La revista SEMANA, en días pasados, publicó audios en los que quien se desempeñaba como embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en conversación con quien a su vez fungía como jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, supuestamente la mano derecha del primer mandatario, involucrada en un escándalo con su niñera, el primero se despacha contra el Gobierno y la campaña electoral que lo precedió, en términos soeces, bochornosos e inaceptables, para las dignidades que en ese momento ostentaban.

Tales manifestaciones ocasionaron una tormenta política con posiciones de las distintas orillas, desde denuncias para dar inicio a un juicio político por financiación ilegal de la campaña presidencial, pasando por posible entrega de información a la DEA, la defensa gubernamental en la trama de golpes blandos, hasta la postiza candidez de justificar las muy impropias manifestaciones en el “trago” y la rabia, según se dijo, por una larga espera en la antesala presidencial.

Lamentablemente, estos hechos indicarían que el Gobierno se resquebraja desde adentro, que la actividad política ha caído a los niveles más bajos de pobreza intelectual, intereses prosaicos y pasiones egoístas. La oposición reactiva a los acontecimientos, se precipita a la descalificación y a la denuncia. Qué tristeza.

En primer término, se debe señalar que las interceptaciones telefónicas que no estén antecedidas de orden judicial carecen de valor legal y no constituyen prueba alguna en proceso judicial o administrativo. Los medios de comunicación, en virtud de la reserva de la fuente de información, los pueden difundir sin indicar su procedencia. Se debe advertir a los destinatarios.

En segundo lugar, que una persona cercana al Gobierno sugiera o diga que el presidente consume sustancias psicotrópicas o que a la campaña electoral ingresaron dineros ilícitos con los cuales se violaron los topes, que debió denunciar, no es más que un dicho en una conversación privada que inesperadamente transcendió a los medios de comunicación, sin contrastes ni soportes. La verdadera causa de la tormenta política.

La dignidad de la primera magistratura no se cifra únicamente en el cumplimiento de las funciones presidenciales, como tampoco en el respeto de las limitaciones penales o disciplinarias, sino que tiene que ver con el comportamiento ético, digno y el decoro que implican la representación y mando del jefe de Estado y de Gobierno. El juicio político de indignidad por mala conducta que debe efectuar el Senado es de naturaleza eminentemente política, no penal. No se olvide que en 1921, Marco Fidel Suárez decidió renunciar a la Presidencia, ante acusación por indignidad de la oposición, por el hecho de vender o pignorar sus sueldos para poder pagar la repatriación de su hermano fallecido. Otros tiempos y otros valores.

Bien haría el presidente en aclarar cualquier sombra sobre su comportamiento, así como de ofrecer completa transparencia sobre la financiación de la campaña electoral. Algo que no se ha hecho en Colombia, pero que se debe hacer para superar la polarización y encausar el desarrollo económico. Si se quiere, para enaltecer la política y su dignidad.

Ahora bien, no lo sé, si el presidente consume droga y no tiene certeza en la forma en que se manejaron las finanzas de campaña, porque, de un lado considere que lo primero hace parte de su libre desarrollo de la personalidad; y del otro, que el manejo de dineros estaba en cabeza del gerente de campaña, tendría diferentes caminos: la renuncia a su cargo, la conservación de su intimidad siempre que no afecte el ejercicio de funciones, la espera a que adelanten las investigaciones respetando la independencia de la autoridad electoral, o someter su conducta al escrutinio político. Sé que lo más probable es la espera y la intimidad con el costo de la pobre legitimidad de ejercicio, en perjuicio de todos.

En caso de falta del presidente, debe ser reemplazado por la vicepresidente. Si fuere por irregularidades en la financiación, se debería haber adelantado juicio por indignidad con sanción de destitución y la vicepresidenta haber sorteado con éxito la nulidad electoral, en los términos de la Ley 1475, artículo 26.

Presidente, es el momento de pensar con grandeza, sin arengas incendiarías ni ahondando divisiones, calmando la crispación, zanjando las rencillas internas entre sus colaboradores, logrando la unidad nacional, respetando las instituciones con sus investigaciones y fortaleciendo la democracia con sus diferencias.

En fin, que el mal “trago” de uno no sea la borrachera de todos.