Lo que dice Duque y lo que debemos esperar

Nada debería sorprendernos después de la elección de Ernesto Macías como presidente del Senado de la República, pues, aceptémoslo o no, son indicios de ese camino tramoyero que nos espera como país en los próximos cuatro años. Duque aseguró no conocer previamente el discurso de Macías y este juró que “lo escribió solito”, como solito se presentó Duque ante la Corte Penal Internacional para denunciar al actual presidente de Venezuela por “violación sistemática” de los derechos humanos y otros delitos contra su pueblo.

Los indicios son todos aquellos elementos circunstanciales que nos permiten inferir la existencia de algo que no aparece a simple vista, pero que está allí detrás del telón de los hechos. Y los hechos son mucho más dicientes que las palabras porque son portadores de la realidad. Y la realidad nos dice que el partido del presidente Duque, que se opone sin tibiezas a la consulta anticorrupción que busca, entre otros objetivos, bajarle al abultado salario a los congresistas, ha modificado a última hora, violentando la Constitución Política, las normas del “concurso de méritos” con el que se busca elegir, en el trascurso de la semana, a un nuevo contralor de la república. Estas modificaciones, como lo informa Noticias Uno, tienen como propósito favorecer, entre otros candidatos, al cuestionado esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, investigado precisamente por la Controlaría General por el manejo irregular de los recursos públicos del Fondo Nacional del Ganado. A lo anterior habría que agregarle, entre otras, la sanción proferida por la Procuraduría por tráfico de influencias en 2004 cuando se desempeñaba como superintendente de notariado y registro.

Los hechos, pues, nos dicen que las propuestas del nuevo gobierno están muy lejos de beneficiar a los más necesitados. Bajarle los impuestos a los ricos del país como mecanismo para producir más empleo no deja de ser todo un contrasentido. Ningún economista serio podría plantear semejante idea si lo que se busca es ampliar la clase media y sacar a más 25 millones de ciudadanos de la pobreza. Para el nobel de economía Joseph E. Stiglitz “no hay base teórica o empírica que respalde esta afirmación”, ya que “la reducción de la tasa impositiva no es garantía de más inversión”. Además, como lo expuso en su momento Gustavo Petro, ¿cómo llenaría Duque los huecos fiscales que generaría semejante propuesta? Para que la balanza permanezca en equilibrio es necesario el contrapeso, y en economía ese contrapeso nos dice que si se le rebaja los impuestos al empresariado (los ricos de esta historia) esa factura pasará necesariamente a los consumidores de los productos básicos y, por lo tanto, a la clase media y a la población más necesitada. En el mismo sentido, Fedesarrollo ha advertido “que el impacto de una rebaja del impuesto de la renta a las empresas va a representar una caída sostenida de los ingresos del Estado, que pasará de 15,3% del PIB en 2018 a 14,8% en 2021”.

Para el uribismo, que en el fondo es el proponente de esta nueva reforma tributaria, los más necesitados del país son los que menos les interesa. La mentira y el engaño (ya lo hemos vivido a lo largo de las dos últimas décadas) son sus armas preferidas para confundir a una vasta población de ciudadanos sin formación política y, peor, sin posibilidad de salir de ese atolladero que es la pobreza. Lo anterior lo vimos reflejado esta semana en la defensa que hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de Electricaribe. Asegurar que esta empresa (que cobra la cuota más alta del país en la prestación del servicio de energía) “debe tener tarifas más altas” no podría calificarse de otra cosa que de burla para los habitantes del Caribe que han padecido en los últimos años los constantes apagones, los daños a electrodomésticos y cientos de millones de pesos perdidos en mercancía refrigerada. Pero este genio de la economía (quien aseguró durante el gobierno Uribe “que el salario mínimo de los colombianos es ridículamente alto”) no solo es partidario de bajarles los impuestos a los poderosos del país (contraviniendo los análisis hechos por un premio nobel de economía y una fundación como Fedesarrollo), sino también de subirle la tarifa de energía a los más pobres de la Costa Norte colombiana y de paso los impuestos.

Los viejos solían decir que solo había que ver el desayuno para inferir cómo sería el almuerzo. Hasta ahora, el asunto pinta mal para la población más vulnerable del país. La propuesta de gravar los salarios superiores al 1.800.000 no solo es criminal por la desvalorización fáctica del peso colombiano, sino que confirma los resultados del reciente estudio hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el cual concluye que para que una familia pobre alcance un ingreso medio en Colombia necesitará de 11 generaciones. A lo anterior habría que agregarle la tan publicitada reforma pensional que, según Duque, mejorará la calidad de vida de los pensionados, pero de la que ha manifestado su acuerdo (para reducirle la carga pensional al Estado) de que una vez fallecido el cotizante esta no puede transferirse a ningún otro pariente, como lo demanda la normatividad hoy. En la misma línea está la posibilidad planteada de gravar las pensiones por encima de los 4.400.000 pesos, un golpe que no solo afectará el bolsillo de ese 4% de colombianos que logró pensionarse con cinco salarios mínimos, sino que pone en duda que otros colombianos, más allá de los que hoy lograron una pensión, alcancen la suya.

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