Colombia: entre rendición de cuentas y amenazas

Colombia en su vida republicana fue varias veces objeto de notificaciones amenazantes por parte de algunas potencias. En el siglo XIX Cartagena fue bloqueada por los franceses en 1833, por los ingleses en 1836 y por los italianos en 1898 por el caso “Cerruti”.

En la época actual Trump, siguiendo el estilo implantado por Chávez y seguido por Maduro de la diplomacia del micrófono y ahora del Twitter, nos reprende públicamente y nos pide cuentas sobre la erradicación de cultivos y la lucha contra el narcotráfico.

De nada valieron los abrazos presidenciales de días atrás en Washington, ni las visitas de altos funcionarios norteamericanos a Colombia, ni mucho menos la posición asumida por nuestro país en la crisis venezolana.       

De otra parte, la embajada rusa en Bogotá, se consideró con el derecho de enviar a la cámara de representantes una insólita comunicación, que constituye una “advertencia” al gobierno de Colombia, de que cualquier acto de fuerza contra Venezuela la interpretaría como un acto de agresión y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.  

Ante la reacción generalizada en contra de esa comunicación, incluyendo la del presidente y el canciller, la misión diplomática se apresuró a aclarar que la misiva había sido mal interpretada por el gobierno colombiano. Sin embargo, según sus voceros solamente se proponía trasmitir la posición rusa frente al intento de ingresar “ayuda humanitaria” a Venezuela.

Cualquiera que sea la interpretación de la comunicación, siendo Colombia la punta de lanza contra el régimen de Maduro y el protagonista principal del “concierto-show” del 23 de febrero, se trató de una velada amenaza. Habría que saber si una notificación parecida se hizo a Brasil que está en la otra frontera y en donde acaeció un incidente similar, aunque de menores proporciones.

Si un mensaje del mismo talante es remitido en Moscú por nuestra embajada al presidente del parlamento ruso, por ejemplo, sobre el caso de Crimea, nuestro representante diplomático seguramente tendría que regresar al país.

Simultáneamente, el embajador de los Estados Unidos en Bogotá se vio obligado a cancelar una cena que proyectaba ofrecer a la Corte Constitucional, después de que había desayunado con miembros de la cámara de representantes para expresar su apoyo a las objeciones planteadas por el gobierno a la ley estatutaria de la JEP.

Naturalmente que, si nuestro embajador en Washington se propone invitar a los miembros de la Suprema Corte de los Estados Unidos para expresarles los puntos de vista de nuestro país sobre uno de los temas que analiza el alto tribunal, ni siquiera lo dejan entrar al edificio.

El problema de las frecuentes intervenciones, incluso públicas, de funcionarios de misiones diplomáticas o de organismos internacionales en asuntos que atañen al orden doméstico de la nación, reside simplemente en que desde tiempo atrás, no sólo se les ha permitido, sino que se les ha solicitado dicha intervención. Y eso va volviendo costumbre.

Naturalmente que no faltan los que no resisten la tentación de acudir a un almuerzo o a una celebración en una misión diplomática, por aburrida que sea.  

(*) Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.