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Opinión

  • | 2018/06/12 04:30

    ¿Qué piensan los candidatos de nuestra salud?

    Quienes tenemos más de cincuenta años esperamos que los candidatos nos hablaran de nuestra salud, del empleo como política pública y de cuánto nos cuesta estar protegidos en la universalidad, pero llegó la segunda vuelta y nada. Dan la apariencia de no conocer a fondo los problemas a los que nos vemos avocados los usuarios del sistema general en salud, que van desde la dificultad para conseguir una cita médica hasta las más complejas trabas para la práctica de un examen especializado o el suministro de un medicamento.

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Estar vinculado por 20, 30 o más años, no representa para el cotizante ningún estímulo actuarial, porque contrariamente cuando se llega a la tercera edad las entidades prestadoras de salud nos enlistan dentro del grupo de personas improductivas con mayores costos por las enfermedades que no dejan de aparecer, y con una regla directa que nos cercena la posibilidad de gozar de un buen sistema que nos proteja hasta la muerte: A mayor edad, mayor tarifa.

Las entidades prestadoras de salud ahora se ubican en extremos de la ciudad o por fuera de la misma a donde los usuarios de esta franja no alcanzamos a llegar por los costos de transporte y por falta de acompañamiento disponible para la atención de los servicios de salud. Nada hacen con construir grandes clínicas si estas no están al alcance de los usuarios, no más imaginémonos un ciudadano enfermo que viva en Kennedy y deba trasladarse hasta la nueva institución prestadora de salud ubicada en Chía, debido a que solamente en esa clínica podrá satisfacer el servicio esencial requerido para preservar su salud.

Como la salud en Colombia hizo tránsito de una garantía constitucional a un mero negocio como el de vender empanadas, ropa, vehículos y demás, como mínimo exigimos que nos expliquen los candidatos si velarán porque los recursos de la salud vayan a la salud y no a caprichos de quienes dirigen el sistema o las empresas prestadoras que se convierten en los auspiciadores de las campañas y otros menesteres con el dinero de los colombianos.

Entendemos como usuarios, aun cuando estemos o no pensionados, que la naturaleza jurídica de las cotizaciones en salud, como lo ha definido la Corte Constitucional, son rentas parafiscales que constituyen un instrumento para la generación de ingresos públicos, representadas en forma de un gravamen que se establece con carácter impositivo por la ley para afectar a un grupo social o económico, que además se debe utilizar en beneficio de ese propio grupo gravado, es decir, que es un gravamen que se cobra a los afiliados del sistema en salud para el desarrollo y crecimiento del propio sistema, con destinación específica y con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad.

Pero no comprendemos la razón por la cual el gobierno nacional objetó el proyecto de ley que disminuía el porcentaje de cotización en salud para los pensionados, cuando si el debate era sobre quién tenía la iniciativa para dicha exención, bien podía el propio gobierno presentarla a estudio del legislativo, aunque la corte ha sostenido que no requería de dicho aval gubernamental.

Temas como este queremos conocer de voz de los candidatos para saber si están pensando en nosotros o en el crecimiento económico sin importar los derechos fundamentales de los miembros de la tercera edad quienes estamos en una situación de debilidad manifiesta.

Y en lo posible, escuchar propuestas que favorezcan a quienes por falta de recursos no pueden pagar sus servicios de salud y que las mismas pasen de una promesa a una política pública. En síntesis, que no se quede en letra muerta como así quedó lo prometido por el Presidente Santos quien, para ganar votos para la segunda vuelta casi perdida en su momento, les dijo a los pensionados que les iba a bajar la cotización en salud del 12 al 4%, pero cuando el proyecto avanzó, fue el primero en objetarlo.

La salida que sustentó el gobierno para sacarle el cuerpo a lo que quedó como una simple promesa electorera, es que esos ingresos son requeridos por el Estado, cuando sus representantes despilfarran los recursos en actos de corrupción e ineficiencia.

Ni qué decir de quienes no alcanzaron a lograr el status para ser beneficiarios de una pensión, a quienes como independientes les sacan un ojo de la cara para siquiera ir al médico a que les formulen una aspirina o un acetaminofén.

(*) Abogado Constitucionalista.

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