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Opinión

  • | 2018/10/03 00:55

    Reforma política, elecciones locales y la orquesta del Titanic

    En 13 meses Colombia renovará todas sus autoridades locales. En el último proceso electoral participaron más de 112.000 aspirantes. 144 candidatos a gobernadores, 4.539 competidores para alcaldías, 3.444 aspirantes a diputados, 90.275 buscaron ser concejales y 14.471 a ediles.

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Muchos de quienes logren ganar las curules se elegirán gracias al apoyo de organizaciones criminales, otro tanto lo harán con el financiamiento de contratistas que luego esquilmarán las arcas del Estado y un puñado de ellos intentará hacer una política seria y renovadora.

Como las elecciones son en un año deberíamos estar discutiendo cómo garantizar que sean estos últimos los que tengan mejores condiciones para hacer la política, porque su problema es que juegan con desventaja. Quienes reciben dinero ilícito juegan con ventaja, pues pueden gastar lo que sea con la tranquilidad que nada les va a pasar. Ese es el drama de nuestra política, que los criminales la tienen muy fácil para apropiarse de lo público y capturar el Estado.

La prioridad de cualquier discusión sobre reforma política debería ser cómo salvar la democracia local. Si no hacemos algo ahora, vamos a pasar el próximo lustro lamentándolo. En lugar de ello, el congreso empezó a discutir una reforma que busca cerrar las listas, cambiar las circunscripciones y eventualmente establecer la paridad de género, entre otras iniciativas válidas y necesarias pero sin ninguna relevancia para el proceso electoral de 2019. Los resultados del cambio constitucional, si es que logra ser aprobado, se verán en las elecciones de 2022. Las reformas políticas tienen que tener sentido de oportunidad, y aunque se podría decir que el congreso es muy previsivo y visionario, en la práctica lo que está haciendo es su responsabilidad y permitiéndole a los ladrones y delincuentes que sigan controlando la política local.

Ninguna de las propuestas que actualmente tramita el Congreso tendrá vigencia para las elecciones locales porque nada de lo que están discutiendo se pondrá en vigencia para el proceso electoral de octubre del próximo año.

Supongamos que los partidos aceptan la lista cerrada, incluso en ese caso será imposible que los partidos puedan desarrollar mecanismos de democracia interna para ordenar las listas de concejos o asambleas del próximo año por falta de tiempo. La reforma se aprobará en junio y las inscripciones comienzan en julio.

El monto de gasto en las campañas electorales de 2018 va a superar los 2 billones de pesos. De este monto, solo 500.000 millones serán reportados oficialmente. El Estado colombiano asignará un presupuesto de unos 150.000 millones para reposición de votos, los cuales serán pagados a partir del año 2020, tan solo unos mil o dos mil millones se girarán como anticipos electorales. Esto significa que más del 75% de los recursos que invertirán los candidatos en la campaña serán de origen desconocido para los electores y las autoridades. Y este billón y medio de pesos provendrá principalmente de contratistas estatales y redes de narcotraficantes, contrabandistas, mineros ilegales y bandas criminales en los territorios de posconflicto.

El gobierno del presidente Duque ha levantado la bandera de la lucha anticorrupción y la construcción de legalidad, pero si no cuenta con el apoyo de las autoridades territoriales sus esfuerzos para construir el Estado de Derecho no pasarán de las esferas nacionales. El gobierno y el Congreso aún están a tiempo de hacer algo para evitar que la democracia local siga siendo manejada por bribones. Una ley estatutaria para mejorar la transparencia, facilitar el control de los recursos y mejorar los mecanismos de control judicial sobre el gasto electoral es aún posible en lo que queda de legislatura. Pero tal parece que nuestros partidos y congresistas prefieren actuar como la orquesta del Titanic, dedicados a tocar música mientras todos nos hundimos.

*Exviceministro del Interior

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