PUNTO FINAL

En términos institucionales, la caída de un presidente no es un problema serio. Tiene implicaciones de todo orden, por supuesto. Se crea, por ejemplo, un ambiente de inestabilidad durante el proceso de presiones sectoriales y de discusiones políticas y judiciales previo a la caída.La economía se puede afectar mucho o poco, y es posible que el ambiente de estancamiento se vuelva terreno propicio para la violencia, como lo hemos visto en Colombia. Es probable, también, que mucha gente se eche bendiciones de miedo por la incertidumbre futura tras la caída de un presidente.Pero el hecho es que cualquier país con instituciones medianamente sólidas resiste una caída presidencial y el reemplazo por quien la Constitución prevea o por aquel que designen los políticos mediante acuerdos especiales de crisis. Y Colombia ha demostrado tener la fortaleza institucional suficiente como para aguantarlo.
Lo que no se ha discutido es si el país tiene la fuerza necesaria para resistir las consecuencias de las investigaciones por corrupción en el Congreso.
El cuadro general es, en términos generales, el siguiente: hay 12 parlamentarios procesados por la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía han sido mencionados por el proceso 8000, de una u otra manera, cerca de 40 congresistas; las declaraciones de Guillermo Pallomari y María Izquierdo hablan de algo así como 80 miembros del Senado y la Cámara enredados en denuncias por vínculos con el narcotráfico.
La semana pasada coincidieron QAP y el Noticiero de las 7 al informar que los nombres de buena parte de esos 80 parlamentarios aparecen como titulares en algunos de los 10.000 cheques que el Banco de Colombia entregó a la Fiscalía dentro de las investigaciones relacionadas con pagos de los narcos a los políticos.Las preguntas sobre lo que puede pasar al cabo de esa investigación son espeluznantes. ¿Cuántos parlamentarios acabarán en la cárcel? ¿50?, ¿80?, ¿100?, ¿más de 100? ¿Quién reemplaza a los parlamentarios detenidos? ¿Los personajes que están en los renglones siguientes en sus listas y que fueron elegidos con los mismos dineros? ¿Qué hacer después: ¿Revocar el mandato del Congreso? ¿Cerrarlo?
Si el asunto es de esas dimensiones, el país no aguanta el remezón. Semejante número de parlamentarios en la cárcel es un elemento tan perturbador como lo fue en su momento el encarcelamiento de un número significativo de oficiales de las fuerzas armadas en Argentina.
Es posible que la única solución sea adoptar una ley de punto final, como se ha hecho en otras latitudes. El país tiene que empezar a discutirlo desde ya, pues cuando se acabe el proceso que involucra al Presidente nos vamos a encontrar a boca de jarro con el verdadero elefante blanco de la corrupción. La ley de punto final consistiría en que todo aquel parlamentario que esté siendo procesado _o que crea que puede llegar a serlo_ por haber recibido dinero del narcotráfico (es decir, si tiene rabo de paja), se puede ir tranquilo para su casa pero no puede volver a ser elegido o nombrado nunca jamás para un cargo público.De este beneficio se excluirían todos aquellos que hayan sido condenados por esos mismos delitos de corrupción al momento de ser aprobada la ley.Sería bueno salirle adelante al venado y anticiparnos a esta nueva crisis, y no tener que reconocer, demasiado tarde, que el árbol no estaba dejando ver el bosque.