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Opinión

  • | 2019/01/22 09:35

    Lo fácil que es conseguir explosivos

    Se sabe y desde hace tiempo que las principales redes del narcotráfico (incluido el ELN) se diversificaron y también controlan las zonas de minería ilegal y por ende se lucran de los explosivos.

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Las primeras investigaciones del demencial ataque contra la Escuela General Santander señalan que el ELN detonó 80 kilogramos de pentolita y que esta carga letal ingresó en una camioneta blindada a la unidad policial. Queda un enorme dolor de patria y varios interrogantes: ¿Qué empresa fabricó el explosivo?, ¿Cómo se transportó a Bogotá?, ¿Quién o quiénes participaron en el desvío de la pentolita?, ¿Cuánto pagaron (y cómo) por la carga explosiva?

Del trafico de explosivos en el país tenemos varias certezas. Sabemos con suficiente evidencia judicial y periodística que “Existe un cartel de los explosivos” tal y como lo tituló El Colombiano (28.12.2017). Se sabe que el mercado ilegal de explosivos tiene que ver con organizaciones terroristas pero que su principal motor está es en la minería ilegal, su destino final son los miles de socavones clandestinos. Sabemos que con los explosivos ha venido ocurriendo lo mismo que con los insumos para la coca, años atrás las redes se aprovisionaban al por mayor en el exterior y los metían de contrabando, pero ahora se abastecen también del desvío de la producción interna.

Se sabe y desde hace tiempo que las principales redes del narcotráfico (incluido el ELN) se diversificaron y también controlan las zonas de minería ilegal y por ende se lucran de los explosivos.  Aunque no hay cifras precisas si podemos juntar reportes para obtener un orden de magnitud, se estima que una mina pequeña necesita dos kits de explosivos al día, que esos kits de barras con sus detonantes se venden legalmente en 800.000 pesos a empresas mineras y de ingeniería, y que cuando las redes criminales los desvían se revenden entre los 3 y 5 millones. En un municipio como Buriticá profundamente azotado por la fiebre del oro ilegal se han contabilizado más de 400 minas ilegales activas y de cada mina salen uno o varios frentes.    

De las operaciones judiciales contra este cartel de los explosivos se supo que tan solo en Antioquia durante los últimos meses del 2017, fueron capturadas 32 personas, incluidos en la redada 10 representantes legales de empresas con títulos mineros. Evidencia judicial que demuestra que estos no son casos aislados de unas cuantas manzanas podridas en una que otra empresa, sino una radiografía alarmante de la envergadura de las fachadas y el nivel de sofisticación empleados para el desvío de explosivos al mercado negro.

Por todo eso que ya sabemos es que resultó tan fácil para una facción del ELN conseguir 80 kilos de explosivos de alto poder.

Tras la barbarie, hace bien el presidente Duque en sus reacciones, motivando con sus actos la unidad nacional frente al terrorismo y fortaleciendo la moral de la fuerza pública, pero este poderoso mensaje político queda incompleto sin una mirada institucional autocrítica.

La producción, comercialización y control en el uso de los explosivos es un monopolio de las entidades del Estado y ante la inocultable proliferación de explosivos en el país, no se pueden seguir ignorando los vacíos, errores y riesgos de corrupción. La camioneta bomba de la semana pasada no solo es el resultado de la demencia terrorista de alias Pablito, es también consecuencia de serias debilidades institucionales.

Urgen correctivos desde el más alto nivel para desmontar el millonario negocio del desvío y tráfico de explosivos en Colombia.

Anticipo: Y lo fácil que es conseguir una camioneta blindada para andar por Bogotá.

@danielmricov

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