Home

Opinión

Artículo

Camilo Cuervo (Foto para columna)

OPINIÓN

Reformas sin textos, difícil… de espaldas a la academia, ¡imposible!

Todos queremos cambios, todos los necesitamos, pero la única forma de que sean posibles y sostenibles en el tiempo es hacerlos con el rigor técnico y académico que todos los colombianos demandamos y merecemos.

27 de enero de 2023

El Gobierno Petro ha anunciado su paquete de reformas “sociales” que al parecer pretenden refundar el país en varios aspectos trascendentales para el día a día de los colombianos. Muchas de las reformas que se han implementado hasta ahora son controversiales, pero no tienen la capacidad de afectar al ciudadano en el corto plazo.

Ahora bien, restructurar el sistema de salud, las normas laborales y las pensiones afectan a la gente de forma inmediata y pueden ser la gran diferencia entre tener una vida digna o no tenerla.

A pesar de eso, a tan solo una semana de la presunta radicación de esos proyectos ante el Congreso de la República, nadie conoce el texto de las propuestas y nos restringen el acceso a pequeñas píldoras que los ministros o los congresistas afines al Gobierno sueltan en los medios de comunicación.

El presidente ha solicitado a sus seguidores que salgan a las calles a defender las reformas que no conocen. Se advierte que esas manifestaciones públicas serán el escenario ideal para que los ministros, al mejor estilo de asambleas mesiánicas, expliquen lo que consideran es el único camino para los colombianos.

Ese proceder no solo es absurdo, sino peligroso, en especial porque esas marchas se convocan con el velado propósito de medir fuerzas con las marchas que previamente había anunciado la oposición.

El tema es tan preocupante que el presidente del Congreso, Roy Barreras, otrora gran defensor de cuanta reforma se le ocurría al presidente Petro, ya ha empezado a mostrar su inconformidad con el proceder de los ministros y con el hermetismo que pretenden imprimirles a los textos que teóricamente ya están “listos”.

Además, en los pasillos del Congreso se rumora que son varios los ministros que no le jalarían a los proyectos que presuntamente se han formulado en materia de salud y de trabajo.

En ese contexto, es muy difícil que esas reformas puedan trasegar el Congreso con la misma facilidad con la que se han aprobado otras iniciativas, en especial cuando ya estamos en medio de las elecciones regionales en que gobierno y oposición medirán fuerzas y cualquier desliz puede ser nefasto para sus aspiraciones de consolidar o recuperar mayorías.

Pues bien, si tratar de aprobar reformas es difícil sin conocer los textos, intentar hacerlo de espaldas a la academia es irresponsable y casi imposible.

Es claro que cualquier cambio será mucho más fácil si expertos y estudiosos le dan su beneplácito. Parece que esconder las reformas, más que una mera circunstancia de mecánica política, obedece al temor que tienen los “filósofos” del Gobierno de que sus ideas no resistan ningún análisis técnico.

En el caso del sistema de salud, por ejemplo, proponer la eliminación definitiva de las EPS y pretender que el administrador del sistema sea un único fondo público al que accedan alcaldes y gobernadores, no solo es altamente antitécnico, sino absurdamente peligroso para la salud de todos los colombianos, en especial de la gente más pobre.

Hoy cuando el sistema demostró que tiene la capacidad de reaccionar exitosamente a amenazas tan fuertes como una pandemia global, quieren destruirlo con el único propósito de acabar con la iniciativa privada. Solo ese aspecto no resistirá un análisis medianamente serio en un escenario técnico.

En el caso de la anunciada reforma laboral, pretender generar un nuevo estatuto del trabajo para presuntamente cumplir con un mandato constitucional, implicaría borrar de tajo toda la jurisprudencia de las altas Cortes que han desarrollado ese estatuto ante la inacción del Congreso, pero además, implicaría un tránsito muy tortuoso por el legislativo al requerirse doble vuelta y revisión previa de la Corte Constitucional por tratarse de una norma estatutaria que define derechos fundamentales.

Un proceder de esa magnitud, de espaldas a las universidades, a los tanques de pensamiento y a las organizaciones sociales sería utópico.

Todos queremos cambios, todos los necesitamos, pero la única forma de que esos cambios sean posibles y sostenibles en el tiempo es hacerlos con el rigor técnico y académico que todos los colombianos demandamos y merecemos. Este gobierno se eligió con la promesa de un cambio, pero no cualquier cambio, ni a cualquier precio.