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Opinión

  • | 2018/11/14 15:47

    ¿Haciendo socialismo?

    El Ministro de Hacienda ha resuelto bajarle los salarios y los ingresos a los colombianos a través de colocarle un Iva del 18% a todos los productos de la canasta familiar: a los huevos, al arroz, a la leche, a las carnes, al pescado, a los granos, etc. Esta reforma merece, aún más que la del 2016, los acertados comentarios del senador Iván Duque: “Es una reforma fiscalista y alcabalera… porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas… esta reforma afecta de manera categórica a la clase media".

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"Un Iva del 19% para el vestuario, para los electrodomésticos, para los productos de aseo personal y para los productos de aseo para el hogar es una infamia”. (Negrillas, mías) ¿Cómo calificar el 18% para la canasta familiar? Porque no es lo mismo gravar los langostinos o el caviar que los huevos o la papa.

De otro lado, ha decidido subirnos desconsideradamente lo que debemos pagar por impuestos las personas naturales de clase media-alta, media-media y media-baja, al tiempo que crea el impuesto sobre el patrimonio  —Manes de Piketty que se ingenió el impuesto progresivo sobre la riqueza— para las personas naturales con una tarifa del 0.75% para quien tenga 3 mil millones de pesos o más;  y una tarifa del 1.5% para quien tenga 5 mil millones de pesos o más. Este impuesto, que había sido suprimido en la reforma tributaria de 2016, implica para las personas naturales un pago de $22.500.000 en el primero de los casos (patrimonio de 3 mil millones), y de $75.000.000 en el segundo (patrimonio de 5 mil millones).

Parece olvidar el ministro Carrasquilla que el patrimonio es lo que le queda a uno de los ingresos obtenidos, después del consumo de los hogares y del pago de los impuestos de renta, predial, ICA, etc. Es decir, es el ahorro convertido en inversión. Las personas, por cuenta de esos ingresos, ya pagaron, pues, los impuestos que les correspondían. Gravar de nuevo a esas personas en razón de esos mismos ingresos vueltos parcialmente patrimonio implica pretender nivelar a las familias colombianas por lo bajo. Es hacer socialismo quizás sin tener conciencia de ello, a semejanza del personaje de Molière, Monsieur Jourdain, quien llevaba 40 años de hablar en prosa sin saberlo (El Burgués Gentilhombre).

De otro lado, detrás de esta medida está la idea consciente o inconsciente de que la palanca del desarrollo en un país es la inversión que hace el Estado y no principalmente la inversión de la sociedad civil. Es privilegiar a los burócratas sobre los emprendedores medianos y pequeños. Pues esta medida lo que hace es quitarle recursos a esos emprendedores para transferírselos al Estado.

Es exactamente lo contrario del compromiso adquirido por el doctor Iván Duque en la campaña presidencial: “Menos impuestos y más salarios”. Era una promesa tanto suya como del Centro Democrático.  

Con el correr del tiempo el candidato no volvió a hablar de bajar impuestos, sino de reducírselos a las sociedades como si las personas naturales no pudieran hacer también empresa. Con ello no haría sino continuar un proceso, que no critico, que ha tenido distintas manifestaciones en los últimos años tales como: la reducción de los parafiscales; de la tarifa del impuesto sobre la renta que conforme a la ley vigente sería del 33% sobre el año gravable 2018 y del 32% sobre el 2019; la tarifa especial de las empresas en zona franca del 20%; y los acuerdos de estabilidad jurídica que esta reforma revive, etc.  Son exenciones que le cuestan al Estado varias reformas tributarias. Y no hablemos de los subsidios a la producción ineficiente incapaz de competir exitosamente, no digo yo en el exterior, sino aun en nuestro propio territorio tratándose de productos agrícolas y aun manufacturados.

Muchos creen que la reforma tributaria del ministro Carrasquilla obedece a un déficit presupuestal culpa del anterior gobierno que habría “dejado la olla raspada”. Realmente se trata de un déficit de financiamiento del presupuesto de 2019 que nada tiene que ver con el de 2018.  Es un déficit creado por este gobierno al rediseñar el presupuesto. El Gobierno quiere gastar en funcionamiento 3 billones más de lo previsto en el presupuesto original, es decir, en burocracia y gastos generales, y 11 billones en inversión, quizá para responder a los innumerables pedidos al detal que se generan en los “Talleres Construyendo País”. Para tal efecto trasladó 14 billones de pesos que estaban previstos para el pago de la deuda pública a inversión y funcionamiento, creando un hueco de 14 billones para atender la deuda pública, a la cual en el presupuesto original se le habían asignado 66, quedando en 52 por cuenta de esta maroma.

De suerte que, si no se aprueba ni un solo artículo del proyecto de ley de reforma tributaria, lo que queda sin financiación en el presupuesto no son los subsidios al programa de Familias en Acción ni el de alimentación escolar de Cero a siempre para la primera infancia, etc., como se dice por razones de publicidad, sino unos incrementos burocráticos y de gastos generales, y unas inversiones improvisadas en los Talleres Construyendo País. El primero, fuente de clientelismo, el segundo, de despilfarro, al hacer asignaciones de dineros públicos al menudeo sin que se ajusten a los planes y programas de desarrollo como ordena la Constitución. La alternativa  es acudir al crédito público para abrirle paso a un Estado aún más “derrochón”, quizás comprometiendo la regla fiscal. En resumen, o se abonan 14 billones de pesos a la deuda pública y se hacen las contrapartidas necesarias para tal efecto ya que el presupuesto del 2019 está aprobado y en consecuencia el incremento burocrático se queda sin financiación, o se hace esta reforma tributaria camuflada de ley de financiamiento para más burocracia y más inversioncitas. Pero, por favor, no nos traten de engañar confundiendo déficit fiscal con faltante de financiamiento.

Constituyente 91*

Noviembre 14 de 2018

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