A propósito de la mujer del año

Cada fin de año los medios de comunicación inician una carrera frenética por listar lo mejor y lo peor del año. Sin embargo, en el 2008 la arbitraria y odiosa lista de los personajes del año dejó por fuera a una mujer colombiana cuyos hallazgos son considerados uno de los avances científicos en salud pública más importantes de los últimos tiempos. Se trata de la epidemióloga colombiana Nubia Muñoz, una caleña que estuvo ad portas de obtener el premio Nobel de medicina, tras liderar los estudios que lograron determinar la relación entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello uterino.

Sin duda alguna, la inclusión de Muñoz dentro de la lista de los nominados a uno de los premios más importantes del mundo científico, debería ser un hecho ampliamente difundido y publicitado en nuestro país. No simplemente como un homenaje a una connacional cuya labor ha sido reconocida en el extranjero, sino debido a la influencia real que su trabajo ha tenido para mejorar la calidad de vida de muchas mujeres alrededor del mundo. Más allá de un gesto de reconocimiento, la mención a los logros de Muñoz pone de presente la enorme brecha que aún existe entre los avances médicos alcanzados en prestigiosos centros de investigación, y la posibilidad de que estos se conviertan en decisiones de salud pública que afecten positivamente la vida de hombres y mujeres.

En el caso concreto del cáncer de cuello uterino, esta brecha se debe fundamentalmente a dos razones, por un lado, a la desinformación en torno e la enfermedad y las formas de prevenirla, y por otro lado, al papel que juegan las farmacéuticas y los hacedores de política pública en la toma de decisiones.

Cada año 250.000 mujeres en el mundo mueren por cuenta del cáncer de cuello uterino, convirtiéndose así en la segunda causa de mortalidad por cáncer de las mujeres del planeta. Nueve de ellas mueren diariamente en Colombia, y sin embargo, todavía muchas mujeres – y hombres por supuesto – no acaban de entender que este tipo de cáncer está relacionado con una infección de transmisión sexual: el VPH.

Lo que tampoco saben es que este virus – causa directa del cáncer de cuello uterino – es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Las cifras son contundentes: alrededor de siete de cada diez mujeres ha tenido en algún momento de su vida una infección por este virus, y cerca de la mitad de las mujeres se infectan en los dos años que siguen al inicio de su vida sexual.

Se trata de un problema de salud pública particularmente grave para los países en vía de desarrollo, que afecta especialmente a mujeres que se encuentran en condiciones sociales, económicas y culturales que promueven la subordinación sexual. Es decir, mujeres de escasos recursos que enfrentan dificultades para acceder al uso de anticonceptivos y por ende gozan de baja autonomía reproductiva; que viven en zonas con deficientes condiciones sanitarias y tampoco han recibido una adecuada educación sexual, entre otros factores.

Sin embargo, muchas colombianas también desconocen que gracias al trabajo de Muñoz y de su equipo, hoy en día existen varias estrategias que previenen la transmisión del VPH, entre ellas una vacuna. Y aquí es donde las farmacéuticas entran a jugar dentro de la ecuación. A pesar de que las investigaciones publicadas por Muñoz durante la década de los noventa lograron atraer la atención de la industria farmacéutica para que se desarrollara la vacuna, hoy en día su distribución está sometida a que la paciente pueda pagar su altísimo precio, el cual oscila alrededor de dos salarios mínimos. Por su alto costo varios países, entre ellos Estados Unidos e Inglaterra, han incluido este tratamiento preventivo dentro de los programas de vacunación gratuita para adolescentes y mujeres jóvenes.

Aun así, en Colombia hay un enorme grado de desinformación en relación con los alcances y limitaciones de la vacuna, de lo cual son responsables tanto las farmacéuticas y los médicos, como los hacedores de políticas públicas a nivel nacional. Así por ejemplo, los médicos la ordenan sin informar debidamente que su efectividad no ha sido probada en mujeres mayores, sino más bien en pacientes entre los 9 y 15 años, es decir, niñas y jóvenes que no han iniciado su vida sexual.

Además, el Estado colombiano sigue tomando medidas aisladas y contradictorias en vez de generar una estrategia integral de salud sexual y reproductiva que contribuya a prevenir el contagio de maneras diferentes además de la vacuna. Por ejemplo, países como Chile y México han puesto en práctica otras estrategias que han logrado mejorar los indicadores. Sin embargo, en Colombia la incidencia y mortalidad de la enfermedad no está disminuyendo, lo cual coincide con las investigaciones de varios epidemiólogos que critican la ausencia de estudios de costo-efectividad a la hora de diseñar y poner en marcha estrategias para enfrentar el problema.

Mientras tanto, las adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia siguen iniciando su vida sexual – tal y como lo hicimos muchas otras antes que ellas – sin saber que se están exponiendo a una infección que puede costarles la vida. Esto, sin olvidar que debido al desconocimiento de los hombres, muchos de ellos son portadores del virus sin saberlo, y aún así, no asumen su corresponsabilidad frente a la salud sexual de sus compañeras, lo cual los pone en riesgo a ellos mismos.

Tal y como lo señaló recientemente la Corte Constitucional, las y los colombianos somos titulares del derecho fundamental a la sexualidad, condición necesaria para llevar una vida digna. Y para que dicho derecho se materialice, es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de desarrollar políticas públicas que garanticen una vida sexual placentera y libre de riesgo para hombres y mujeres. Deber que va más allá del debate sobre la gratuidad de una vacuna, pues tiene que ver con la generación de condiciones que garanticen que las mujeres podamos decidir sobre nuestra sexualidad de manera abierta, responsable e informada… sin riesgo de morir en el intento.