Ficción conveniente

El Gobierno, atendiendo las recomendaciones del comité asesor de la regla fiscal, acaba de flexibilizar las metas del déficit con el argumento de atender los gastos del choque migratorio venezolano. Señalan que deben atenderse 1,2 millones de migrantes que exigen gastos adicionales este año por valor de 5 billones de pesos o $4.166.667 por persona. Con esta decisión se despeja el incumplimiento de la regla fiscal que acarrearía consecuencias graves para la economía como la pérdida del grado de inversión otorgado por las calificadoras de riesgo internacionales, con sus secuelas de retiro de la inversión externa indirecta (léase crisis cambiaria) y hasta la privación de acceso a los mercados externos de capitales.

Lo primero que debe señalarse es que la ley que consagró la regla fiscal ha significado una reducción de soberanía en el manejo de la economía porque ha conducido a poner en manos de calificadoras de riesgos como Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch Ratings el manejo fiscal del Estado. Estas agencias se mueven no solamente por criterios económicos sino también políticos, como quedó demostrado con sus desacertados dictámenes durante la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos.  En la coyuntura actual, el hecho de acudir a los impactos de la crisis venezolana como causa justificativa de la flexibilización, lleva a pensar que Colombia no será castigada con una reducción de su calificación lo que da cierto grado de tranquilidad.

Lo preocupante es que la cuantificación de los gastos del Gobierno con motivo del alto número de migrantes luce bastante elevada, tomando como parámetro el documento Conpes No. 3950 de 23 de noviembre de 2018, el gasto público por habitante y los recursos para la implementación de los acuerdos de paz. En el documento Conpes de hace apenas cuatro meses, se tasó la estrategia para la atención de la migración desde Venezuela en salud, educación, primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad para los próximos tres años en 422.779 millones de pesos, así: 149.508 millones para 2019, 135.537 millones para 2020 y 136.881 millones en 2021.

Dichos montos no incluyen el costo de afiliación al régimen subsidiado de salud que con un valor de la Unidad por Capitación (UPC) de aproximadamente 900.000 por persona, implicaría un gasto de un billón de pesos anuales para cubrir a la totalidad de los migrantes. Sumados los dos rubros, se estaría hablando de 1,15 billones anuales, monto muy inferior a los 5 billones aducidos en las consideraciones de la regla fiscal.

Visto desde otra perspectiva, el total del presupuesto nacional, sin pago de la deuda, asciende a 207 billones de pesos, lo que equivale a un gasto por todo concepto de aproximadamente 4,5 millones por habitante. Nuevamente, la comparación con el costo de 4,1 millones por migrante para 2019, permite concluir que este último valor debe estar sobredimensionado.

De otra parte, el presupuesto nacional contiene 2,6 billones de pesos para la implementación de los acuerdos de paz, que se ha calificado de insuficiente para cumplir con la reinserción, las víctimas, la reforma rural y la necesarísima presencia social y económica del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado, con los 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado o migración forzosa interna, muchas de las cuales todavía no han recuperado su estabilización socioeconómica. Este rubro es desproporcionadamente inferior a los 5 billones para 1.200.000 migrantes venezolanos.

Para que no se entienda la flexibilización de la regla fiscal como una pantomima que pueda resultar en un revés, se hace necesario que el Ministerio de Hacienda divulgue con transparencia todas las cifras pertinentes y que se sinceren las políticas públicas más allá del discurso, con una demostración seria de la priorización y asignación de los recursos públicos. De lo contrario, la justificación de la flexibilización de la regla fiscal no dejaría de ser una ficción conveniente.