Rectitud, pericia, prudencia

Primero, el reproche ético. La ministra de Salud ha escrito, con el evidente afán de desprestigiar a las entidades promotoras de salud, EPS, que ellas “facturan, pero no curan”. ¡En efecto, así es!: en vez de facturar, pagan las facturas que les presentan las instituciones prestadoras de salud, IPS y ciertamente esas entidades “no curan”; lo hacen estas últimas. Como es imposible que ignore estas elementales cuestiones, es evidente que la ministra actúa de mala fe.

En su discurso en el balcón de la Casa de Nariño, el presidente, una vez más, señaló que los recursos del sistema pensional que no recaudan entidades estatales van a enriquecer a “dos banqueros”. Es falso. Esos dineros, por cuya gestión las administradoras de fondos de pensiones, AFP, reciben una comisión, nutren los fondos de pensiones a los que millones de trabajadores están afiliados. Como no puede ignorar un elemento esencial de la regulación vigente (que, por cierto, requiere reformas profundas), es evidente que Petro actúa, al igual que su ministra, de mala fe.

Es normal que los gobernantes populistas, que lo son justamente por su proclividad a movilizar “su pueblo”, acudan al balcón para arengarlo. Ha dicho el ministro del Interior que el presidente no pretende, al realizar sus movilizaciones, ejercer presión sobre el Congreso. Es falso. Léanlo a él mismo. “Tenemos que andar más rápido que las instituciones mismas. No crean ustedes que los cambios se van a producir si nos sentamos […] en el corredor de la casa, mientras allá, en el Congreso, unos señores de corbata definen nuestro destino”. A la presión se añade una irrespetuosa caricatura del Parlamento.

Segundo, la impericia. Que un país de ingresos medios como Colombia, caracterizado, además, por una elevada dispersión poblacional y una geografía abrupta, haya alcanzado una cobertura casi total en su sistema de salud pública, es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Más todavía sí tenemos en cuenta un indicador clave de la eficacia del gasto: el incremento en la expectativa de vida, hoy cercana a los ochenta años. Este logro es función de la calidad de las instituciones y del incremento del gasto en salud, que es bajo en términos comparativos. Mientras nosotros gastamos el 8% del PIB, Francia, por ejemplo, gasta más del 11%; en consecuencia, nuestro gasto per cápita es apenas una quinta parte del realizado por ese país. Esta insuficiencia de recursos explica un problema recurrente: las elevadas carteras de las IPS contra las EPS, y de estas contra el ente que consolida las distintas fuentes de recursos: la ADRES. Este es un tema fundamental que la propuesta gubernamental no resuelve.

Una idea central de la reforma consiste en eliminar las EPS, a las que se considera, en esencia, como unos parásitos; “meros intermediarios de dinero”. No entiende el gobierno la función del aseguramiento que ellas realizan. Ningún sistema de salud pública puede funcionar si no se establece un paquete de beneficios que sea financiable con las fuentes de recursos disponibles. El nuestro es amplio, incluye enfermedades catastróficas, pero no es infinito. Por eso se requiere una auditoria permanente de la pertinencia y costo del gasto en sus diferentes dimensiones (tratamientos, intervenciones, medicinas, etc.). Y una rigurosa estrategia de prevención del riesgo para cuidar tanto la salud como los recursos.

Si nadie realiza estas tareas, como la experiencia mundial lo corrobora, se genera un crecimiento exponencial del gasto y, eventualmente, la quiebra del sistema. ¿Por qué? Por qué, como la salud es, para cada uno de nosotros, un bien absoluto e inconmensurable, no tenemos límites en exigir más o nuevas prestaciones si es la Seguridad Social quien paga, no el propio bolsillo: “Así las posibilidades de recuperación de mi hija sean remotas, mándela un año, acompañada por sus padres, a ese hospital en Estocolmo que está experimentando un nuevo procedimiento”.

Ninguna aspiración más comprensible que esta. Sin embargo, satisfacer pretensiones que están excluidas de cobertura por la Seguridad Social, puede desatar una crisis sistémica: que no haya dinero para financiar esas onerosas prestaciones y tampoco muchas otras, las del día a día. Trágico tanto lo uno como lo otro. Sin embargo, es ineludible elegir haciendo prevalecer el interés público sobre el individual. Eliminar la función de aseguramiento, como lo quiere el gobierno, sería, pues, un error enorme.

Tercero, la grave imprudencia. Es necesario tener en cuenta que la Constitución, art. 49, dispone que la salud es un servicio público; le es aplicable el régimen general previsto en su art. 365. Allí se señala que ellos pueden ser suministrados por el Estado, “comunidades organizadas, o por particulares”. Sin embargo, “mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara”, es posible estatizarlos, en todo o en parte, “por razones de soberanía e interés social”. En tal caso, se “deberá indemnizar previa y plenamente” a las personas que queden privadas del ejercicio de una actividad licita”.

Sin duda, la función de aseguramiento que cumplen las EPS es lícita; proviene de normas legales vigentes. Es igualmente incuestionable que la reforma pretende excluirlas de la prestación de ese servicio, así sea de manera gradual. Y, por último, es claro que esa actividad es su principal fuente de ingresos.

Así las cosas, resulta forzoso concluir que a la ley ya presentada le hace falta el capítulo relativo a esas compensaciones económicas previas y plenas a las EPS. ¿Qué pasaría si el “Gobierno del Cambio” decide no acatar la Constitución en asunto tan importante? La respuesta en sencilla: que le caerán encima a la República onerosos litigios, dentro y fuera del país. Las consecuencias fiscales serían enormes para futuros gobiernos.

Briznas poéticas. Escribe Antonio José Cruz: “Con qué facilidad / nos vamos del momento en el que estamos, / lamentando su fuga / aun antes de que pase, / sin haberlo vivido plenamente. / Con qué sorda insistencia / recuerdos y temores nos distraen, dejándonos así / con un pie en el ahora / y el otro en el ayer o en el mañana”.