos de valor, “el trueno del cañón”, “el canto del clarín”, bombas inteligentes, pero no tendremos paz sino desolación y muerte. Tendremos “viento trágico y siniestro”, como diría el poeta. Sangre y más sangre derramada, más que ahora, es probablemente el futuro que nos espera a pesar de la resistencia adolorida de Fernando Carrillo: “No podemos seguir llorando muertos y haciendo promesas sobre sus cadáveres”. (El Tiempo, 23 abril 2018, p.1.7)

Los países civilizados siempre han tenido respeto por los muertos. Pero el triunfo de los argumentos que nos llevarán a una nueva guerra parece haber eliminado este respeto como lo prueba el asesinato de Carlos Areiza, un testigo cuya protección la Corte Suprema había pedido le fuera reforzada. Ha trinado el expresidente Uribe quien es un ejemplo para tanta gente que lo sigue ciegamente: “Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto”. (@AlvaroUribeVel ) ¡Sin comentarios!

____________

Añadido: “Las masas de votantes crédulos crean las condiciones para que surjan demagogos carismáticos en épocas marcadas por la existencia de hombres-masa y estupidez organizada” (Rob Riemen, To Fight Against this Age, citado por Sergio Muñoz Bata, El Tiempo, 17 abril 2.018, p. 1.13)  

Constituyente 91*