Reflexiones democráticas

En la democracia, un tema institucional que siempre deben tener en cuenta todos los candidatos y candidatas a cargos de elección popular es que, en caso de ganar unas elecciones para ocupar un cargo nacional, regional o local, deben ser conscientes de que heredan todo lo positivo o negativo que hayan hecho o dejado de hacer los anteriores gobernantes.

Eso significa que a partir del momento en que se asume el cargo para el que fueron elegidos por voto popular, responden pública e institucionalmente por toda su labor de gobierno.

Por otra parte, serán los organismos de control y judiciales del Estado, desde sus competencias, lo mismo que las veedurías ciudadanas, los encargados de contrastar todo lo relacionado con lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores gobernantes.

Lo anterior significa, en la vida real, que los gobernantes y sus equipos de gobierno deben tener como deber democrático la política de rendir públicamente y por escrito cuentas sobre su labor de gobierno con base en los planes de desarrollo y a su deber ético de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y los contaminadores ambientales. No olvidemos que la rendición pública de cuentas de los gobernantes y sus equipos de gobierno es también un derecho democrático de la población urbana y rural.

Los gobernantes y sus equipos de gobierno deben dedicarse a cuidar los bienes materiales y económicos del Estado y que, en el caso particular de Colombia, bien o mal, se refleja en todo el tejido empresarial, económico, social e institucional a nivel público o privado que se ha venido construyendo.

En ese orden de ideas, es conveniente recalcar que el presidente de la República en Colombia, o en cualquier país del mundo, no es el dueño del Estado y menos pretender que la población urbana y rural debe guardarle especial obediencia y sumisión.

Por eso, los presidentes en ejercicio de cualquier país del mundo, deben evitar dedicarse a criticar o hablar mal de los gobernantes que los antecedieron o a discriminar a las personas que los critican o que por una u otra razón no votaron por ellos. El sentido común nos enseña a los seres humanos que entre más poder político, institucional, económico y social se tenga, se requiere más humildad, generosidad y prudencia y ante todo no olvidarnos de que en la vida los seres humanos somos finitos y que a veces ganando también podemos perder.

En ese sentido, todo gobernante, sea de derecha, centro o de izquierda, debe tener plena conciencia de que la población lo ha elegido democráticamente para un período de tiempo determinado, que el caso particular de Colombia va del 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de agosto de 2026, y que es su deber constitucional respetar y hacer respetar el derecho legítimo de las personas de la diversidad política y social a postularse como candidatos o candidatas a los diversos cargos públicos de elección popular, entre ellos el de presidente de República.

Todo gobernante elegido por voto popular y su equipo de gobierno tienen el deber constitucional de hacer bien y de manera transparente su tarea de gobierno, lo mismo que dejar el cargo al final de su mandato en buenas condiciones económicas e institucionales a fin de que el que llegue a reemplazarlo pueda iniciar bien su tarea de gobierno.

Una dificultad que a veces tienen las personas elegidas por voto popular, y los equipos de gobierno que llegan con ellas, es que muchas veces carecen de experiencia y conocimientos en los asuntos del Estado, los cuales son muy diferentes a los del sector privado, pero además –por su arrogancia y sectarismo político– no escuchan y menos se dejan ayudar de personas decentes y con experiencia en esos asuntos de Estado. En otras palabras, carecen de sentido común, el cual es necesario para hacer desde un principio una buena tarea en favor de la gente. Reitero que los servidores públicos, incluyendo los de elección popular, están al servicio de la gente, del bien común y no de sus copartidarios políticos, de sus familiares o amigos personales.

Otra reflexión democrática es sobre el incremento, cada día mayor en Colombia y en otros países, de tratar de judicializar la política a fin de debilitar las expresiones de oposición política, como viene ocurriendo actualmente en Venezuela, en diversas partes de Colombia y en otros países. En ese sentido, considero que es necesario que organismos internacionales como la ONU, junto con instituciones académicas, promuevan la cultura de la no judicialización de la política por ser contraria a la democracia y al derecho que tienen los pueblos a ser libres, críticos a los gobernantes o a cualquier tipo de censura estatal o privada.