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Opinión

  • | 2019/09/23 16:16

    ¿Repitiendo fracasos anunciados?

    ¿Por qué no darle curso a un nuevo procedimiento en vez de repetir el que ya conocemos y que es fracaso sostenido?

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Continuar contratando campesinos desempleados para adelantar erradicación manual forzada de cultivos de coca es la repetición de una fórmula que traerá los mismos resultados: exacerbación de la violencia, ruptura de la relación comunidad-instituciones, expansión territorial de los cultivos y fortalecimiento de la ilegalidad en comunidades rurales. 

Significa nada más y nada menos que las autoridades llevan los campesinos contratados al matadero. 

¿A quién es útil este escenario? Erradicar coca de manera forzada involucrando civiles es además incumplir el tratado que prohíbe las minas antipersonal conocido como la Convención de Ottawa y que entró en vigor por Colombia desde marzo de 2001.   

¿Para qué violentar este instrumento internacional? 

… Cada Estado parte….. adoptará todas las medidas necesarias…. para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. (las negrillas son del columnista)…

En el 2018 hubo en Colombia 220 víctimas por contaminación con armas explosivas. De ellas, 60 ocurrieron cuando civiles adelantaban tareas de erradicación forzosa de cultivos de coca, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

No es un destino inevitable. Hay herramientas distintas. El acuerdo de paz dejó establecidos procedimientos para que la erradicación de los cultivos de coca fuera una estrategia de voluntad común entre distintos actores: cultivadores, autoridades locales, departamentales y nacionales e incluía ex combatientes en este proceso. 

¿Por qué no darle curso a un nuevo procedimiento en vez de repetir el que ya conocemos y que es fracaso sostenido? Debe tenerse en cuenta que la Convención de prohibición de las minas antipersonal ha sido herramienta de la política exterior colombiana en materia de desarme en las últimas décadas. Su incumplimiento, además de las consecuencias en número de víctimas y la transgresión de criterios éticos por parte del Estado, crea desconfianza en la comunidad internacional. 

La Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal ha advertido sobre esta situación desde 2006 cuando iniciaron los procesos de tercerización laboral para hacer erradicación forzosa de cultivos de coca con civiles, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe I y II, pasando por los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y durante el actual gobierno. 

No es un tema de poca monta. Derivado de la evidencia de las víctimas y la presentación de documentación concreta, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en  el 2016, hizo recomendaciones al Estado colombiano: 

El Estado parte debe interrumpir el uso de civiles en actividades de erradicación manual de cultivos de coca hasta que se verifique,… que las áreas en las que se deban realizar tales actividades estén efectivamente libres de minas terrestres, y se verifique también que esas áreas estén efectivamente libres de otros peligros que puedan poner en riesgo su vida o integridad. …. 

Hasta hoy continuamos haciendo caso omiso de esta recomendación y pretendiendo que la comunidad internacional no se entera de la situación. No debemos perder de vista que somos parte de una comunidad de naciones que ha sido solidaria con los retos que enfrenta Colombia y que en diferentes escenarios y materias requerimos de su apoyo. 

Nuestra política internacional no puede respetar los acuerdos a conveniencia. De continuar por ese camino, será un fracaso anunciado. Uno más para este gobierno y especialmente otro para los ciudadanos. 

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com

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