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Opinión

  • | 2007/07/07 00:00

    Querer la paz no es suficiente para lograrla

    La marcha blanca evidenció un resquebrajamiento de la sociedad. El país está polarizado tal como se vio en la Plaza de Bolívar. Además de acciones simbólicas, la situación amerita reflexiones profundas por parte de cada ciudadano que marchó.

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Multitudinarias y emotivas, como también reconfortantes resultaron las manifestaciones “por la paz” y “contra el secuestro”. En una sociedad como la nuestra, cuya mayoría de individuos prefieren por lo general –en una especie de forma de adaptación colectiva y pragmática a la violencia– consagrarse más bien a las pequeñas preocupaciones cotidianas, al mundo familiar y profesional, sin tomar realmente partido frente a la violencia y sobre todo sin dejar la indignación expresarse plena y públicamente, ese tipo de manifestaciones terminan convirtiéndose en una necesidad. La asistencia masiva a la convocatoria se explica por ese deseo de muchos colombianos de que haya paz y cesen definitivamente los secuestros. Deseo profundo, pero pocas veces manifiesto en la arena pública. Por lo general, tenemos que esperar un acontecimiento que haga inevitable y necesaria la expresión de nuestra indignación.

Independientemente de sus “efectos reales” sobre el comportamiento de los actores armados, estas manifestaciones simbólicas son fundamentales para darle una consistencia mínima y algo de vida a eso que a veces llamamos “la sociedad civil”. En ese sentido, podemos desde luego alegrarnos y admirar el hecho de que, en calidad de individuos, hayamos abandonado por unos minutos las labores cotidianas para conjuntamente agitar pañuelos blancos y hacer resonar pitos en las calles. Sin embargo, en medio de la emoción y del regocijo producido, es fácil magnificar el alcance de la protesta y difícil ver que, más allá del consenso general forjado alrededor del deseo de paz, los colombianos seguimos divididos.

Suficiente la observación detenida de algunas pancartas exhibidas en la plaza de Bolívar para percibir dicha división. Las de las familias de los policías y de otros secuestrados reclamaban el despeje y el acuerdo humanitario, y rechazaban un rescate a sangre y fuego. A su lado, puñados de uribistas exhibían lemas de firmeza contra los terroristas de las FARC, así como el rechazo a cualquier despeje. A medida que los pitos se fueron acallando y que la muchedumbre de camisetas blancas fue regresando a sus trabajos, la diferencia entre ambas posturas se hizo más visible y audible.

Cada vez más solitarias en medio de la plaza de Bolívar, y en un nuevo intento por hacerse escuchar con firmeza, dolor y desespero, las familias de los secuestrados gritaban con megáfonos: “El pueblo lo dice y tiene la razón, acuerdo humanitario es la solución”. No muy lejos y de vez en cuando, los simpatizantes del Presidente replicaban: “Amigo, Uribe, el pueblo está contigo”. Curioso enfrentamiento de arengas, que sin degenerar en violencia, parecía un cara a cara de barras de football apasionadas: cada una pretendiendo detentar el monopolio de la representación de ese “pueblo colombiano”.

«Colombia quiere la paz y rechaza el secuestro» podría ser el leitmotiv que resume lo expresado en la marcha. Pero no podemos afirmar que esa multitudinaria manifestación fue un acto unánime de rechazo a todas las formas de violencia y un gesto de solidaridad con las víctimas del secuestro.

En primer lugar, porque no nos hemos manifestado de la misma manera frente a otros hechos igualmente dolorosos e indignantes, como por ejemplo, el descubrimiento de las fosas comunes, cuyo número según la Fiscalía podría llegar en algunos meses a 2.500 en todo el país. Frente a esta realidad, no se han cristalizado expresiones de indignación y de dolor. En parte quizás a que es muy difícil que exista una movilización frente a víctimas que tan sólo son un número, que carecen de rostro. Si el pasado 5 de julio nos manifestarnos fue porque un evento permitió identificar a las víctimas con los rostros de unas personas concretas (los once diputados, vilmente asesinados por las FARC).

No ocurre lo mismo frente a los restos de miles de personas anónimas, asesinadas y desmembradas después de ritos guerreros que dan cuenta de una verdadera barbarie. Frente a esta otra cara de la violencia, nuestra indignación ha quedado confinada al ámbito privado, de la misma manera que el poder de convocatoria de buena parte de los formadores de opinión (medios de comunicación, columnistas, personalidades, figuras y dirigentes políticos) simplemente no ha tenido el mismo despliegue. Seguramente, las familias de las víctimas asesinadas por los paramilitares, de por sí lejos de las ciudades, se han sentido olvidadas e ignoradas en esta marcha multitudinaria y llena de emotividad.

Además, hay una violencia retórica que se instaló en el espacio público y que no rechazamos con firmeza. Si las encuestas de opinión son correctas respecto al apoyo masivo que sigue teniendo Álvaro Uribe, eso quiere decir que una gran mayoría aprueba su retórica guerrerista frente a las FARC. Al punto que quizás seríamos capaces de expresarle sin el más mínimo reparo a los familiares de las víctimas del secuestro – como lo hizo el mismo Presidente al reunirse en privado con las familias de los once diputados – que la muerte de un secuestrado es la cuota de sangre que hay que poner para ser firmes frente a las FARC y que será la historia la que les reconocerá tal sacrificio.

Ciertamente el Estado, y en particular sus Fuerzas Armadas, tienen que enfrentar con firmeza a los diferentes grupos armados ilegales. Pero, en medio de este conflicto tan complejo, debería ser un propósito de todos evitar al máximo que las cuotas de sangre las pongan los civiles y propender porque exista una retórica que apacigüe y no que incendie más los espíritus. La “sociedad civil” debería exigir esto, no sólo a todos los actores del conflicto, también a sus dirigentes legítimos. Pero no, en Colombia parece ser que a una gran mayoría le gusta ver a sus dirigentes responderle a las FARC con la misma tozudez y soberbia que caracterizan a dicha guerrilla.

Así, las familias de los policías secuestrados terminaron, como de costumbre, gritando solas en medio de la plaza. No hay solidaridad con ellas. Simplemente porque, como bien lo indican las encuestas un día después de la manifestación, un 60% de los colombianos se pronuncia por un acuerdo humanitario, pero sin despeje; tan sólo un 27% piensa que para la realización de dicho acuerdo habrá que despejar. A estas alturas, cuando hay personas que llevan ya más de nueve años secuestradas, los espectadores del conflicto deberíamos habernos dado cuenta que ese acuerdo es imposible sino se abre un espacio en el que las FARC y el gobierno se sienten a discutir.

Ese espacio podría tomar otro nombre diferente al de ‘zona de despeje’, y no necesariamente convertirse en una cesión de soberanía a la guerrilla para que delincan. Si el gobierno quiera dar pruebas de firmeza podría hacerlo poniendo condiciones en términos de tiempo, de propósitos y de acompañamiento internacional. La firmeza y la apertura de ese espacio no necesariamente tienen porqué ser incompatibles. Pero todo indica que la opinión pública sigue siendo sorda e insensible al dolor de los familiares de las víctimas, que ya no saben cómo más hacerse escuchar.

Así lo manifestó el profesor Moncayo quien emprendió esa larga caminata por las carreteras colombianas para tratar de atraer la atención de una opinión dispuesta a rechazar el secuestro, pero jamás para ver que el gobierno se siente a discutir con las FARC la liberación de los secuestrados.

Más allá de las camisetas blancas y del ruido de los pitos, es claro que querer la paz no bastará para alcanzarla.


* Sociólogo y especialista en Relaciones Internacionales. Candidato a doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París




















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