opinión

Marco Tulio Gutiérrez
Marco Tulio Gutiérrez Bogotá 3 de Mayo 2018 foto: Esteban Vega La-Rotta Revista Semana - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Que nunca se repita

El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió la tragedia natural más desgarradora de su historia reciente, la furia de la naturaleza con crudeza desnudó nuestros problemas en prevención de emergencias y desastres; un gobierno que nunca entendió la dimensión del caos que tenía al frente.


Por: Marco Tulio Gutiérrez Morad

El 13 de noviembre de 1985, nuestro país fue sacudido por el terror de un desastre natural sin precedentes. Esa madrugada Colombia amaneció con la abrumadora voz de Juan Gossain, quien con angustia narraba cómo el próspero municipio de Armero había desaparecido por completo, narración que incluso hoy en día logra estremecer al más aplomado de los valientes; un desastre que cobró la vida de más de 25.000 personas, que en cuestión de horas borró del mapa al segundo municipio más importante del Tolima, emporio agrícola del arroz, el algodón y el tabaco; una ciudad que para esos días crecía a un vertiginoso ritmo, pero que desafortunadamente terminó convertida en un camposanto, donde solo la desolación y la muerte son sus moradores.

La avalancha de Armero obviamente fue un desastre natural y, como hecho de la naturaleza, su vigor era irresistible e intentar haberlo contenido sencillamente hubiese sido imposible. Sin embargo, fue una tragedia anunciada y cuyo impacto sin duda se hubiera podido mitigar cuando las señales de la erupción eran más que diáfanas. Recuerdo con especial claridad que en el puente festivo del 12 de octubre de 1985 fui por última vez a Armero, lugar de vivienda de mi familia, especialmente de uno de los grandes patriarcas del municipio, mi tío José Morad, quien fungió como concejal, alcalde y prácticamente todos los más importantes cargos dentro de la organización territorial, un hombre recio y de gran carácter.

Al llegar a su casa fue inevitable no comentar sobre el peculiar aroma a azufre y, así mismo, sobre la cantidad de ceniza que se esparcía por el aire, a toda luz un indicador inequívoco de que la situación en el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz era inusual. Perplejo ante el hecho que mis propios ojos veían, le pregunté con angustia sobre cuándo saldría de Armero y él, con la frialdad propia de la madurez, me contestó en tono airado de reclamo: “¿Y para dónde me voy a ir?”.

Intenté increparlo mostrándole lo que estaba pasando con la ceniza y reiterándole que algo muy grave podría pasar, sin embargo, restándole todo tipo de importancia se refirió a que el asunto se limitaría a una creciente del río Lagunillas. Sin embargo, veinte días después, mi tío perdió en cuestión de minutos todo por lo que había trabajado durante tantos años vida, logró salvar su vida y la de su esposa Ligia cuando subieron al techo de su casa, que quedó casi al nivel de la avalancha que con furia arrastraba los cadáveres de amigos, ancianos, niños, hombres y mujeres, quienes esa madrugada dormían tranquilamente lejos de cualquier sospecha del terror que se avecinaba.

La tragedia de Armero, más allá de la lava, el barro y el azufre que sepultó a la ciudad, se propició en Bogotá, a kilómetros de distancia, ante un gobierno que nunca quiso siquiera entrar a entender la dimensión de la tragedia que se venía, al mejor estilo de la ineficaz burocracia. El problema notorio de la actividad volcánica se minimizó y siempre se le dio una lectura que desafortunadamente no generó un plan de contingencia en el que se hubiera podido, con suficiencia de tiempo, evacuar a la población.

Los titulares de prensa venían hablando desde hacía meses sobre el complejo asunto, incluso sobre las dimensiones de lo que podría ser un desastre como el que ocurrió. Ya había artículos y la suficiente evidencia física para intentar hacer algo que hubiera podido salvar miles de vidas humanas que, desafortunadamente, en esta tragedia se perdieron por la absoluta inoperancia y desdén de la administración nacional.

Jurídicamente, durante décadas al tratar el caso de Armero ha sido recurrente hablar de fuerza mayor y de caso fortuito, de causa extraña y eximente de responsabilidad estatal, fundada en la carga irresistible de la fuerza la cual, en su acepción más precisa, también es absolutamente imprevisible, por lo cual al Estado le es imposible actuar de cualquier otra manera.

Sin embargo, para el caso del Nevado del Ruiz, la actividad volcánica y la inusualidad de su comportamiento era una circunstancia de público conocimiento que hubiere podido ser mitigada por un actuar diligente en cabeza del gobierno central, quien ignorando todo tipo de señal omitió actuar diligentemente, hecho que por sí solo hubiere podido cambiar toda la anatomía del desastre. Es decir, la total omisión estatal condenó a esta ciudad que quedó sumergida en el lodo, en la que hoy solo se vislumbra del lúgubre paisaje del camposanto la estructura de las ruinas del que era el hospital municipal, el edificio más alto del pueblo y que sus dos primeros pisos quedaron bajo tierra.

Impávidos vimos cómo un desastre de esta naturaleza en cuestión de minutos terminó con uno de los municipios agrícolas más boyantes del país, ante una administración central que nunca entendió la dimensión de la amenaza que tenía al frente. De Armero aprendimos que era necesario contar con un plan nacional para las emergencias naturales, las cuales, tal como indica la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado, no pueden ser imputadas a este.

Sin embargo, la obligación superior de salvaguardar la vida e integridad de los colombianos es un fin último de la administración pública, por ello, es increíble que año tras año en la Mojana Sucreña siempre pasen los mismos episodios de inundaciones; es increíble que aún en Barranquilla, pese a los grandes esfuerzos de la administración, los arroyos sigan cobrando la vida de personas. Es fundamental que el gobierno central priorice los territorios más vulnerables y se puedan implementar estrategias preventivas para así evitar los dolorosos planes de reconstrucción, que tal como en el caso de Providencia, pasó de cien días a una cadena de aplazamientos e ineficiencia.

P. D.: nuestras oraciones y profundo respeto por todas las víctimas, desaparecidos, damnificados y personas que padecieron esa trágica madrugada el 13 de noviembre de 1985. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar y querer a Armero siempre lo llevaremos en nuestros corazones.