Punto de quiebre

El Presidente ha formulado objeciones sobre las atribuciones de la JEP, y anunciado la presentación de una reforma constitucional para introducir otros cambios. Por una u otra vía pretende, entre otros, ajustes sobre el privilegio de no extradición para los antiguos guerrilleros, la plena disposición de sus patrimonios para reparar a sus víctimas, una regulación restrictiva de la garantía de no extradición, el juzgamiento, por la justicia ordinaria, de quienes durante el conflicto hayan cometido delitos sexuales contra niños y adolescentes.  

Con las propuestas ya conocidas se despeja el sentido de la frase críptica del presidente Duque durante la campaña y estos primeros meses de su mandato: “Ni risas ni trizas”, lo cual significa que no asume el acuerdo con la guerrilla fariana como un texto inmodificable, y por eso propone cambios que considera necesarios, pero tampoco que busca aniquilarlo; antes bien reafirma su voluntad de seguir adelante. Como las acciones gubernamentales ponen en marcha tanto al Congreso como a la Corte Constitucional, y en esa dinámica se pueden presentar perspectivas contrarias, la oposición percibe un “choque de trenes”. Es lo que pasaría si Duque hubiera anunciado que no acatará las determinaciones del Parlamento y la Corte Constitucional; la verdad es que ha dicho todo lo contrario. Nuestras instituciones son suficientemente robustas para soportar estas tensiones.

Tampoco es correcto decir que con estas determinaciones y anuncios se pone en riesgo el funcionamiento de la JEP, aunque es indudable que las iniciativas del Gobierno inciden en su marco de competencias y su operación. Paradójicamente, la demora en la entrada en vigor de la ley estatutaria le confiere grados mayores de discrecionalidad. Y como no estamos ante trivialidades, tonto sería negar que los cambios que se buscan generan amplios debates. Es normal que esto ocurra. Quienes negociaron el acuerdo, tanto en representación del Gobierno como de la guerrilla, obviamente consideran que lo que hicieron es lo mejor para Colombia. Hoy las mayorías políticas respaldan a quienes fueron críticos de esas negociaciones.

¿Puede el Presidente objetar, por razones de conveniencia, las reglas que considera inadecuadas a fin de que el Congreso modifique la ley estatutaria antes de que entre en vigencia?

Para definir esta cuestión es preciso recordar que, en un Estado de Derecho, las normas que integran el sistema jurídico están organizadas de modo jerárquico; para garantizar la intangibilidad del estrato superior -la Constitución- la Corte puede retirar aquellas leyes que le sean contrarias. En el caso concreto es preciso advertir que esa ley estatutaria debe guardar congruencia con las reformas constitucionales que se aprobaron para “implementar” el Acuerdo con las Farc, luego de que el texto de La Habana fue rechazado en el Plebiscito.  

Dado que las objeciones del Presidente en buena parte procuran reintroducir textos que la Corte excluyó en su examen de constitucionalidad, un sector tal vez mayoritario de la opinión jurídica sostiene que no se puede objetar, como si fuere inconveniente, lo que en el fondo implica ir en contravía de lo que la Corte definió. He dicho que estoy en esa línea, aunque admito la complejidad del asunto.

A pesar de que sobre esto también existen posiciones encontradas, los escenarios posibles son: (I) Si la mayoría de los miembros de una y otra cámara rechazan las objeciones, el Presidente tendría que firmar la ley estatutaria; (II) si ambas las aceptan, la ley vuelve a control constitucional; (III) si una acepta y la otra rechaza, la ley se hunde.  En el primer caso, el Gobierno encajaría un fracaso notable que afectaría su capacidad de liderazgo. En el segundo, resultaría claro que cuenta tanto con sus propias bancadas como con parlamentarios de otros partidos. Sin embargo, en el caso de que la Corte rechace los cambios, ese eventual triunfo de poco le serviría. En el tercero, la JEP seguiría funcionando, como hoy sucede, sin un marco legal; malo, pero no es una tragedia. Consideradas todas estas alternativas, es evidente que el juego es arriesgado.

La otra dimensión de la apuesta -realizar algunos ajustes a la normativa constitucional propia de la JEP-, es todavía más osada. Implica desafiar la reforma constitucional que obliga a los tres gobiernos siguientes al de Santos a mantener la intangibilidad del Acuerdo del Teatro Colón. Si esa regla constitucional, que en su momento me pareció atroz, no puede ser modificada por otra, porque la Corte Constitucional lo impide, entonces el Acuerdo con la guerrilla es la verdadera Constitución de Colombia, en tanto estaría por encima de la Carta del 91. Ese escenario hipotético implicaría una crisis institucional que no vacilo en calificar como muy grave.

Por eso pienso que antes de transitar ese camino, que puede ser de abrojos, el Presidente debe considerar sus resultados prácticos. Lo digo por esto: así nos parezca horrendo, los autores de delitos sexuales contra los niños ocurridos durante el conflicto no pueden ser excluidos de la JEP. Lo impiden dos garantías constitucionales: “Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, es la primera; y la segunda: “En materia penal la ley permisiva o favorable…se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Sorpréndase quien quiera: los peores criminales también tienen derechos.

Briznas poéticas. Wislawa Szymborska describe la muerte que yo quisiera: “La muerte, / cuando duermes llega. / Y soñarás / que para nada necesitas respirar, / que el silencio sin aliento / no es mala música, / que eres pequeño como una chispa / y te extingues al compás. / Solo una muerte así. Sentías más dolor / sujetando una rosa en la mano / y más terror sentías / al ver caer un pétalo al suelo”.