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Opinión

  • | 2018/06/05 21:11

    Una mala señal

    Vi el debate por televisión. Por el canal Telislas. Es decir, vi el debate por la televisión pública regional. Aunque debate exactamente no fue, porque el gobierno propuso retirar el proyecto de ley 174 para crear el famoso Regulador Convergente, en este caso un factor divergente desde la semana pasada cuando empezó a rodar por Twitter una alerta por la convocatoria urgente de las comisiones sextas de Cámara y Senado, para votar el proyecto.

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¿Tanto afán del senador Mario Fernández Alcocer para que pasara el proyecto, por qué? Si había ya un proyecto de ley trabajado por el MinTic, compartido y debatido con todos los interesados y presentado en octubre de 2017, ¿por qué hacerle tantas modificaciones hasta dejarlo parecido a ese otro presentado a mediados del año pasado por el senador Andrés García Zuccardi y que se hundió de tanta cosa que le colgaron los propios cable operadores, como fue notorio en el texto?

En el debate el senador Fernández Alcocer se defendió indignado (yo lo vi mientras canaleaba por la tv pública regional, porque no solo Teleislas lo pasó en vivo), exigiendo argumentos al MinTic para retirar el proyecto, defendiendo su idoneidad y derecho como senador para introducir todos los cambios que le parecieran necesarios, en uno de esos alegatos efervescentes de los que saltan chispas para encandilar y que no se vea el tema de fondo.

La verdad, no creo que el senador quiera acabar con los canales regionales, que tal vez no ha tenido tiempo de ver y que, en el caso de Telecaribe, región de la que es oriundo, beneficia a siete departamentos: refleja su cultura, idiosincrasia, noticias de interés, proyectos comunes, música, deportes, talento y muchos temas más que fortalecen el patrimonio y la identidad regional.

Personalmente, prefiero a Teleislas por su forma de presentar y mostrar lo que ofrece el Archipiélago, cultura, gastronomía, hablado en creole a ratos, sencillo y riquísimo en la manera como la gente participa en los programas que emite. Hay otros canales regionales más elaborados, con un toque farandulero y producidos a lo canal privado, con más contenidos de entretenimiento, como sucede con la decana Teleantioquia, que a la hora del debate presentaba a un gurú local de la carta astral/horóscopo/numerología, muy entrador y en onda culebrera dando los números de la suerte (para la lotería, supongo) a la audiencia conectada.

Y está Señal Colombia, con una oferta variada y una parrilla bien pensada; o Telecafé, donde veo entrevistas y programas sobre cómo conocer y proteger a las aves de la región, que es una de las zonas favoritas para los pajareros del país y los extranjeros que vienen ver precisamente lo que pocas veces alcanzamos a ver de Colombia a través de los privados o cable operadores. Esas y otras perspectivas más, con diferente factura y recursos, es lo que ofrecen los ocho canales regionales.  Una mirada mucho más democrática, representativa e informativa sobre un país al que le cuesta mirarse.

Lo que pasó, tal vez, es que el senador antes que perjudicar a la televisión pública lo que quería era beneficiar a los cableoperadores privados, a la televisión por suscripción, tramitando esta ley antes de salir del Congreso pues no se postuló para la próxima legislatura para darle la oportunidad a su esposa, a quien la votación del pasado 11 de marzo no le alcanzó para heredar la curul.  El beneficio con el proyecto de ley del ponente Fernández Alcocer se traduce en algo así como 135.000 millones menos que recibirá la televisión pública si se reduce a 1.96% de los ingresos brutos la contraprestación que le corresponde a los 46 cableoperadores que hay en el país.

Además, esos recursos para la producción de contenidos ya no estarían en un fondo independiente y con esa destinación específica, sino que entrarían a un mismo saco presupuestal bajo el manejo del MinTic, sin garantía alguna de que algo le quede a la televisión regional para realizar los contenidos y mover la industria de la producción audiovisual local y nacional, la misma que el año pasado exportó 77 millones de dólares y que tiene, mal contadas, unas 3000 personas trabajando en contenidos, participando en convocatorias, apostándole a otra forma de narrar lo que somos, lejos de las grandes productoras que trabajan para los canales privados. Otras ligas.

Las empresas por suscripción salen beneficiadas con este proyecto como está redactado. Pero por omisión –porque en él no se dice nada- también salen bien libradas las llamadas plataformas OTT (Netflix es ejemplo perfecto), que a pesar de contar ya con millón y medio de abonados en Colombia (según cálculos porque no están obligadas a decir el número de suscriptores) no pagan impuestos, no reportan nada mensualmente, no tiene obligación de transmitir producciones locales ni de contratar en el país una determinada cuota de contenidos, cosa que sí logró España y por eso allí el 30% de lo que presenta Netflix debe ser hecho localmente, lo que además de trabajo le da proyección a la industria de los independientes.

Todo esto es una mala señal. Y lo es porque este tipo de ponencias no entienden el valor que tiene la televisión regional y tratarán de resucitar el esperpento no exactamente para beneficio colectivo. Porque la “capacidad de gestión” de los cableoperadores siempre va a encontrar a algún senador dispuesto a colaborarles. Y porque quienes las hacen y les meten urgencia son incapaces de comprender que para la televisión pública y regional el negocio es otro. Como lo dijo en el fallido debate Emiliana Bernard, gerente de Teleislas: “Desde las regiones estamos construyendo un país multiétnico y diverso”.  

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