Quieren politizar la Policía

Se encuentra en trámite en el Congreso un Proyecto de Ley que pretende sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para trasladarla al Ministerio de Justicia, propuesto por un representante de la izquierda.

Se corrobora la picazón que afecta a esta tendencia política, pues afortunadamente para la democracia y lamentablemente para ellos, la fortaleza para la seguridad y defensa de la nación radica en la integralidad de la Fuerza Pública, sabia decisión de la Constitución de 1991, que consolida los esfuerzos y capacidades de las FF. MM. y la Policía Nacional bajo una dirección y control monolíticos, impidiendo que quienes están fuera de ley dobleguen la voluntad de los colombianos por medio del terror.

Es claro que la izquierda busca debilitar al Estado y en este caso le está colocando la zancadilla a uno de los pilares de la democracia; han orientado sus baterías contra la Policía Nacional, pues además de la campaña de desprestigio que orquestaron contra ella durante la ola de terrorismo del pasado seudo Paro Nacional, personajes como Iván Cepeda, Antonio Sanguino y María José Pizarro se han pronunciado sobre las reformas que pretenden introducir en este ‘cuerpo armado permanente de naturaleza civil’, que van desde el desmonte de los Esmad, a sacarla de la Justicia Penal Militar y Policial, y reformar el Sistema de Ascensos.

Dentro del plan de la izquierda para acceder al poder han ido cumpliendo etapas muy claras; primero, la utilización de la violencia (léase Farc, ELN, M-19, EPL y otros), quienes aplicando la concepción marxista de “todas las formas de lucha” trataron de arrodillar al país con el uso de las armas. Más adelante aparece el Foro de Sao Paulo, en el que deciden llegar al poder empleando también la vía política, lo cual logran con el gobierno Santos, y paralelamente buscan desmontar las herramientas constitucionales del Estado, como la Policía Nacional, para debilitarlo y apoyar el golpe de gracia que esperan darle por la vía electoral, con el apoyo de las juventudes afectadas mentalmente por la violencia intelectual que les aplican en centros de enseñanza.

La actual ecuación planteada por la izquierda es clara:

1) Debilitar al Estado desprestigiando a las Instituciones y desarticulando a la Fuerza Pública, que les ha impedido llegar al poder con el uso de las armas. Inician con la Policía Nacional al colocarla con un intermediario, bajo el mando de los alcaldes, para sus fines políticos partidistas, así como politizando la Institución, al igual que sucede en Venezuela.

2) Desmoralizar a las Fuerzas Militares con la JEP, en que quienes han defendido la democracia terminan en la cárcel y los delincuentes, gracias a la impunidad que les concedió el gobierno Santos, son colocados en el Congreso.

3) Votos. Mediante la penetración ideológica del sistema educativo, generando una crisis de modernidad y esculpiendo una nueva generación de tendencia izquierdista que rechaza todo principio de autoridad.

4) Justicia. Fallos con visos políticos y no de legalidad, en que la virtud moral de la verdadera justicia está ausente.

5) Historia. Reescribiendo la historia de Colombia, en que los delincuentes sean considerados como los modernos paladines que han luchado por compartir con quien no tiene lo que otros paradójicamente han logrado con esfuerzo y arduo trabajo.

Es responsabilidad del Estado mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, contando para ello con la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Militares. La acción de esta Fuerza Pública debe ser contundente, puesto que si su presencia no produce disuasión frente a quienes violentan la ley, debe actuar dentro del respeto a los Derechos Humanos, con el respaldo de la Constitución y las Leyes, empleando TODAS sus capacidades, que deben ser superiores a las que emplean los terroristas. No se puede permitir que se atropelle al Estado disminuyendo sus capacidades y su Poder Soberano.

Colombia posee amenazas a su seguridad muy diferentes a los Estados en su entorno, lo cual implica que sus requerimientos para enfrentarlas sean igualmente diferentes; con la salida de la Policía del control de MinDefensa se corre el peligro de lo que ha sucedido en otros países, en los que estas fuerzas se han convertido en las instituciones al servicio de un régimen, como es el caso de la Policía Política en Venezuela (SEBIM), denunciada por Michelle Bachelet a causa de sus abusos, o la Policía de Nicaragua utilizada por Ortega para colocar presos a opositores políticos, o la Policía Política en Cuba que continúa a la “cacería” de supuestos organizadores de las protestas del pasado 11 de julio. En los países europeos esta policía empleada políticamente se convirtió en el símbolo del totalitarismo.