¿Qué se debe hacer con la bonanza?

Varios analistas, incluidos el Ministro de Hacienda y el equipo técnico del Banco de la República, coinciden en indicar que la economía colombiana pasa por un muy buen momento. Se espera un crecimiento del PIB del 4,9% en el tercer trimestre del año, un incremento en las regalías por dos billones de pesos, equivalente al 10% del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional Central, y la llegada de nuevos inversionistas internacionales con capital fresco.

En este escenario de mejora sostenida en la situación general de la economía, el reto del gobierno Santos es lograr que los beneficios se extiendan a todos los sectores de la población. Esta socialización de la riqueza se debe apoyar en un paquete extenso de reformas que mejoren la forma en la que se utilizan y remuneran los tres factores de producción: trabajo, tierra y capital. Aquí trataré el tema del trabajo, mientras que los dos restantes ocuparán sus respectivas columnas.

En primer lugar, es importante realizar una reforma laboral que deshaga el daño que le hizo al país la reforma del gobierno Uribe. Flexibilizar las condiciones laborales no mejoró el ingreso promedio de la población y sí de las empresas. A los empleados no se les reconocen horas extras, festivos o dominicales. Hemos caído en esquemas de contratación perversos como el contrato por término de la obra o por prestación de servicios, que no garantizan ninguna estabilidad laboral. Además, estos esquemas son utilizados pues la empresa deja a cargo del trabajador la carga prestacional (salud y pensión). Sin embargo, con un salario mínimo de poco más de 500.000 pesos, es imposible para un trabajador hacer los aportes de ley y pagar vivienda, alimentación, y transporte (si es que no tiene cónyuge e hijos). Así, ocho años después, se ve que el experimento de liberalizar las condiciones de empleo fracasó.

El tema del valor del salario mínimo es harina de otro costal, sobre todo por las implicaciones inflacionarias que conlleva una drástica modificación en su valor. Sin embargo, es importante que dentro de la definición de “prosperidad” del Gobierno esté lograr que todos los colombianos empleados y sus familias tengan derecho a salud y a pensión. En este sentido, es importante forzar a los empleadores a correr con su parte de las cargas prestacionales. El incentivo para generar nuevos empleos no puede ir en detrimento del bienestar del futuro empleado. Sería más sensato ofrecer beneficios tributarios en temas de IVA o impuesto a la renta para las empresas que aumenten su nómina a través de contratos de largo plazo.

En segunda instancia, el Gobierno debe utilizar parte de los recursos disponibles para realizar los grandes proyectos de infraestructura que el país tiene en mora desde hace décadas. Estos proyectos son grandes generadores de empleo de mano de obra, tanto calificada como no calificada. La ventaja es que estos no sólo generan beneficios de largo plazo en temas de transporte y comunicaciones, sino que en el corto plazo ayudan a reducir el desempleo.

En tercer lugar, es importante generar una política de redistribución de los recursos públicos para estimular el desarrollo de las regiones más alejadas de las ciudades, pues es allí donde se concentra la mayor parte del desempleo y el subempleo del país. En este sentido, la propuesta de reforma al sistema regalías es sensata, pues busca que los recursos adicionales que ingresaran al país por el 'boom' de la minería se enfoquen hacia las zonas más vulnerables y atrasadas del país.

La inversión de esos recursos, sin embargo, se debe manejar con mucho cuidado. Hay que evitar a toda costa que, debido a actos de corrupción, se caiga en situaciones tan poco deseables como la de Agro Ingreso Seguro. Además, se debe identificar claramente los grupos de la población que requieren de la asistencia del Estado como único mecanismo de financiación al no tener acceso al sistema financiero ni capital acumulado para adelantar proyectos productivos. Para esta asignación de recursos públicos ya el gobierno Santos ha identificado las “cinco locomotoras” de la economía, con el agro y la minería a la cabeza. Con un sólido plan de tecnificación del agro y con una política de tierras y de seguridad coherente y justa, se puede lograr llevar los beneficios de la bonanza a los colombianos que habitan en las zonas rurales más remotas del país.

Finalmente, para generar empleo dentro de los centros urbanos, el Gobierno debe volverse el principal socio de la iniciativa privada. Es decir que, sin caer en un Estado asistencialista, los recursos del fisco deberían proveer a aquellos colombianos con vocación empresarial que carezcan de capital, el dinero necesario para emprender su iniciativa. Esta asistencia se podría prestar en la forma de créditos muy blandos, a bajas tasas de interés y con períodos de gracia. Además, se podría ofrecer estímulos tributarios para nuevas empresas que podrían consistir, por ejemplo, en reducir la tarifa de impuestos para empresas nuevas hasta su tercer año de vida.

Si los recursos públicos producto de la bonanza que está en ciernes se dirigen a generar proyectos productivos sostenibles en el largo plazo, tanto en el campo como en la ciudad, y se realiza una reforma laboral que dignifique la situación de los empleados colombianos y de sus familias, es posible que esta bonanza, a diferencia de las que se han presentado durante el último siglo, redunde en una mejora de la calidad de vida de todos los colombianos.

Nota: Con motivo del acto terrorista de la semana pasada, quiero decir que deploro cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal.

* Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales. Master of Science en finanzas de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor Investigador Cipe – Universidad Externado de Colombia. germanf.forero@uexternado.edu.co