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Reforma política: recuperar la democracia local

Colombia es un país adicto a las reformas políticas. Prácticamente no hay ningún gobernante que no haya intentado o realizado alguna reforma política.

Julia Londoño, Julia Londoño
24 de julio de 2018

Luego de tantos intentos, deberíamos tener claro que no existe la fórmula mágica que nos permita señalar que habrá una reforma que de manera definitiva nos permita resolver todos los problemas de la política.

En lugar de buscar el Santo Grial de la política, debemos entender que cada reforma ha cumplido un objetivo limitado pero importante. La reforma política de 2003 inició el proceso de reinstitucionalización de los partidos y la reforma de 2009 introdujo el concepto de responsabilidad política para los dirigentes partidistas. La ley 1475 de 2011 reglamentó los temas pendientes y ayudó a mejorar los procesos electorales.

El intento de reforma política derivado de los Acuerdos de Paz fracasó luego de haber perdido su norte y el nuevo gobierno ha anunciado que incluirá una nueva reforma política en su paquete legislativo. Pero en lugar de buscar una reforma constitucional que tardará un año en tramitarse y tres más en tener algún efecto práctico, el gobierno y los partidos deberían empezar a ocuparse de mejorar el proceso de elecciones locales del 2019.

Uno de los problemas encontrados en los enfoques de reforma política es su escaso impacto en las dinámicas locales. Esto se debe a que el enfoque utilizado hasta ahora ha sido la gobernabilidad nacional y la organización del sistema de partidos. Es decir, las reformas no han tenido impacto en los territorios porque ese no ha sido su objetivo, pero sería impensable que con unas elecciones locales en 2019 no empezáramos a elaborar un ajuste institucional para modificar las dinámicas políticas locales.

Es en los municipios y departamentos donde las mafias y organizaciones ilegales cuentan con mayor capacidad para actuar. De hecho, los estudios realizados por distintas organizaciones muestran que muchos municipios de Colombia se encuentran capturados por mafias de contratistas, contrabandistas o narcotraficantes. Si buscamos que el Estado de Derecho reine en todo nuestro territorio no se puede seguir aplazando una reforma que desplace el poder de las mafias y se lo entregue a los ciudadanos.

Para conseguir este propósito será necesario tramitar una ley estatutaria enfocada en regular el proceso de elecciones locales. Una ley de esta naturaleza puede aprobarse en el primer período legislativo, tal como sucedió con la ley 1475 de partidos políticos en el año 2010. Incluso, con un decidido impulso político puede tramitarse en los primeros 100 días de gobierno. De esa manera, la corte constitucional podrá estudiarla y avalarla con tiempo suficiente para que entre a operar antes de que empiecen oficialmente las campañas locales el próximo año.

En cuanto a sus ejes principales, la ley de elecciones locales debe enfocarse a mejorar la transparencia en el financiamiento político, para ello, se deben sincerar los topes electorales, dependiendo del tamaño y capacidad económica de la entidad territorial deberían triplicarse o quintuplicarse, de tal forma que todos los dineros provenientes de fuentes legales sean reportados.  En segundo lugar, se debe reducir el costo de las campañas, para ello se debe pensar en limitar la publicidad electoral a solo 30 días previos a los comicios. Se debe mejorar el sistema de anticipos para las campañas de gobernadores y alcaldes y establecer un sistema serio de auditorías sobre los gastos electorales priorizando aquellos sitios con más alto riesgo de captura del Estado.

El reto es claro: o nos ocupamos de transformar la democracia local, o seguimos discutiendo reformas nacionales mientras la criminalidad gobierna en los territorios.