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Remar a contracorriente

Mientras en Colombia seguimos enfrascados en el debate sobre la legalidad de Uber, en el mundo ya empiezan a discutir sobre la regulación de los vehículos autónomos. Tenemos que cambiar el chip y empezar a generar espacios de discusión sobre la tecnología y los modelos de negocio disruptivos que empiezan a llegar al país.

Lucas Pombo, Lucas Pombo
27 de junio de 2019

Desde hace más de un mes Uber llegó a la Bolsa de Nueva York y, mientras todos los días se compran y venden millones de dólares en acciones de la compañía, en Colombia aún no hemos podido regular su actividad. El Estado decidió tomar la vía fácil al no legislar sobre un servicio que llegó para quedarse, mientras se llena la boca hablando hasta la saciedad de un "servicio ilegal", mientras recibe los impuestos de la compañía sin sonrojarse. No es algo nuevo. En las últimas campañas, Uber ha sido tema recurrente en los foros y debates; sin embargo, a la hora del té, entre la presión del gremio de los taxistas y la aplastante realidad de unas ciudades cada vez más llenas de carros blancos, hemos quedado atrapados en un escenario de inacción absoluta como respuesta a una realidad del Siglo XXI.

Mientras esperamos a que explote la olla a presión de Uber para tomar medidas de fondo, nuevos fenómenos empiezan a llegar a Colombia desde otros lugares del mundo. Un ejemplo de esta nueva realidad dinámica es la llegada de las patinetas eléctricas como una solución de movilidad en ciudades donde no existen sistemas eficientes de transporte público. Perdimos meses, años valiosos en los que a pesar de ver como estos vehículos inundaban las calles del mundo, decidimos esperar cruzados de brazos hasta que los problemas llegaran; cuando inevitablemente llegaron optamos por la solución más fácil: decomisar las patinetas y barrer debajo de la alfombra un problema que se debe a nuestra incapacidad de anticipar la realidad de nuestros tiempos.

Se han hecho esfuerzos aislados en el Congreso por salirle al paso a los servicios disruptivos que llegan al país. El senador Rodrigo Lara presentó un proyecto de ley que buscaba crear un nuevo contrato que diera garantías mínimas en materia de seguridad social a los afiliados a plataformas como Rappi, sin caer en la categoría del contrato tradicional de trabajo, que no corresponde a la realidad de las nuevas dinámicas que ha traído la tecnología; sin embargo, el absolutismo y la incapacidad de los actores sociales de moverse de los extremos, así como la falta de interés por abordar temas complejos como ese, llevó a que la iniciativa quedara sepultada en un cajón en el Congreso de la República.

Y qué decir de Airbnb. Este gigante, cuyo valor ronda los 30 billones de dólares, está cambiando los paradigmas en materia de hotelería y turismo en el mundo y, salvo algunos esfuerzos puntuales a nivel de Gobierno, no hemos logrado llevar al centro del debate público, en el Congreso de la República, el tema de su reglamentación con un enfoque moderno, realista y no con la absurda estrategia de mirarnos el ombligo, pretendiendo prohibir el paso de un tren que ya va a toda velocidad.

No podemos seguir dejando pasar las discusiones incómodas, y muchas veces impopulares, sobre los nuevos servicios y tecnologías que llegaron y seguirán llegando al país,  como parte de un fenómeno global. Mientras seguimos, como avestruces, con la cabeza metida en un hueco, en el mundo ya se habla  de vehículos autónomos e inteligencia artificial. Llegó la hora de crear escenarios de discusión sobre temas que parecen lejanos pero están a la vuelta de la esquina. Cuando en vez de apagar incendios con medidas inmediatistas  empecemos a tomar al toro por los cachos, estableciendo reglas de juego claras, empezaremos a aprovechar los avances que nos trae este nuevo siglo, sin hacer daño a nuestra vida en sociedad.

Pildorita: Las suspicacias que ha generado el cambio en las reglas de juego de la elección del Registrador Nacional son una muestra más de la necesidad de que en la Reforma a la Justicia se le quite de una vez por todas las funciones electorales a los magistrados de la altas cortes.

 

 

 

 

 

 

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