Recibir, sin mirar de quién

El mundo está en estupor con los “Panama Papers”: un archivo de cientos de miles de empresas de papel, creadas en Panamá para que algunos inversionistas oculten dinero en paraísos fiscales y le hagan el quite a sus obligaciones tributarias. 

Entre los beneficiarios hay de todo: desde taciturnos jefes de Estado islandeses hasta directores de cine avant garde; desde futbolistas mediterráneos hasta emires de Catar.  Y, por supuesto, hay colombianos.  Entre más información se publique, más colombianos serán expuestos, sin importar afiliación política.

La prensa reporta al menos 850 colombianos en la lista, que es una pequeña muestra de una práctica amplia en nuestro país (y en el mundo: Bono, el cantante de U2 y reconocido humanitario, movió sus activos a una sociedad “offshore” para protegerlos del fisco irlandés).  Estoy seguro de que, en este momento, varios inversionistas están dándole gracias a Dios de que el hackeo fue a la cuarta firma más grande de empresas offshore: hay tres (mucho) más grandes, y muchas más pequeñas, que tendrán a miles de colombianos más como clientes.

No se trata, entonces, de algo marginal. Ante esta situación, muchos denuncian la inmoralidad de que los ricos evadan impuestos, usando caros abogados para hacerlo.  Y tienen razón (y vale la pena preguntarse por la responsabilidad ética de los abogados que ayudan en estas operaciones). Pero lo más grave no es que unos cuantos usen estos vehículos para evadir impuestos.  Lo más grave es que este secretismo es una pieza fundamental de la estrategia de atraer inversión extranjera en la que se basa nuestro modelo económico. Los Panama Papers no son una aberración de unos cuantos vivos que le encontraron la comba al palo, sino son el reflejo de una visión coherente de la economía, funcionando a plena máquina.

La visión es, en esencia, la siguiente: lo que necesitan países como Colombia para desarrollarse es atraer inversión extranjera, como sea.  Para hacerlo, deben hacer al menos dos cosas.  Primero, dar gabelas tributarias a los inversionistas, para que sean “atractivos”. Colombia ofrece algunos beneficios, por ejemplo, a petroleras y a cadenas hoteleras; y Panamá ofrece una versión extrema de esos beneficios, a los clientes de su sistema financiero.  Esa es, en otras palabras, su “ventaja comparativa”. 

Y, segundo, cuando alguien decide efectivamente invertir, es mejor no hacer muchas preguntas sobre el origen de la plata. Mejor recibir bien, sin mirar de quién. Por este motivo, según cifras oficiales del Banco de la República, casi la mitad de la inversión directa en Colombia viene de lugares que pueden ser catalogados como paraísos fiscales.  Por ejemplo, en 2015 hubo en Colombia más inversión de origen panameño que español, y más inversión de las caribeñas y minúsculas islas Bermudas, que del Reino Unido. Las cifras son, en verdad, extraordinarias: la inversión en Colombia canalizada mediante posibles paraísos fiscales fue, en 2015, casi el triple de la inversión de Estados Unidos en nuestro país.

Vale, entonces, la indignación que generan los Panama Papers.  Pero pensemos en el modelo económico que los permite, y pensemos qué puede hacer Colombia al respecto.  Ya el Gobierno Santos se ha mostrado un poco más reticente que su antecesor a dar extremas gabelas tributarias para atraer inversión extranjera.  Debería hacer lo mismo con la inversión extranjera realizada mediante empresas de papel. La OCDE, a quien tantas ganas le tiene el Gobierno, tiene un robusto programa en contra de este dañino tipo de inversión secreta.  Vale la pena que, con el apoyo político de esa organización y aprovechando el escándalo de los Panama Papers, el Gobierno se monte en ese cuento, y comience a sacarnos de ese dañino juego en el que recibimos felices, sin preguntar de quién.

*Profesor de Derecho, Universidad de Los Andes