Rehenes del proceso

Los colombianos tenemos razón en afirmar que la zona de distensión debería tener reglas de juego más estrictas. En lo que no podemos caer es en la bobada de creer que estamos en condición de exigirlas, cuando quienes se pararon de la mesa de negociación fueron las Farc y cuando son ellos quienes nos están poniendo las condiciones para regresar a ella. La reciente carta de Noemí Sanín a Marulanda cae en la misma contradicción. En la de imponer condiciones para reanudar un diálogo que no fuimos nosotros los que interrumpimos. Querámoslo o no, los colombianos nos hemos convertido en rehenes del proceso. Lo inteligente ahora sería hacer una doble columna entre qué nos resultaría más costoso: si romper, a costa de todo, o seguir, a pesar de todo. Seguir: Llega el 31 de enero y el gobierno nuevamente mete el rabo entre las piernas, prorrogando la zona de distensión. Las Farc mantienen el proceso congelado, las muertes de Diego Turbay, de su madre y resto de comitiva —así como todos sus otros crímenes— quedan impunes, continúan los secuestros, las tomas, pero se mantiene abierta la posibilidad de que Camilo Gómez y los negociadores del gobierno se pasen de tarde en tarde por el Caguán a tomarse un tinto endulzado con panela para pedirles que dejen de volar las torres eléctricas. La opción de reanudar en cualquier momento la negociaciones sigue abierta. Romper*: La reapertura de las conversaciones se vuelve inmediatamente issue de la siguiente campaña electoral. Para las Farc el negocio es bueno: se aliarían con el candidato que más ofrezca, que de ninguna manera será menos de lo que ya tienen. ¿Más territorio de distensión? ¿Cogobierno en el territorio suroriental? ¿Implantación del régimen semi o completamente parlamentario con la mitad de las curules para las Farc? Si para las Farc es bueno esperar, para los próximos candidatos a la Presidencia el negocio es pésimo: ¿Cómo obtener la reapertura de la negociación sin ofrecer nada a cambio? ¿Cómo evitar que el del lado ofrezca más que uno? ¿Cómo ganar las elecciones sin entregar el país? ¿Cómo evitar que en materia de paz, las próximas elecciones se vuelvan un mercado persa? * Rotas las negociaciones de manera definitiva, el país tendría que pensar en serio en una guerra integral. Guerra total significa invertir no menos del 60 por ciento del presupuesto en el Ejército. ¿Están realmente los colombianos dispuestos a asumir este sacrificio, que significa no esperar nada del Estado? (si hoy parece que nada puede esperarse del Estado en materia de salud y educación, ¿cómo será entonces?) ¿Están realmente los gremios preparados para sacrificar la producción a cambio de la guerra, o serían los primeros en salir a pedir que se haga un nuevo esfuerzo de diálogo? En la guerra contra guerrillas no hay Waterloos. La victoria no se logra a ritmo de coctel —o sea de la noche a la mañana— con vaso de whisky en la mano. Cuando pasen los días sin ningún resultado, ¿cuánto tardaremos los colombianos en pedir la reanudación de la negociación? * El crecimiento del paramilitarismo se triplicaría. La degradación del tratamiento de los derechos humanos en Colombia, que hoy ya de por sí es mundialmente escandalosa, terminaría por consagrarnos en nuestro papel de parias internacionales. * Nuestros vecinos latinoamericanos se lavarían las manos aterrados de las consecuencias internas que esta guerra les implicaría. Ninguna solidaridad podríamos esperar de su vecindad. Menos aún de la de Venezuela, que claramente jugaría un papel preponderante a favor de las Farc. * ¿Cuántas libertades fundamentales —de esas que enorgullecen a la Constitución del 91— tendría que ver la Corte Constitucional suspendidas de hecho en el país? En ese escenario, la existencia de esa Corte que acaba de ordenarle al gobierno reinstalar con término perentorio a los desplazados, quedaría condenada a dormir el sueño de los ridículos. Para ahorrar tiempo, sería prudente que san José Gregorio fuera preparando un borrador de sentencia que decrete que la guerra en Colombia es inconstitucional. Es este el escenario que nos espera si no se prorroga el despeje y se continúa en el esfuerzo de reanudar el diálogo con las Farc. El problema es que para cambiar el giro de los acontecimientos, al presidente Andrés Pastrana le queda muy poco margen de maniobra. Para muchos efectos, su gobierno ya terminó. Si se rompe definitivamente la negociación con las Farc el país le achacará el fracaso de su principal bandera. Si logra mantener relativamente abierto el margen de negociación la historia seguramente lo absolverá, cuando, mirando los colombianos hacia atrás, aceptemos que eso era lo que se debería haber hecho. Entretanto… ¿No es una excelente oportunidad la que brinda la elección de un delincuente como nuevo contralor de Cundinamarca para volver a pensar en cerrar las asambleas departamentales?