Réquiem por un proyecto

Dos problemas se plantea resolver el proyecto de reforma pensional que ha presentado el gobierno a consideración del Congreso: la decreciente cobertura del sistema pensional colombiano y la deuda pública por pasivos pensionales constituidos y en proceso de conformación. Ninguno de los dos problemas los resuelve realmente el proyecto gubernamental.

En cambio, el proyecto sí introduce ajustes a los parámetros pensionales con los cuales debilita la posibilidad para que un colombiano común y corriente logre obtener una pensión al final de su vida laboral activa: aumenta el número de semanas de cotización, aumenta la edad para poder pensionarse, también la tasa de cotización, y disminuye el nivel de pensión. Es decir, lo que hace el proyecto es debilitar las opciones para que la población trabajadora obligada a cotizar alcance efectivamente una pensión.

Visto paradójicamente, la única solución a que induciría el proyecto es financiera en el largo plazo, pues reduciría el gasto del sistema pensional por sustracción de materia: limitaría la cantidad de población que pueda cumplir con los requisitos y condiciones para obtener una pensión. Sólo sectores poblacionales con elevados y sostenidos niveles de ingreso, con base en los cuales pueda cumplir los elevados requisitos, accederían a la pensión.

Sin embargo, el gobierno no ha podido sustentar técnicamente que su proyecto resuelva el presunto crecimiento financiero de la deuda pensional.

En primer lugar, porque la deuda pública por pasivos pensionales no es un privilegio de los trabajadores, como la presenta el gobierno. Es resultado acumulado de manejos equivocados de los gobiernos y administraciones públicas, incluidos los actuales, que en su soberbia ejecutiva no han cumplido sostenidamente los aportes ni pago de compromisos a los regímenes pensionales respectivos, o los directivos de éstos los han despilfarrado, o usado en destinos diferentes a la constitución de reservas financieras con las que soportar los pasivos que se han venido adquiriendo.

El resultado de esa pobre idoneidad en el manejo de los recursos públicos es que al cabo del tiempo se conforman pasivos crecientes sin soporte financiero para el momento que se hacen efectivas sus reclamaciones. El proyecto coloca a la ciudadanía, en este caso a los trabajadores, como responsables y en consecuencia paganinis. Y la verdadera responsabilidad por mal manejo del recurso público, se dispersa en el pasado.

En segundo lugar, la contracción real de la cobertura del sistema pensional (que hoy no supera el 23 por ciento de los ocupados del país), problema que el proyecto no aborda en forma seria, le disminuye a todo el sistema pensional la base de recursos financieros con los que alimentar sus recaudos. Es obvio que si a un sistema basado en recursos financieros se le disminuye la base de recaudos, los balances y equilibrios del mismo se deterioran. Y el mercado laboral colombiano actual y en perspectiva, registra una flexible estructura de contratación que no permite tener una firme base de recaudos de gravámenes parafiscales, incluidos las cotizaciones para pensiones, salud, riesgos profesionales.

La dispersión de ocupaciones, de formas de empleo, trascienden la intencionalidad gubernamental de hacer universal la afiliación forzosa al sistema pensional. La realidad es más compleja que el deseo gubernamental, supuestamente social.

Por lo demás, la tendencia de las reformas a hacer más exigentes los requisitos y condiciones y disminuir los beneficios, introduce factores de desestímulo en la población, que se traducen a su vez en naturales conductas evasoras para el sistema. Esa es una forma práctica de asumir la ciudadanía un rechazo a la arbitrariedad de los propósitos consignados en proyectos como el de reforma pensional.

Por último, debe anotarse que el proyecto descarga sobre los ingresos de los trabajadores la materialización del principio de solidaridad del sistema pensional. Sobre niveles salariales mayores a cuatro salarios mínimos (SML) recae el financiamiento de un fondo para pensiones de sobrevivencia. La falacia de este componente social del proyecto radica en que tal fondo ni siquiera toca la mínima parte de los 2,5 millones de ancianos en pobreza y excluidos del sistema pensional. Y que niveles salariales mayores a cuatro SML los tienen menos del 8 por ciento de los ocupados del país; luego el recaudo de recursos con esta base es muy pobre. En cambio la riqueza del país no es tocada para propósitos loables de protección social como la tercera edad desprotegida.



*Secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)