¡Quémenlas!

Hay que destruir la industria minera y la del petróleo. ¡Acábenlas! ¡Son brujas! El mundo se va a acabar. ¡Quémenlas!

En los temores del fin del mundo del año mil, después del paso del legendario cometa, en las plazas y los campos de la Europa medioeval, en el pánico de las certeras predicciones ―incuestionadas—, era habitual que el populacho viera brujas y saciara sus temores de aniquilación quemándolas de manera irredenta.

A Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, la imagino allí, en la primera fila, gritando, histérica, contundente, decidida. Ella habría sido de las denunciantes, habría participado de la comitiva de captura, exhibiría evidencias contundentes de las artes oscuras, sería acaso la denunciante.

¡Quémenlas! El mundo se va a acabar. Fervor desviado, frenético, el mismo de las chicas que recién mancillaron Los girasoles de Van Gogh en el Museo de Londres. Van en pareja, como Vélez y su viceministra Ruiz. En estas derivas irracionales, alimentadas por la gratificación que otorga el sentido de superioridad moral, es indispensable el refuerzo mutuo, sistemático, para mantenerse en la irracionalidad y seguir en el culto nihilista sin dudar.

No espero redención ni arrepentimiento de la minMinas y su compincha. Me dirijo a los adultos responsables del gabinete y a la institucionalidad del Ministerio, que también será responsable ante la historia cuando se materialice el despropósito de destruir la industria de hidrocarburos y minería o llegue el apagón.

Mientras Petro sigue invocando el fin del mundo y lo usa para pretender ―cínicamente— una declaratoria de emergencia que le permita, con sus redimidos apoyos en la Corte Constitucional al desmontar el impuesto a las pensiones de los magistrados, gobernar y ejecutar presupuesto por decreto de cara a las elecciones de 2023, reiteramos el temor verdadero que debe abordar el país: el apagón eléctrico.

No solo por el retraso grave en la entrada en operación de todas las unidades de Hidroituango corremos un riesgo de apagón. Hay otros factores y problemas estructurales en los cuales debería estar centrado el actual gobierno, que deben ser abordados y transformados con urgencia, ante la incuria y el acomodo de gobiernos anteriores.

Lo primero es reglamentar la intervención de las comunidades y las autoridades ambientales en el desarrollo de todos los grandes proyectos de infraestructura, en particular en los proyectos de transmisión y generación eléctrica.

El país está siendo chantajeado de manera sistemática por colectivos de abogados a la manera de Rosita Solis, que impiden, judicial y administrativamente, el desarrollo de infraestructura neurálgica para la interconexión y la generación limpia.

Acciones populares y consultas previas no solo encarecen los proyectos para los inversionistas, los sobrecostos no quedan incorporados en las fórmulas de remuneración e implican desfases severos en los cronogramas. Los desfases generan nuevos costos y confrontan los proyectos con la efectividad de garantías por la no entrada en operación oportuna que propicia un río de corrupción.

Al riesgo social se suma el chantaje estatal propiciado por la institucionalidad ambiental territorial y nacional. Confusión de competencias, la incertidumbre de factores, la presión política, la pesada capa de requisitos y trámites, inciertos y cambiantes, que encarecen, para cada ciudadano, el acceso a la energía. Nuevos litigios rompen cronogramas y destruyen la planeación mineroenergética del Minminas.

A estas interferencias se suma ahora el karma de las intervenciones o manipulaciones de los poderes territoriales, en particular los alcaldes, que introducen y reclaman especificaciones incosteables a los proyectos de transmisión.

Otro riesgo creciente es el predominio de los generadores en el sistema. La consolidación marcada de la última década, la integración de estos con transmisores y distribuidores, la operación de la bolsa por parte de XM, filial de ISA, han destruido una de las premisas del sistema. No existe un mercado competitivo y esta característica se agravó con la no realización de subastas de generación en el gobierno Duque.

El sistema eléctrico colombiano vive hoy al límite. No generamos más del 105 % de la demanda. Dependemos de Ecuador. La complacencia de gobiernos anteriores, atendiendo los intereses de la industria, se suma ahora al activismo ambiental del fin de mundo, lo cual pone en riesgo grave de apagón al país.

La transición energética no es el eje relevante de la política mineroenergética, así sea popular y genere mucho viaje, conferencia y posibilidades de chanfa.

Para los complacientes que se congratulan de que don dólar le enseñó a Petro que no podemos vivir sin hidrocarburos, lamento informarles que el problema real e inminente es el apagón, y ministra: el mundo no se va a acabar, pero para usted un apagón es lo más parecido.