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JORGE HUMBERTO BOTERO
JORGE HUMBERTO BOTERO. PRESIDENTE DE FASECOLDA BOGOTA, OCTUBRE DE 2017 FOTO GUILLERMO TORRES - REVISTA DINERO - Foto: Guillermo Torres

Refundar la patria

El documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo postula un nuevo país. Discutirlo a fondo será tarea prioritaria durante los próximos meses.

Por: Jorge Humberto Botero

La normativa constitucional dispone que cada gobierno tendrá un Plan Nacional de Desarrollo que tendrá dos partes.

Una general, que contendrá la visión que el Gobierno tiene de los grandes retos del país y su estrategia para afrontarlos. Para que esos anhelos tengan concreción, es obligatorio adosarles un plan plurianual de inversiones.

El proceso de su expedición comienza con la publicación de ese documento y su remisión ulterior a un consejo consultivo elegido por el presidente de listas que le presenten entidades territoriales y grupos de interés social de diversa naturaleza. Hecha la valoración de estos insumos, y dentro de los seis meses posteriores a la posesión del presidente, debe presentase al Congreso para su aprobación.

El juego político que se inicia con la difusión de las bases del Plan cambia de naturaleza en cada fase. En la primera, que es en la que estamos, los protagonistas son académicos y analistas en los medios de comunicación. Lo normal es que estos actores discutan las políticas propuestas y la coherencia entre anhelos y recursos para realizarlos. Se les atiende hasta cierto punto: no actúan como cuerpo, no son coherentes entre sí y no se movilizan en pro de sus ideas.

El paso por el Consejo Nacional de Planeación no suele generar mayores dificultades. Para definir sus integrantes, el presidente busca garantizar mayorías a su favor, los debates en ese ámbito sirven para realizar algunos ajustes.

La etapa complicada tiene lugar en el Congreso. Allí no se discuten, de ordinario, las visiones del gobierno ni la coherencia fiscal. Lo que entonces ocurre es un gran festival de partidas presupuestales para proyectos específicos: es la política al menudeo.

Los gobiernos anteriores han realizado ejercicios de validación social con distintos sectores sociales. El actual sigue esa tradición aunque pretende que los suyos sean obligatorios. No lo son desde el punto de vista jurídico.

Tampoco desde la óptica política por una razón simple: las comunidades a las que se ha dado interlocución, que son una mínima parte del país, no han formulado conclusiones inequívocas.

Que una determinada palabra -salud, energía, empleo, por ejemplo- haya sido mencionada en las actas elaboradas por el Gobierno puede servir para que sepamos, lo que es una obviedad, que esos temas son importantes, pero de allí no se desprende ninguna propuesta. No sorprende, sin embargo, este conato de manipulación.

Los gobiernos populistas suelen sostener que la democracia directa consiste en que haya un gobernante clarividente que escuche al pueblo e interprete, con amplia discrecionalidad, sus sentimientos de cambio.

La lectura del documento recientemente difundido plantea dos ejes innovadores que vale la pena mencionar. El primero consiste en una ambiciosa reordenación del territorio en torno al agua; el segundo, la introducción del cuidado de terceros como un nuevo sector de la política pública. Son innovaciones interesantes.

Sin embargo, hay que señalar que la nación carece de competencias plenas en cuanto al manejo del agua y cualquiera otro de los elementos que integran el territorio. Las comparte con las entidades territoriales y con las corporaciones autónomas regionales.

En consecuencia, darle centralidad al agua es tarea que implica concertaciones complejas y, tal vez, cambios constitucionales.

En cuanto a la generación de recursos para apoyar a quienes trabajan cuidando a otros sin remuneración alguna -de ordinario mujeres pobres-, son dos las consideraciones que habría que tener en cuenta: el diseño de los programas, sobre los que nada se sabe, y el costo de su implementación que puede ser muy elevado.

Cabe aquí un comentario general: la posibilidad de financiar las propuestas muy ambiciosas que plantea el Gobierno habida cuenta de las restricciones fiscales que sufrimos. Los gastos que la pandemia hizo indispensables para evitar el colapso de muchas empresas pequeñas y auxiliar a familias vulnerables fueron enormes y se financiaron con crédito, no con impuestos.

La depreciación acelerada del tipo de cambio -en parte generada por los mensajes del gobierno contra el sector de hidrocarburos- ha encarecido el servicio de la deuda externa, efecto nocivo al que se añade un escenario internacional de tasas elevadas de interés.

La ampliación de la brecha externa dificulta la posibilidad de tomar nuevos préstamos en el exterior. Un escrutinio riguroso de las cifras planteadas en ese texto es urgente. Transitamos en el filo de la navaja.

Petro profesa un rechazo profundo por la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos. Quisiera eliminarla o reducirla al mínimo; cuando participan empresarios -ha dicho- lo que tendría que ser un bien público se convierte en mera mercancía.

Tropieza, sin embargo, con un problema: que expresamente la Constitución consagra esa posibilidad. Excluir o volver irrelevantes a esos agentes que le disgustan obligaría al Estado a indemnizarlos. Las sumas a cargo del fisco por un manejo impropio de esta expulsión podrían ser enormes.

Llama igualmente la atención que mientras el documento que comentamos esboza una reforma a la salud, a la que ha calificado como una de las peores del mundo -tesis que, con adecuado aporte de cifras, ha sido refutada por expertos- poco dice sobre la reforma pensional, un tema de la mayor importancia social y financiera.

Desconciertan, de otro lado, las iniciativas en materia de infraestructura. Los objetivos serán vías terciarias, terminales fluviales y aeropuertos. Nada se dice sobre los planes, todavía incompletos, para lograr la conexión plena de las macro regiones y a Colombia con los puertos en ambas costas.

Pretender que para afrontar las grandes falencias que persisten se acuda a convenios de empresarios con juntas de acción comunal es insensato.

El Progresismo concede una interlocución preferente a ciertas etnias (no a todas: a los gitanos sí, no a los árabes, por ejemplo) y a sectores campesinos. El foco tampoco está en los pobres, una categoría que los incluye, pero que es más vasta que aquellas. Quiere que ambos colectivos puedan vetar los proyectos de infraestructura que crucen sus territorios.

Este poder de bloqueo explica que la energía eólica que ya se genera en La Guajira no pueda conectarse al sistema eléctrico nacional causando un daño enorme al país. Esa idea perversa se asoma en distintas partes del Plan. No sobra advertir que la intención de crear ciudadanos preferentes fue la causa principal del rechazo de Chile al proyecto de constitución y al deterioro agudo del prestigio del Presidente Boric.

Unos más que otros, los gobiernos son adánicos, todo lo que han hecho sus antecesores es malo y con ellos comienza la redención del pueblo. El nuestro actual es parte de esa tendencia. Es una lástima. Las naciones que progresan son aquellas que logran tener un acervo de proyectos colectivos que se implementan a lo largo de sucesivos gobiernos.

Briznas poeticas. De Gustavo Adolfo Garcés esta joya: “Para impedirme el paso / tendría que levantar el puente levadizo / siempre / que la excavación fuera profunda / y circundara la fortaleza / …pero qué hacer sin foso / sin puente / sin castillo”.